Acusaron a mapuches por usurpar tierras

Tres integrantes de una comunidad mapuche de Tratayén fueron acusados ayer de delito de usurpación por una propiedad de la firma Mario Cervi e Hijos, en cercanías de Añelo. Los imputados pertenecen al lof Fvta Xayen, la misma que fue desalojada en septiembre durante un allanamiento cuya legalidad aún debe definir el Tribunal Superior de Justicia.

La Confederación Mapuche cuestionó ayer que hay una “persecución” por parte del Ministerio Público Fiscal y el gobierno hacia las comunidades.

Según la formulación de cargos realizada ayer por el fiscal, Pablo Vignaroli, los hechos en Tratayén ocurrieron el 5 de agosto cuando los acusados junto a un grupo de personas no identificadas llegaron al lugar de madrugada, rompieron una tranquera de alambres que cercaba la propiedad e invadieron el inmueble.

En la audiencia, que dirigió el juez de Garantías, Mauricio Zabala, la defensa solicitó la intervención de un intérprete en lengua mapuche, pedido que fue rechazado y que, según adelantaron los abogados Micaela Gomiz, Emmanuel Guagliardo, Mariano Mansilla y Miguel Ángel Quiruga, impugnarán en la próxima instancia.

El werken de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, cuestionó ayer el proceso y aseguró que “la fiscalía le está abriendo numerosas causas para que desfilen por los juzgados como delincuentes, cuando los verdaderos delincuentes son los que se apropiaron de tierra pública a través de métodos fraudulentos”. “La justicia está absolutamente patas para arriba”, consideró el dirigente.

Previo a la audiencia, presentaron junto a dirigentes sociales, políticos y gremiales una denuncia en fiscalía federal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, su jefe de Gabinete, Pablo Noceti y los integrantes de Gendarmería Dante Zabala, Carlos Ariel San Emetrio y Luis Héctor Lagger.

Los acusaron de haber impartido órdenes a Gendarmería para que intervenga en “territorio comunitario indígena sin la debida autorización judicial” entre el 21 y 22 de junio, en cercanías de Loma Campana. Fue durante un conflicto que mantuvieron con YPF, la que en ese momento denunció a la comunidad Campo Maripe por impedirle realizar operaciones y ocasionar pérdidas millonarias por la toma de un equipo de perforación.

“La fiscalía le está abriendo causas para que desfilen por los juzgados como delincuentes. La Justicia está patas para arriba”,

aseguró Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche.