Aumenta la tensión entre Argentina y Uruguay
Cancillería envió un duro pedido a Montevideo que el país vecino desechó. Ahora investigará el caso la Justicia local.
La Cancillería argentina reclamó a Uruguay que facilite el procedimiento para que el exembajador de ese país ante Buenos Aires Francisco Bustillo comparezca ante la justicia nacional, en el marco del escándalo por presuntos hechos de corrupción en torno al dragado del canal Martín García. Como respuesta a este pedido, ayer trascendió que el gobierno del país vecino enviará a la justicia el caso, lo que bloquearía el pedido argentino. La Cancillería exigió a Montevideo que “suspenda la inmunidad diplomática” de Bustillo en una causa de 2007 por la presunta importación indebida de automóviles extranjeros con una franquicia con la que se beneficia a legaciones extranjeras. “Con el objetivo de aclarar cualquier hecho incorrecto relacionado con el (dragado del) Canal Martín García, Argentina reitera su pedido de que Uruguay responda afirmativamente el exhorto de la Justicia argentina, recibido en Uruguay el 4 de julio, solicitando la comparecencia del embajador Bustillo”, planteó esta noche el Palacio San Martín. En un comunicado, la cartera a cargo de Héctor Timerman pidió que Bustillo comparezca “para declarar sobre las informaciones de prensa que lo involucran en supuestos intentos de la empresa uruguaya Riovía de corromper el proceso de dragado y profundización del Canal en cuestión”. Por el escándalo, la presidenta Cristina Fernández y su par de Uruguay, José Mujica, se reunieron el martes en Brasilia de modo paralelo a la Cumbre del Mercosur. La Argentina acusa a Uruguay de no colaborar en la investigación de la denuncia de presunto intento de soborno a un funcionario argentino para beneficiar a la empresa Boskalis –accionista mayoritario de Riovía– en el contrato de obras para el dragado del Canal Martín García. Bustillo, hoy jefe de Gabinete de la cancillería uruguaya, fue el supuesto destinatario de un presunto intento de soborno de Riovía para conservar la licitación, durante una conversación que mantuvo con el exvicanciller argentino Roberto García Moritán, lo que motivó una investigación a cargo del Tribunal de Cuentas de Uruguay que arrojó dudas sobre el proceso de adjudicación del millonario negocio.
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