Acusan al municipio de Bariloche de autorizar ocupaciones de tierras
Desconocidos se instalaron en la reserva fiscal del predio del emprendimiento Valle Azul y exhibieron certificados firmados por funcionarios municipales. Hay una denuncia penal.
La urbanización Valle Azul reclama que ocuparon la reserva fiscal de su predio. Archivo
El Instituto Federal de la Economía Social denunció que el municipio de Bariloche otorgó 19 certificados de “pre adjudicación” de lotes en el barrio Valle Azul y presentó una denuncia penal contra ex directivos del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas por la firma de esos documentos.
La entidad que administra la urbanización Valle Azul -que nació hace una década y todavía mantiene deudas con la municipalidad por el pago de las tierras- informó que las personas se instalaron en una reserva fiscal y que al ser interrogados manifestaron que contaban con autorización del municipio.
El caso es similar al ocurrido en el barrio Coovigast, cuyos vecinos también se quejaron públicamente ante la usurpación de una plaza por parte de gente que cuenta con aval del municipio y que provocó graves daños en la vegetación del lugar.
El presidente del Instituto, el exconcejal Mauro González, dijo que la demanda penal y civil que presentaron la semana pasada no va contra los ocupantes sino contra los expresidentes del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas Laura Zannoni y José Mella, quienes figuran como firmantes de los certificados.
Aseguró que antes buscaron llegar a algún acuerdo “de todos los modos posibles”, pero no consiguieron avances. La nota difundida ayer califica de «ocupa» al propio municipio.
Valle Azul nació de la adjudicación de tierras adquiridas por el municipio a una entidad intermediaria que vendió los lotes a particulares y que nunca terminó de pagarle al Estado. González admitió que deben todavía alrededor de un 30% y que llegaron a suscribir un convenio con Zannoni que previó la entrega de 29 lotes por parte de Valle Azul, pero que “fue desconocido por Mella” cuando asumió al frente del IMTV.
Finalmente Valle Azul propuso rescindir aquel acuerdo y la negociación por la deuda continúa abierta, dijo González.
En ese contexto, agregó, el municipio entregó 19 preadjudicaciones “que están firmadas algunas antes del convenio, otras después y algunas otras después de la rescisión”. Definió esos documentos como “papelitos que vuelan” y que conceden derechos “de modo ilegal”.
También señaló que para facilitar la instalación de esos “preadjudicatarios” el municipio desmontó una manzana completa con el uso de topadoras y que Valle Azul recibió por esos trabajos una multa de la dirección provincial de Bosques, que ahora está en trámite de embargo.
Antecedentes
Lo ocurrido en Valle Azul se asemeja a lo ya denunciado meses atrás por los vecinos del barrio Coovigast, ubicado al este de la ciudad, quienes también comprobaron que un grupo de familias se habían instalado en un predio de 4.000 metros cuadrados reservado por plano catastral como plaza pública y que en su defensa alegaron contar con permiso municipal.
También el municipio otorgó preadjudicaciones similares en un cañadón sobre el ingreso al barrio 2 de Abril, que luego se extendieron en una toma fuera de control. En los últimos días trascendió que habría en marcha un proceso similar en el barrio Quimey Hue.
González dijo que “claramente se trata de un modus operandi”. Según afirmó, hicieron propuestas para normalizar la situación y también tuvieron contactos con el intendente Gustavo Gennuso y con el nuevo presidente del IMTV, Javier Giménez, quienes no les ofrecieron ninguna solución.
El instituto que preside González, señaló que las tomas de tierra “son una de las caras más visibles y controvertidas de la necesidad de miles de vecinos que demandan acceder al derecho impostergable de tener un espacio adonde vivir dignamente” y que en el municipio “existe el recurso humano profesional, pagado por todos los barilochenses, para diseñar y ejecutar planes estratégicos de ordenamiento y desarrollo urbano”. Pero a juicio de esa organización “es evidente que no están a la altura y van a la zaga de los ciudadanos que solo demandan lo que por derecho les corresponde”.
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