Alquileres: hacia un capitalismo para todos




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Roberto Díaz*


El problema de fondo es cómo una Nación resuelve tener políticas que den respuestas al problema de acceso a la vivienda de su población, que hoy es principalmente a través del alquiler.


Hay que señalar tres ejes necesarios para abordar la problemática de los alquileres: es un problema que enfrentan los Estados nacionales de todo el mundo por el proceso de concentración de la vivienda en pocas manos, está íntimamente a ligada a la captación y sostenimiento de la rentabilidad obtenida a partir del salario de los trabajadores y trabajadoras y es un problema que se genera por la falta de regulación del Estado.

El problema global tanto en Europa como en Estados Unidos lo han resuelto fácil y sin tanto drama: congelamiento de precios en Alemania, Inglaterra, España, Francia y Nueva York. Incluso en Holanda el precio de los alquileres los señala el Gobierno. En Estados Unidos directamente se subsidió el alquiler hasta 2.000 dólares por mes. Lo mismo pasó Ecuador y El Salvador.

Es decir, se reconoció la crisis habitacional y el impacto económico de la pandemia sobre el trabajo y el salario. Y se decidió garantizar el derecho universal ante la posibilidad cierta de que cientos de miles de familias queden en la calle.

Argentina fue el primer país de la región en emitir un decreto que congela precios, extiende contratos e impide los desalojos. Una medida histórica si se tiene en cuenta que nunca ningún gobierno reguló realmente este derecho que se convirtió en un mero negocio, luego que [el exdictador Rafael] Videla y Martínez de Hoz quitaran todas las normativas que contenían los precios.

Desde 1976 en adelante se permitieron los contratos cada dos años. Cuestión que dio lugar a tener aumentos y nuevas condiciones en menor tiempo e ir perdiendo capacidad de ahorro, consumo y acceso al crédito (por imposibilidad de pago).


La nueva ley cambia la actualización, la duración, garantías y renovación de contratos; exige declararlos en AFIP y la intermediación de un profesional. Fija mecanismos de mediación y arbitraje.


Luego de 36 años sin regulación, el salario que se destina al pago del alquiler es del 51% promedio. En 1945 era del 4%; en 1973 del 25%. La estrategia del mercado desregulado fue captar su rentabilidad de los aumentos salariales. Y fue tal el negocio que en los últimos diez años tenemos menos propietarios y más inquilinos. En definitiva, se fue expulsando al ciudadano de la posibilidad de acceder a una vivienda, porque el “boom inmobiliario” permitió que hoy muy pocos puedan acceder a un hogar con precios dolarizados (medida de Domingo Cavallo) y salarios en pesos.

Es decir, el modelo de negocio fue presionando salarios y dejando afuera de la posibilidad de consumo a vastos sectores de la población. En este esquema es imposible que los Estados puedan brindar aumentos salariales que rindan a sus ciudadanos para poder dejar de ser inquilinos.

El problema de fondo es cómo una Nación resuelve tener políticas que den respuestas al problema de acceso a la vivienda de su población, que hoy es principalmente a través del alquiler.

Por eso es fundamental que se generen las normativas adecuadas que permitan regular precios y controlar su cumplimiento. La nueva Ley de Alquileres apunta a eso, si bien el mercado inmobiliario ha tenido la estrategia de aumentar los precios por la imposibilidad de aumentar de manera unilateral de aquí en adelante, también saben que los salarios no tienen mucho más resto. Y menos en una economía de “guerra”, como la que tenemos desde la pandemia.

En Río Negro deberemos pensar cómo garantizamos que los 145.000 inquilinos e inquilinas tengan un techo, visualizando que las temporadas turísticas no serán fáciles, así como tampoco la reactivación de la fruticultura, o el resto de los empleos que dependen del movimiento económico.

Esta crisis ha traído la oportunidad de pensar qué modelo de Estado y Nación queremos tener hacia el futuro. Y dentro de ello qué derechos son esenciales cuidar, para que nadie se quede afuera de una vida digna.

*Presidente de la Unión de Inquilinos de la Provincia de Río Negro (UIRN) y secretario de Organización de la Federación de Inquilinos Nacional


Los pasos que aún restan en Río Negro

La nueva ley nacional de alquileres N° 27551 trae aparejados importantes cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación, y ya está vigente. Sin embargo, para que se aplique en Río Negro restan pasos importantes para que pueda adherir el Estado provincial.

La Provincia debe constituir un organismo de verificación, readecuar normas en materia impositiva, honorarios y comisiones sobre el total de un determinado contrato. Los inquilinos pedirán a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, que se extienda el decreto nacional N° 320 hasta marzo de 2021, que vence en octubre, congela los precios, impide los desalojos y extiende contratos en forma automática, en el marco de la pandemia.

La Encuesta Nacional de julio entre inquilinos reveló que el 31.1% no podrá afrontar el pago de la cuota de julio. El endeudamiento en Río Negro alcanza al 40% de los encuestados.


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