Acceso a la información pública: transparencia cero

Norma MOrandini (*)

Desde que la política perdió racionalidad, en lugar de los debates de ideas ganaron los duelos verbales, y como en toda contienda la primera víctima es la verdad. Es lo que sucede en Córdoba, reducida la campaña electoral a la propaganda en la que el gobernador De la Sota exhibe a su gestión como el ejemplo de un “gobierno abierto y un Estado transparente”. Pero ¿qué es la transparencia en una sociedad democrática? Que la información del Estado esté al alcance y al servicio del ciudadano. Efectivamente, Córdoba cuenta con una ley, la Nº 8803, sancionada en 1999, que garantiza el “Derecho al acceso al conocimiento de los actos del Estado”. Esa norma regula el derecho a “solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna”, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública provincial, municipal y comunal, de empresas con participación estatal, del Poder Legislativo y del Judicial y otras instituciones de control del Estado provincial. Sin embargo, como senadora y ciudadana de Córdoba, jamás conseguí que me respondieran una solicitud de acceso a esa información. Un insumo fundamental para que, tanto los ciudadanos como quienes ejercemos su representación, cumplamos con la función de controlar a quien gobierna. Y sobre todo a la hora de buscar los mejores proyectos legislativos para nuestra provincia, especialmente en los temas en los que me comprometí. Tal como sucedió con la ley nacional Nº 26331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. En ese caso, indagamos sin respuesta por qué la provincia modificó la ley Nº 9814 por un decreto, el Nº 1131/12, que altera los alcances de esa norma que regula la tala de árboles y ordena nuestros bosques nativos, muchos en extinción. El decreto en cuestión fue publicado diez meses después de ser firmado, en clara contradicción del principio de transparencia que tanto se pregona. Tampoco tuvimos respuesta sobre los proyectos de ley para declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación miles de hectáreas ubicadas al norte del Área Natural Protegida “Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita” y en la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado. Tan sólo se nos remitió la copia de los proyectos que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura sin explicar por qué se afectaban tierras a figuras jurídicas inexistentes en la legislación de la provincia ni cómo se articularían con la categoría de Monumento Histórico Nacional del yacimiento del Cerro Colorado, ni de qué manera se vinculaban con la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional” aprobada por ley nacional Nº 23919, toda vez que se estaba expropiando una parte de ese Sitio Ramsar. Tampoco se respondió a pedidos relativos a modificaciones de uso del suelo que el Municipio de Villa Carlos Paz legisla sobre tierras que están fuera de su jurisdicción y dentro de la Reserva Natural para la Defensa La Calera, ni a la localización de un enterramiento sanitario de residuos sólidos urbanos en un área que la Dirección Nacional de Bosques registra como zona roja según la división de la Provincia en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Del mismo modo, no obtuvimos respuesta a las preguntas relativas a las gestiones que la Provincia realizó para atender los daños provocados por las inundaciones del pasado mes de febrero en diversas localidades de las Sierras Chicas y tampoco a las razones del diferimiento en la construcción del nudo vial para el acceso seguro al Parque Nacional Quebrada del Condorito. No se nos respondió cuando pedimos información vinculada al cumplimiento de la ley provincial Nº 9396 de adhesión a los principios y disposiciones previstas en la ley nacional Nº 26061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Tampoco se nos respondió acerca de la gestión del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y lo mismo sucedió al requerir informes sobre la implementación de la ley provincial Nº 9944 de “Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba”, en particular acerca del derecho “a ser asistido por un letrado especializado en niñez y adolescencia”. Demasiadas omisiones que oscurecen lo que se pretende mostrar transparente. Los tiempos electorales debieran ser el gran momento que tienen los ciudadanos para reflexionar sobre los temas y problemas del país. Si se cancela la pedagogía que como responsabilidad le cabe a los gobernantes, la mentira no puede ocupar el lugar de la información. Un derecho ciudadano y una obligación de los gobernantes a mostrar lo que hacen para no cometer “la falta grave” que la misma ley de acceso a la información en Córdoba califica: “El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, es considerado incurso en falta grave”. Si esto resulta grave para un ciudadano que busca acceder a la información del Estado, también es grave cuando se le niega a quienes ejercemos la representación de nuestra provincia. Por eso vale como testimonio del menosprecio a la transparencia el hecho de que en todos estos años nunca hayamos obtenido respuestas a las cuestiones que ponen en riesgo nuestra ya maltratada geografía, amenazada por las inundaciones, los incendios y la descontrolada urbanización de la especulación inmobiliaria. La información es un derecho, nunca puede ser propaganda. Sobre todo si no es verdadera, como en general suelen ser las propagandas. (*) Senadora nacional www.normamorandini.com.ar