Apelarán sentencia que avaló acuerdo por tierras fiscales

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Agrimensores de esta ciudad apelarán la sentencia de la Cámara Civil que legitimó la contratación directa del Colegio Profesional de Río Negro para la mensura y posterior regularización de las tierras fiscales de la provincia.

El agrimensor Julio Posse confirmó a «Río Negro» la decisión de sus pares de objetar la decisión del tribunal, al tiempo que formuló duros cuestionamientos contra los magistrados que lo integran.

«Ya antes de conocer la sentencia temía que la presión ejercida por (el gobernador Miguel) Saiz hiciera flaquear la convicción de los jueces», planteó en alusión a la influencia que habrían sufrido los magistrados Horacio Osorio -que fundamentó el fallo- y Luis Escardó -que lo acompañó con su voto.

La semana pasada la Cámara Civil de Apelaciones rechazó la impugnación promovida por una docena de agrimensores de esta ciudad que cuestionó la contratación directa de sus pares de Viedma y la legitimidad de la entidad profesional. Los profesionales de Bariloche denunciaron la omisión de recaudos procedimentales instituidos por la Constitución Provincial y la ley de Contabilidad y Contrataciones.

El convenio, paralizado a mediados de 2005 por la presentación judicial, encomendaba al Colegio de Agrimensores de Río Negro la selección de los profesionales para la realización del relevamiento, mensura y regularización dominial de los 5.000.000 de hectáreas fiscales de la provincia.

Entre los principales fundamentos de la sentencia, Osorio destacó que no hubo una afectación a los denunciantes por ser integrantes del cuestionado Colegio y que no existió una contratación directa sino un «encargo» a la institución para que seleccione a los profesionales que realizarían la tarea.

«Es falso»

Indignado, Posse sostuvo que «es falso lo que afirma Osorio sobre la integración del Colegio» y que durante la audiencia conciliatoria le hizo notar al juez que los listados presentados por la institución de Viedma no contaban con las firmas respaldatorias de los profesionales locales. «Hay falsedad ideológica en ese instrumento que es más grave si la acompaña un juez», advirtió.

En relación al convenio, evaluó que la provincia le otorgó al colegio la facultad de «subcontratar en forma directa» en lugar de llamar a un concurso abierto.

También denunció que el cuestionado convenio contempla «un retorno» del 20% sobre los honorarios de cada agrimensor contratado para el trabajo que se reparte entre el Colegio (3,5%) y el inspector designado por el gobierno (16,5%).

El agrimensor vinculó el cuestionado convenio con la contratación directa del Colegio para el revaluó fiscal que, a su entender, se hizo mal. «El revalúo se hizo con (consultas a) las inmobiliarias y el ABC, el Colegio estafó a la provincia, porque el trabajo está mal hecho y estamos viendo las consecuencias, y a los contribuyentes porque los perjudicó injustamente», explicó Posse.

«Nosotros vemos con preocupación el aval que la justicia le dio a este contrato y nos preguntamos qué viene ahora: la ley Sartor que va a dar via libre al `club de negocios de los amigos del poder´», concluyó el agrimensor