Accesibilidad: desafío para las universidades

La educación superior en Argentina trabaja desde varios frentes para fortalecer uno de sus emblemas: la igualdad de oportunidades.

COLUMNISTAS

El incremento presupuestario para infraestructura, becas, salarios docentes e investigación y la creación de nuevas universidades fuera de los centros urbanos, entre otras, son acciones que apuntan a la equidad en el acceso. La accesibilidad es todavía un horizonte a alcanzar.

Hacer las universidades accesibles para personas con discapacidad es un desafío que la educación pública no esquiva: intenta adaptar sus estructuras a las necesidades actuales y pone el símbolo «accesible» como ineludible para los futuros proyectos educativos.

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2005) es un hito en la construcción de derechos. Allí se expresan los debates en relación con el abordaje de la discapacidad. Uno de ellos es el referido al derecho a la educación, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades en todos los niveles educativos y a lo largo de toda la vida de la persona. Si bien hace décadas que el sistema educativo ha incorporado estrategias para la inclusión, las mismas se han dirigido mayoritariamente a la educación inicial, primaria y, en menor medida, secundaria.

La posibilidad de acceder al nivel superior incide fundamentalmente en el acceso a otros derechos como el derecho al trabajo, a la participación activa en la comunidad y a la igualdad de oportunidades.

En lo que a educación superior se refiere, el trabajo sostenido de las universidades nacionales durante 20 años a través de la Comisión Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos es lo que ha permitido que en la actualidad las personas con discapacidad ejerzan su derecho a la educación superior de forma cada vez más plena. Ello no quiere decir que las personas con discapacidad no accedieran a la universidad antes de su existencia; implica el inicio de un camino de construcción de política pública al respecto.

En nuestro país, más de 1.000 estudiantes con discapacidad transitan alguna universidad pública. El dato corresponde al último relevamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, del 2012, con el objetivo de brindar equipamiento de software y hardware de accesibilidad.

Bibiana Misischia es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y representante en la comisión. Su último artículo describe el estado de situación del derecho a la educación de personas con discapacidad en general en América Latina y particularmente en Argentina, como base para la toma de decisiones en políticas públicas.

Su trabajo sobre el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior sugiere que para promover el derecho a la educación es necesario que se incluya la situación de las personas con discapacidad en las políticas educativas y en las propias de cada universidad, incorporando las herramientas de gestión adecuadas. «En este sentido, es función de la universidad no sólo prestar los apoyos y garantizar la accesibilidad de estudiantes con discapacidad, sino también formar profesionales que estén sensibilizados y desarrollen las competencias necesarias en sus respectivos campos profesionales para asegurar este derecho», explica la investigadora.

Su análisis remarca el constante empuje de los propios estudiantes con discapacidad por encima de las políticas institucionales. «Las universidades están en un proceso de constante adaptación, pero son procesos inevitablemente lentos en comparación con las necesidades inmediatas de los estudiantes, cuya lucha por sus derechos es cotidiana y sin pausa», concluye Misischia luego de entrevistarse con estudiantes con discapacidad de varias universidades de todo el país.

El fortalecimiento de la Comisión Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos implica no sólo pensar en las necesidades que tienen estudiantes actuales y venideros, sino incentivar a las personas con discapacidad a iniciar o continuar sus estudios universitarios, eliminando prejuicios instalados en relación con el ingreso y permanencia en la educación superior.

Por otro lado, aclara Misischia, es necesario que las instituciones sean gestoras de políticas de inclusión con espíritu participativo. «La UNRN en su primer año de existencia generó un mapeo del estado de situación de manera participativa con diferentes actores de la comunidad universitaria y propuso líneas de trabajo en la construcción de una política universitaria inclusiva. Actualmente existe una activa política de becas, proyectos de extensión universitaria y acompañamiento de estudiantes con discapacidad, en un trabajo conjunto entre estudiantes, docentes y miembros de la Comisión Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad de la universidad con los diferentes estamentos estatales y organizaciones de la sociedad civil», relata la investigadora.

La conclusión final de su trabajo propone transitar desde un modelo de la producción social de la discapacidad, que nos encierra e inmoviliza en la ideología, a un modelo de la utopía de la discapacidad. La utopía como resultado de la tensión entre un presente intolerable y el potencial de un futuro por crear, donde la pedagogía juega un papel político.

«Se refiere a la transición entre utopía, esperanza, política y pedagogía. Esperamos que la universidad sea protagonista en este tránsito», finaliza Misischia.

(*) Área de Comunicación de la sede andina de la UNRN

comunicacion.andina@unrn.edu.ar

Sebastián Hourçouripé (*)


Adherido a los criterios de
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Adherido a los criterios de <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Ver Planes ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora