Arduo debate en el plenarios de comisiones para modificar el Ministerio Público Fiscal

El oficialismo busca variar algunos puntos para conseguir la aprobación en Diputados. En ese caso volverá al Senado.

El oficialismo intentará aprobar hoy las modificaciones en el proyecto de la Ley de Procuración con el objetivo de conseguir el visto bueno en la Cámara de Diputados.

Antes, los cambios deberán quedar formalizados en la firma del dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. El plenario comenzó pasadas las 20.

El ministro de Justicia, Martín Soria, avaló las alteraciones al proyecto que hace 6 meses fue aprobado en el Senado. Si pasa Diputados, debido a los cambios, deberá regresar a la Cámara Alta.

La mayoría de los legisladores de la oposición aseguraron que las modificaciones no son suficientes. Los rasgos principales se mantienen igual, con la reducción del mandato del procurador general a cinco años y su elección a partir de la mayoría absoluta en vez de dos tercios. Tampoco será necesario un juicio político para removerlo.

«El mandato de cinco años del procurador general, con posibilidad de renovarse por igual término, por otros cinco años, es un buen equilibrio», señaló Soria semanas atrás.

Uno de los aspectos que sí se modificará es que se le restará poder a la comisión Bicameral del Ministerio Público Fiscal del Congreso.

En el inicio del debate, la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, señaló que «este dictamen está atravesado por un fuerte contenido en materia de perspectiva de género, fruto de la reunión que muchas fiscalas tuvieron con el ministro (de Justicia, Martín) Soria.

Por Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Mena, fijó la postura de ese espacio: «Vamos a rechazar absolutamente este proyecto que viene del Senado , porque lo consideramos abiertamente contario a la Constitución».

«Este es un debate que viene desde el inicio de la Nación misma, que es si ubicar al Ministerio Público en la órbita del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, que se disipó en la reforma constitucional de 1994 ubicándolo como un órgano con independencia y autonomía, que son las características que desconoce este proyecto», añadió.


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