Aníbal Fernández: «Es gente mía»

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, admitió que los funcionarios desplazados por Pablo Lanusse en Santiago del Estero están alineados políticamente con él, pero ratificó que a pesar de esa decisión continuará «colaborando» con el interventor federal.

Mientras tanto, en Santiago del Estero un fiscal solicitó la imputación de los delitos de «extorsión y coacción agravada» a los funcionarios removidos por el interventor Lanusse por la presunta «exigencia de fondos de coparticipación y obras públicas para financiar campañas políticas».

Los funcionarios desplazados denunciaron ser víctimas de «una persecución ideológica».

«Son gente mía», confirmó Aníbal Fernández en referencia a tres ex funcionarios de la Intervención federal desplazados a través de un decreto emitido por Lanusse.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno, Fernández señaló, de todos modos: «nosotros fuimos a colaborar con él y seguimos haciéndolo, porque es un hombre de la administración federal».

«Por alguna razón entendió que había funcionarios que separar y nosotros entendimos que debíamos dejarle las manos libres para que pusiera otra gente que trabajara también de la misma manera que nosotros, colaborando con la intervención», dijo el ministro.

Fernández se refirió así a la decisión de Lanusse de echar por decreto al subsecretario Guido Lorenzino Matta; al director de Municipalidades, Carlos Daniel Gianella, y el asesor Carlos Uslenghi Figueroa.

Por su parte, el fiscal Gonzalo Rietti, quien pidió ayer la imputación de los ex funcionarios, señaló que «hay suficientes indicios» para avanzar sobre una investigación contra los dirigentes acusados de «extorsión y coacción agravada».

Rietti presentó los pedidos de imputación al juez Rafael Zanni, ante una denuncia de seis comisionados municipales elevada a la Oficina Anticorrupción de Santiago del Estero.

Lanusse dispuso el desplazamiento de los ahora ex colaboradores a partir de que les atribuyó haber concurrido a una reunión política con comisionados municipales, lo cual está prohibido por ley para los funcionarios.

Según informaciones periodísticas, los motivos reales de la decisión de Lanusse serían que un sector del justicialismo provincial, alineado con el diputado Fernando Salim, acusó a los ex funcionarios de interferir en el proceso político local e impulsar la candidatura de un kirchnerista, Osvaldo Ríos Olivero.

Con la renuncia indeclinable del ministro de Gobierno se desató una crisis en la intervención federal que derivó en un cruce de denuncias entre miembros del Gabinete de Lanusse, intendentes y comisionados.

Gianella y Lorenzino Maza, dos de los funcionarios desplazados por Lanusse denunciaron que fueron víctimas de una «persecución ideológica» y anunciaron que presentarán una querella contra comisionados municipales.

Los ex funcionarios aseguraron que su salida del gobierno fue decidida por Lanusse tras recibir «un fax del intendente de Selva», Enrique Bertolino, opositor en la interna peronista a Osvaldo Olivero, que aseguraba que ellos se habían reunido con este último y otros comisionados municipales para acordar el apoyo al postulante a la gobernación. Además, aseguraron que el interventor «mandó a buscar con personal de Gendarmería Nacional» a los comisionados para que declaren en la Oficina Anticorrupción «como en el peor período de la dictadura militar». (DyN y Télam)