ARSA debe instalar agua potable en Mallín Ahogado

ORDEN JUDICIAL

Vecinos de Mallín Ahogado, en El Bolsón, lograron el aval judicial para su reclamo por el acceso de agua para consumo humano y fines agrícolas.

El juez en lo Civil y Comecial de Bariloche Cristian Tau Anzoátegui hizo lugar a recurso de amparo presentado por los pobladores y ordenó al Departamento Provincial de Aguas y a la empresa estatal Aguas Rionegrinas S. A, a brindar una solución a la problemática y que se garantice el acceso al agua apta para el uso personal, doméstico y fines agrícolas, bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a sede penal, y de fijar una multa diaria de 1.000 pesos por cada día de demora.

Los amparistas señalaron que llevan más de 11 años en un predio de la zona rural donde viven y producen sus alimentos.

Según indicaron en la presentación judicial, las familias señalaron que en reiteradas oportunidades acudieron al DPA para solicitar el uso del canal público secundario, que le fue negado de manera verbal.

También 4 años atrás solicitaron a un vecino autorización para la colocación de una manguera en el tramo del canal que pasa por su chacra, solucionando de esa forma el acceso al agua por caída, para riego, potabilización y uso doméstico de unas diez familias. Destacaron que ese es el único medio de acceso al agua porque no cuentan con red de agua potable.

En el expediente judicial ARSA respondió que no tiene red de agua potable en Mallín Ahogado y DPA advirtió que solo era un ente de control y que la zona estaba incluida en la concesión de la empresa estatal.

El ente de control dijo además que la captación de agua del canal de riego no es apta para el consumo humano, por su condición de agua cruda sin tratamiento de potabilización.

El juez Tau Anzoátegui señaló que “el derecho al agua está íntimamente relacionado con los derechos a la vida, a la dignidad humana, a la vivienda y una alimentación adecuadas” y aunque la Justicia advierte que las cuestiones de política económica y social son privativas de otros poderes, hizo lugar por excepción al planteo.

El magistrado enfatizó que tanto el DPA como ARSA “tienen el deber de garantizar a las amparistas el efectivo derecho de acceso sostenible al agua, acorde a sus necesidades, y en definitiva a la salud e integridad física”.

DeBariloche