Llega el ajuste
Todo mandatario sabe que si se dedica a aumentar los salarios de los empleados estatales, repartir subsidios entre los necesitados y convalidar “conquistas sociales” sectoriales será considerado una persona buena y progresista que está plenamente comprometida con la justicia social. Puede entenderse, pues, la resistencia a dejar de hacerlo o, peor, a procurar reducir el gasto público, de quienes tienen la mala suerte de estar en el poder cuando la fiesta ya ha terminado. Como los episodios violentos en Santa Cruz que obligaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a postergar su viaje a Río Gallegos acaban de recordarles, cualquier intento de privar a estatales de lo que suponen son derechos definitivamente adquiridos será tomado por una provocación intolerable por quienes tienen motivos para temer verse perjudicados por los cortes. Sin embargo, cuanto más demoren los gobernantes a reducir el gasto, más traumáticas serán las consecuencias cuando finalmente se encuentran forzados a hacerlo y más contundente será la reacción de los afectados. Puesto que son muchas las provincias en las que será necesario llevar a cabo ajustes severos, es de prever que pronto se producirán más estallidos como el que hizo del centro de Río Gallegos el escenario de una auténtica batalla campal y que provocó el virtual colapso del gobierno de Daniel Peralta que se vio abandonado a su suerte por la gente de La Cámpora que, claro está, no quiere pagar nada por los platos rotos. Por cierto, sorprendería mucho que los habitualmente combativos estatales rionegrinos se negaran a solidarizarse con los despedidos a causa de la ley de Emergencia Institucional Económica, Financiera, Administrativa y Social que se ha promulgado para hacer frente a una crisis imputable a la irresponsabilidad crasa de la gestión radical. También están preparándose para un año sumamente conflictivo las autoridades de las provincias de Neuquén, Jujuy, Mendoza, Córdoba y, desde luego, Buenos Aires, donde el gobernador Daniel Scioli está en la mira de los kirchneristas más agresivos, mientras que en la Capital Federal el “redireccionamiento de subsidios” está por reducir drásticamente el poder de compra de porteños acostumbrados a abonar tarifas irrisorias para el gas y electricidad que consumen. Aunque la presidenta Cristina, el ahora vicepresidente Amado Boudou y otros voceros gubernamentales ya han comenzado a atribuir los problemas económicos que están multiplicándose a lo que está sucediendo en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, las declaraciones oficiales en tal sentido no son nada convincentes. La mayoría no puede sino entender que, como en tantas otras oportunidades, el gobierno nacional apostó a que los buenos tiempos se perpetuarían, de suerte que no tendría que preocuparse por el futuro, motivo por el que aumentó de manera explosiva el gasto público, alimentando así el boom de consumo que tanto contribuyó a su popularidad. Por lo demás, cometió el error estratégico de afirmar una y otra vez que nunca jamás se le ocurriría ajustar, con el resultado que no puede reclamar más disciplina con alusiones a los sentimientos patrióticos de la mayoría como están haciendo los mandatarios de países como España, Italia, Grecia y Portugal, ya que el “ajuste” no tiene cabida en el relato triunfalista del kirchnerismo. Mal que nos pese, la historia económica de la Argentina ha consistido en una sucesión de períodos de auge que terminaron abruptamente. Muchos gobiernos, incluyendo a los encabezados por Juan Domingo Perón, Carlos Menem y los Kirchner, consiguieron convencerse de que por fin contaban con un “modelo” que garantizaría el crecimiento rápido sostenible. Todos los “modelos” de antes terminaron mal, y no existe razón alguna para suponer que el reivindicado con tanta pasión por Cristina resulte ser una excepción a esta regla deprimente. Por el contrario, al aprovechar una etapa de vacas engordadas por los precios altos de las exportaciones agrícolas y también por la voluntad oficial de aprovechar todas las fuentes de financiamiento a su alcance, como las aportadas por los fondos jubilatorios privados y el Banco Central, el gobierno ha creado una situación que amenaza con írsele de las manos en cualquier momento.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 945.035 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Lunes 2 de enero de 2012
