Allanaron las oficinas de Hiparsa

El juez Ramírez Cabrera investiga una denuncia por presuntas irregularidades



VIEDMA – La justicia allanó las oficinas de Hiparsa en Sierra Grande. Durante dos horas el juez penal de Viedma Víctor Ramírez Cabrera revisó las oficinas y retiró abundante documentación.

El trámite judicial se vinculó a la denuncia penal presentada por presuntas irregularidades en la empresa que se habrían cometido durante la gestión del actual legislador electo por el radicalismo, Edgardo Corvalán.

La denuncia involucra también al directivo de la empresa Carlos Errecalde y al empresario Eduardo Gines como titular de “Turismo Minero S.A.”.

Ayer a las 17 el juez acompañado por personal policial ingresó a la sede de la empresa y pocos minutos después lo hicieron el apoderado legal de Hiparsa, Alejan-dro Pérez Pieroni, el secretario Raúl Severnio y el jefe de personal Hugo Brossy, quien recientemente firmó los telegramas de suspensión de los 50 trabajadores.

Dos horas después, Ramírez Cabrera se instaló en la sede del juzgado de Paz de Sierra Grande con la aparente intención de tomar algunas declaraciones testimoniales. Allí también se trasladaron representantes de la empresa que no accedieron a dialogar con la prensa. Sólo se pudieron observar rostros de preocupación.

La denuncia penal cuestiona que la empresa Turismo Minero se encuentra al borde de la quiebra y no puede pagar los sueldos a su personal, ocasionando además un perjuicio a “Hiparsa” atento la duración del contrato de concesión y las cuotas que se adeudarían por el canon. Según el contrato firmado en el '97 Hiparsa concesionó a “Turismo Minero” el servicio turístico de la zona por 15 años, renovable por otro período similar con un ca-non de 150.000 pesos pagaderos en cuotas hasta 10 años. También se reprochó que esta empresa bonaerense se constituyó en la misma época en que se firmó el contrato de concesión.

Se incluyó además que en diciembre del '97 se firmó un boleto de compra venta por el que Hiparsa vendió a esa empresa turística un inmueble denominado “campamento exmóvil 5” de 132.538 metros cuadrados en Sierra Grande por 75.200 pesos pagaderos en cuatro cuotas, venciendo la última de ellas en diciembre del 2005. Según las constancias aportadas esa propiedad no pertenece a Hiparsa sino al municipio de Sierra Grande, ya que cuando se traspasaron inmuebles en favor de Hipasam estaban sujetos a instalaciones industriales pero como no se cumplieron durante los 10 años concedidos esa propiedad regresó al patrimonio municipal.

Respecto de los 50 trabajadores suspendidos sin goce de haberes ayer algunos de ellos participaron de la movilización estatal y en la tarde el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, se entrevistó con el vicegobernador y el subsecretario de Trabajo a los efectos de reclamar que se revea la medida.

“No hay nada raro”, dijo Corvalán

VIEDMA – “Acá no hay absolutamente nada raro” aseguró el extitular de Hiparsa, Edgardo Corvalán.

Al responder a la denuncia penal presentada por presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la empresa, el legislador radical electo aseguró estar orgulloso de su gestión y sobre todo de haber logrado la tercerización del servicio turístico minero, el primero en la provincia que “significó que en Sierra Grande no se siga hablando de un pueblo fantasma y que se lo empiece a conocer por las riquezas que tiene”.

Añadió que esa tercerización le dio trabajo a la gente y generó movimientos en la localidad con aproximadamente las 15.000 personas anuales que la visitan.

Adjudicó la denuncia penal a enconos personales y señaló a un exguía de turismo minero y actual titular de esa área municipal, Víctor Zanardo.

“El problema de Zanardo conmigo nació cuando denuncié el vaciamiento de la empresa a Tuna SRL que luego fue vendida a Mari Mar, propiedad de Zanardo, un insolvente”, añadió Corvalán al asegurar que “están vendiendo pescado podrido de acá a pasado mañana”.

Recordó que el acta de contrato con Turismo Minero -hoy cuestionada- se firmó en presencia del gobernador.


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