Apoyo pleno a la prohibición del uso del radar

VIEDMA (AV)- Los intereses de los poderes Ejecutivo y Legislativo se entrecruzaron ayer luego de que fuera aprobada en primera vuelta una iniciativa que prohíbe parcialmente el uso del radar en las rutas como control de velocidad. Los parlamentarios coincidieron en que vulnera el derecho de defensa de los presuntos infractores.

El proyecto recibió pleno consenso durante la última sesión legislativa para vedar la posibilidad de multar en la modalidad sin detención del vehículo. El impulsor de la modificación, Roberto Medvedev de la Alianza, destacó que la normativa persigue como objetivo «invalidar las infracciones a la Ley de Tránsito que se acreditan a través de sistemas automáticos colocados en forma estratégica en las rutas de la provincia, sin que el conductor se entere fehacientemente de que fue fotografiado».

Subrayó que el sistema no genera una toma de conciencia de los conductores por el riesgo de la velocidad, sino que vulnera los principios procesales previstas en la Ley Provincial de Tránsito, expresando luego su desacuerdo respecto a que sea una empresa privada la concesionaria porque para recaudar «tiene que labrar infracciones y cuanto más sean, mayor será la recaudación».

Desde la oposición, el peronista Oscar Díaz adelantó su voto positivo aludiendo a varias denuncias hechas por automovilistas sobre el presunto mal funcionamiento de los radares.

También afirmó que «para lo único que sirven los radares es para sacarle más dinero del bolsillo a la gente y aumentar el mal humor de los rionegrinos». En términos similares se pronunció su par de bancada, Silvia Jañez.

El secretario de Seguridad, Rolando Martín, se mostró sorprendido por el avance legislativo sosteniendo que «no queremos tener discrepancias pero la cuestión será tratada en el Consejo de Seguridad Vial». Si bien no lo mencionó dio a entender que el Ejecutivo tenía como alternativa vetar la ley.

El funcionario afirmó a «Río Negro» que esta prohibición legislativa genera «controversias» con la opinión emitida en su momento por el área a su cargo y la Jefatura de Policía resaltando que «el derecho de defensa del presunto infractor se encuentra plenamente garantizado».

Basándose en el rechazo al proyecto enviado en su momento a la Comisión de la Asuntos Constitucionales de la Legislatura, Martín consideró que el lapso que media entre la constatación de la infracción y la recepción en el domicilio, ronda entre los 20 y 30 días hábiles como máximo y nunca los 60 días.

Destacó que el Consejo Federal de Seguridad Vial considera fundamental el uso de radares para controlar la velocidad con procedimientos claros que garantice plenamente la defensa del infractor, considerando «infundada» la obligatoriedad de la presentación personal del infractor para realizar el descargo y que el policía de control no estuvo presente en la captación de la fotografía.