Un mensaje letal

Por Redacción

Ya estamos acostumbrados a que voceros oficiales critiquen a jueces cuyos fallos no les gustan, pero la reacción airada del ministro del Interior, Florencio Randazzo, frente a la decisión de un juez de Faltas de la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita de eximir de multas a dos motociclistas que se negaron a usar el casco, no tuvo nada que ver con los intereses políticos del gobierno. Como señaló Randazzo, reivindicar el derecho del individuo a prescindir del casco o, en el caso de los automovilistas, del cinturón de seguridad, equivale a estar “a favor de la muerte”. Lo es porque tanto los motociclistas como los automovilistas, sobre todo si se trata de jóvenes, suelen adaptar su conducta a lo que creen son las normas sociales imperantes: siempre ha llamado la atención el hecho de que personas que hacen gala de su irresponsabilidad y su desprecio por las reglas de tránsito en nuestro país obedezcan sin chistar las normas cuando están en Estados Unidos o Europa. Sin embargo, hasta ahora han fracasado los intentos de funcionarios y de los integrantes de organizaciones no gubernamentales de “importar” las modalidades culturales así supuestas. Parecería que, por razones no muy claras, abundan los convencidos de que el derecho a violar sistemáticamente las normas de tránsito forma una parte irrenunciable de la identidad nacional. De consolidarse la idea de que los únicos que insisten en que todos deberían usar cascos o cinturones de seguridad son autoritarios anticuados, muchos más se mofarán de las advertencias y muchos más morirán en consecuencia. ¿Es lo que quería el juez municipal Ricardo Gigena, el autor de un fallo que ha tenido una fuerte repercusión en todo el país? Es de suponer que no, pero la verdad es que sorprendería que su actitud no contribuyera a provocar más muertes. En decenas de miles de hogares se debate en torno al pro y el contra de tomar en serio los esfuerzos por obligar a todos a respetar las ordenanzas municipales y las leyes de tránsito tanto provinciales como nacionales. Merced a Gigena, en adelante será aún más difícil para los mayores preocupados por los peligros que enfrentan los motociclistas convencer a sus hijos de que la cultura de la irresponsabilidad es la cultura de la muerte y que es insensato resistirse a tomar ciertas precauciones mínimas. En opinión de Gigena, cada uno tiene derecho a arriesgar la vida propia porque no afecta a terceros. ¿No se vería afectado el conductor de un vehículo si choca contra un motociclista sin casco que muere a causa de las lesiones? ¿Los familiares de la víctima no se sentirían afectados porque, al fin y al cabo, tenía derecho a matarse? ¿No son afectados los hospitales públicos que, debido a la cantidad creciente de accidentados, apenas pueden dar abasto? ¿Y qué decir de los menores, algunos de muy corta edad, que tantos padres llevan consigo en motos recién adquiridas sin preocuparse en absoluto por su seguridad? Según el Ministerio de Justicia, está en marcha un operativo destinado a facilitar el registro de más de los dos millones de motos usadas que están en situación irregular, lo que es una forma de recordarnos que en los años últimos se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de motos en el país y con ellas la de los accidentes fatales, muchos atribuibles a la negativa a llevar casco. Aunque es sin duda positivo que muchísimas personas hayan podido proveerse de un medio de transporte relativamente barato, demasiadas no parecen entender que quienes viajan sobre motos corren muchos más riesgos que los automovilistas y que por lo tanto deberían cuidarse mucho más. Si bien llevar casco no elimina todos los peligros, por lo menos sirve para reducirlos. Conforme a los especialistas, el riesgo de lesiones cerebrales se reduce el 67% si el accidentado usa casco y el de muerte es un 36% menor. Las estadísticas relacionadas con el uso del cinturón de seguridad en el caso de los automovilistas son igualmente lapidarias. Se justifican plenamente, pues, las campañas tanto oficiales como privadas que se han emprendido con el objetivo de obligar a todos a respetar ciertas reglas básicas, a pesar de la oposición de los que, como el juez Gigena, preferirían dejar todo al libre albedrío de quienes transitan por nuestras calles y rutas.


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