Procuración: acelera el oficialismo la reforma en Diputados y hay alerta

Aún necesita 4 o 5 votos para imponer su proyecto de Ministerio Público Fiscal, que avanza sobre el procurador interino, Eduardo Casal. El juez Rafecas, original candidato del gobierno, no acepta si se cambian las mayorías. Dura advertencia de la oposición.

El oficialismo imprimió velocidad a su proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal y tiene expectativas de que Diputados esta vez lo apruebe, como lo hizo el Senado en noviembre pasado.


Con ese objetivo, el gobierno prometió cambios y el propio ministro de Justicia, el roquense Martín Soria, acercó posiciones con legisladores aliados. No obstante, aún necesita cuatro o cinco votos . Hoy se debatirá el proyecto en comisión. El Frente de Todos tendría las firmas suficientes para emitir el dictamen, pero el principal desafío es reunir los 129 presentes para alcanzar el quórum que habilite la sesión.


La iniciativa cambia la forma de nombrar al procurador y su duración en el cargo. Flexibiliza las mayorías para elegir al procurador general. No son pocos los fiscales que advirtieron que las reformas ponen en riesgo su estabilidad, sobre todo aquellos que impulsan investigaciones de corrupción.


Juntos por el Cambio, reunido antenoche de urgencia frente a este avance, consideró que el kirchnerismo “busca garantizar la impunidad” e incluso condicionó el acuerdo que había dado a los cambios del calendario electoral (PASO y generales legislativas) en el marco de la pandemia.


El procurador interino Eduardo Casal –el funcionario que el oficialismo quiere apartar tras la reforma de los fiscales– insistió en que no piensa renunciar: “Yo estoy acá porque me lo manda la ley y el lugar lo tiene que ocupar la política”, son las expresiones que recogió ayer el sitio Infobae.

“Si se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al procurador, eso será para mí un limite ético insuperable”.

Daniel Rafecas, juez federal y candidato del gobierno a procurador general


Casal asumió en octubre de 2017 cuando renunció como jefa de la fiscales Alejandra Gils Carbó. Llegó a ese puesto porque la ley del Ministerio Público Fiscal establece que ante la licencia o renuncia del titular quien asume es el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia más antiguo en el cargo (es el caso de Casal, que ahora es blanco de duras críticas y de denuncias del oficialismo por “enriquecimiento ilícito”).


Para nombrar a un jefe de los fiscales se necesitan dos tercios de los votos del Senado, número que el oficialismo no tiene aún.


El procurador puede dictaminar en los casos que resuelve la Corte y presidir el proceso de selección de los nuevos fiscales.

Ayer, en su cuenta de Instagram, el juez federal Daniel Rafecas (que el gobierno propuso para el cargo de procurador general, ratificó que no está dispuesto a asumir el cargo”, si se insistiese en cambiar la mayoría.

Los principales cambios que pretende el gobierno

Básicamente, el proyecto oficial de Reforma del Ministerio Público Fiscal:
Flexibiliza la mayoría necesaria en el Senado para elegir al nuevo procurador general de la Nación, pues elimina los dos tercios de los votos requeridos para que el Senado dé su acuerdo al candidato elegido por el Presidente. Si se aprueban los cambios, alcanzará con reunir la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara alta. Se trata de un número accesible para el oficialismo, que no tiene hoy los dos tercios.


Limita el mandato del jefe de los fiscales a cinco años, con posibilidad de una reelección en el cargo por cinco años más. La ley actual no establece un tiempo de duración en el cargo.

Flexibiliza el trámite para remover al procurador. Ya no exige un juicio político como pasa con la Corte.


Modifica el Tribunal de Enjuiciamiento, que es el órgano encargado de sancionar a los fiscales.


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