Aportes “voluntarios” en Roca: reprochan la doble vara de fiscales

“Pareciera que para el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Río Negro los sobresueldos de algunos funcionarios radicales (hoy condenados) eran “prolijos pero ilegales”, mientras que los de Martín Ignacio son “desprolijos pero legales””.

Ese es uno de los párrafos del escrito presentado el jueves ante la Justicia provincial, para que se revoque la decisión tomada el lunes pasado por la fiscal de Roca, Julieta Villa, quien desestimó la denuncia contra el exintendente de Roca, Martín Soria, por el presunto cobro de sumas adicionales a su sueldo en forma ilegal.

El recurso lleva la firma del abogado Nicolás Suárez Colman y cuestiona con numerosos argumentos la decisión de la titular de la Unidad Fiscal Temática 5 de Roca, que recibió las acusaciones el 28 de marzo del año pasado y concluyó luego de 19 meses que no tenía elementos para encuadrar las acciones dentro de una figura típica penal.

Villa dio crédito a las declaraciones de más de 30 funcionarios del gabinete de Soria, que declararon haber hecho un “aporte voluntario” para el “proyecto político” que encabezaba el intendente, aceptando el descuento del 6% de sus sueldos.

La apelación pone bajo tensión las conclusiones de la fiscal, destacando que esas manifestaciones de conformidad no eximen en absoluto al exintendente y a los colaboradores denunciados de su responsabilidad en una acción ilegal, porque al realizarse los descuentos antes del depósito de los salarios, lo que hicieron fue apropiarse de fondos públicos.

En síntesis, el escrito plantea que no existe posibilidad real de resignar una parte de los ingresos cuando esos recursos jamás ingresaron al patrimonio de los colaboradores de Soria.

Por otra parte, se cuestiona la entidad asignada por Villa al “proyecto político” del exmandatario, cuando no aparece ninguna constancia formal que acredite una figura jurídica reconocida por el Estado para recibir dinero.

“Este “proyecto” que no es más que un velo para encubrir Martín I. utilizaba el dinero de manera discrecional y sin someterse a las más elementales reglas que obligan a que las personas públicas rindan cuentas de sus actos”, expresa la apelación.

“La maniobra sería similar a la denunciada por el propio Martín I. en la famosa “causa de los sobresueldos” que culminó con la condena por peculado de varios ministros y funcionarios del gobierno radical. Las diferencias, sin embargo, estarían en que la operatoria desplegada durante el gobierno de Saiz no era clandestina, sino que existía un reglamento y expediente que recorrían un circuito administrativo y de control previo a los pagos. En este caso, la maniobra fue en secreto y por fuera de cualquier registro de la contabilidad municipal, entregando dinero en efectivo y en mano al propio Intendente Soria”, agrega el escrito para resaltar las contradicciones del Ministerio Público Fiscal en las dos causas.

Por otra parte, se destaca que a nadie de la Justicia parece haberle llamado la atención que la “desprolija” operatoria en el Municipio de Roca fue en realidad “una mayúscula evasión fiscal, pues el Intendente percibía esas fuertes sumas completamente en negro”.

“Ni siquiera se preocuparon por darle apariencia de legalidad. Todo se hacía de forma clandestina”, se resaltó.

La apelación también reprocha que la fiscal se “rindiera” ante las explicaciones de Soria y sus colaboradores, sin cuestionar siquiera que el letrado Santiago Silva intervino en el caso como abogado de unos de los imputados (Martín Soria) y en simultáneo contestó informes en su carácter de director de Asuntos Jurídicos y Técnicos de la Municipalidad.

Esa misma contradicción se marcó sobre la expresidenta del Tribunal de Cuentas, Marta Pellegrini. “Es difícil no conmocionar cuando se explicita que quienes debían controlar al intendente aseveran que aportaban a su proyecto político personal. ¿Conoce la fiscal qué es el Tribunal de Cuentas? ¿Conoce qué es lo que dice la Carta Orgánica Municipal respecto de las competencias e independencia qué debe tener el Tribunal de Cuentas?”, pregunta finalmente el denunciante.

Por eso también se cuestionó que la fiscal ponderara en su decreto de desestimación un informe del Tribunal de Cuentas, cuando todos sus integrantes estaban acusados como partícipes del delito denunciado.