Todo mandatario sabe que si se dedica a aumentar los salarios de los empleados estatales, repartir subsidios entre los necesitados y convalidar “conquistas sociales” sectoriales será considerado una persona buena y progresista que está plenamente comprometida con la justicia social. Puede entenderse, pues, la resistencia a dejar de hacerlo o, peor, a procurar reducir el gasto público, de quienes tienen la mala suerte de estar en el poder cuando la fiesta ya ha terminado. Como los episodios violentos en Santa Cruz que obligaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a postergar su viaje a Río Gallegos acaban de recordarles, cualquier intento de privar a estatales de lo que suponen son derechos definitivamente adquiridos será tomado por una provocación intolerable por quienes tienen motivos para temer verse perjudicados por los cortes. Sin embargo, cuanto más demoren los gobernantes a reducir el gasto, más traumáticas serán las consecuencias cuando finalmente se encuentran forzados a hacerlo y más contundente será la reacción de los afectados. Puesto que son muchas las provincias en las que será necesario llevar a cabo ajustes severos, es de prever que pronto se producirán más estallidos como el que hizo del centro de Río Gallegos el escenario de una auténtica batalla campal y que provocó el virtual colapso del gobierno de Daniel Peralta que se vio abandonado a su suerte por la gente de La Cámpora que, claro está, no quiere pagar nada por los platos rotos. Por cierto, sorprendería mucho que los habitualmente combativos estatales rionegrinos se negaran a solidarizarse con los despedidos a causa de la ley de Emergencia Institucional Económica, Financiera, Administrativa y Social que se ha promulgado para hacer frente a una crisis imputable a la irresponsabilidad crasa de la gestión radical. También están preparándose para un año sumamente conflictivo las autoridades de las provincias de Neuquén, Jujuy, Mendoza, Córdoba y, desde luego, Buenos Aires, donde el gobernador Daniel Scioli está en la mira de los kirchneristas más agresivos, mientras que en la Capital Federal el “redireccionamiento de subsidios” está por reducir drásticamente el poder de compra de porteños acostumbrados a abonar tarifas irrisorias para el gas y electricidad que consumen. Aunque la presidenta Cristina, el ahora vicepresidente Amado Boudou y otros voceros gubernamentales ya han comenzado a atribuir los problemas económicos que están multiplicándose a lo que está sucediendo en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, las declaraciones oficiales en tal sentido no son nada convincentes. La mayoría no puede sino entender que, como en tantas otras oportunidades, el gobierno nacional apostó a que los buenos tiempos se perpetuarían, de suerte que no tendría que preocuparse por el futuro, motivo por el que aumentó de manera explosiva el gasto público, alimentando así el boom de consumo que tanto contribuyó a su popularidad. Por lo demás, cometió el error estratégico de afirmar una y otra vez que nunca jamás se le ocurriría ajustar, con el resultado que no puede reclamar más disciplina con alusiones a los sentimientos patrióticos de la mayoría como están haciendo los mandatarios de países como España, Italia, Grecia y Portugal, ya que el “ajuste” no tiene cabida en el relato triunfalista del kirchnerismo. Mal que nos pese, la historia económica de la Argentina ha consistido en una sucesión de períodos de auge que terminaron abruptamente. Muchos gobiernos, incluyendo a los encabezados por Juan Domingo Perón, Carlos Menem y los Kirchner, consiguieron convencerse de que por fin contaban con un “modelo” que garantizaría el crecimiento rápido sostenible. Todos los “modelos” de antes terminaron mal, y no existe razón alguna para suponer que el reivindicado con tanta pasión por Cristina resulte ser una excepción a esta regla deprimente. Por el contrario, al aprovechar una etapa de vacas engordadas por los precios altos de las exportaciones agrícolas y también por la voluntad oficial de aprovechar todas las fuentes de financiamiento a su alcance, como las aportadas por los fondos jubilatorios privados y el Banco Central, el gobierno ha creado una situación que amenaza con írsele de las manos en cualquier momento.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
