Bariloche define el futuro del Catedral

El destino del cerro que alberga al principal centro turístico invernal rionegrino se debate en la campaña por la intendencia. La prórroga de la concesión está frenada y hay fuertes críticas.

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Se acercan unas nuevas elecciones municipales en septiembre. Faltan precisiones aún sobre los candidatos, y tampoco se sabe si el actual intendente buscará la reelección. Pero tenemos certeza de que algunos temas, que vienen de larga data pero en la actualidad se están discutiendo activamente, van a estar seguramente atravesando las campañas electorales: el vertedero municipal, el transporte urbano de pasajeros, el acceso a servicios básicos en los barrios y, tal vez el más importante, el destino de la concesión del cerro Catedral.

La gestión de Gennuso estuvo atravesada por la discusión del destino de la concesión del principal activo económico y turístico que tiene la ciudad. No exageramos si decimos que es uno de los principales motores de la economía y podría ser la llave para generar un proceso de desarrollo local que garantice bienestar a la población. La ciudad nunca pudo tomar las decisiones importantes sobre cómo y quién debe gestionar el cerro, porque el poder concedente nunca le fue reconocido. En el 2026, al finalizar la concesión, finalmente, quedaría en su poder.

En el 2016 y 2018, primero por iniciativa privada de la empresa, luego por prórroga de la concesión, Gennuso chocó con la resistencia de la ciudadanía a prorrogar la concesión a la empresa Catedral Alta Patagonia SA. El pueblo vio en esos intentos apuro injustificado, falta de discusión y transparencia, lo que generó sospechas sobre las verdaderas intenciones y el beneficio para nuestra ciudad.

El conflicto más fuerte fue en el 2018, cuando ante la negativa del intendente de reconsiderar su decisión vecinos autoconvocados se organizaron y juntaron más de 6.500 firmas certificadas para decidir en un referéndum popular el destino de la concesión. Los concejales oficialistas desestimaron el planteo por una cuestión de forma. Lo que siguió después fue una creciente judicialización que impidió hasta ahora a Gennuso firmar el contrato.

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Si algo demostró el conflicto del 2018 es que el contrato de prórroga tal y como está planteado no tiene licencia social en la ciudadanía barilochense.

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Es importante recordar algunos elementos de la discusión:

• Tal vez lo más polémico del proyecto era la autorización para urbanizar alrededor de 70 hectáreas en el cerro. Dicha autorización no solo no contaba con un Estudio de Impacto Ambiental, sino que está terminantemente prohibida por la Carta Orgánica municipal (disposiciones 18 y 21) y por informe de Segemar aprobado en el 2006. Capsa estimó en u$s 118 millones la rentabilidad del emprendimiento en cuestión (hoy alrededor de $ 5.310 millones), mientras que tampoco existían precisiones sobre las obras de infraestructura necesarias para dicho emprendimiento ni su financiamiento. Se hablaba en el 2018 de más de $ 1.000.000 de costo de infraestructura, monto que hoy es sensiblemente mayor.

• La empresa Capsa paga en concepto de canon 12.500 pases diarios de adulto de alta temporada, que representaron alrededor de $ 22 millones en el 2018. A esto se suma un canon por publicidad cuya última liquidación conocida fue de alrededor de $ 4,5 millones. En total, son menos de $ 30 millones pagados en concepto de canon anual por la concesión, lo que representa el 1% del presupuesto municipal 2018.

• El contrato aprobado implica una inversión de u$s 22 millones para modernización de los medios de elevación (hoy alrededor de $ 1.000 millones) hasta $ 8 millones para finalizar la construcción de dos gimnasios en concepto de RSE y el patrocinio de tres espacios verdes. El 30% del canon deberá invertirse en obras y servicios de infraestructura en las zonas 3A y 3A, priorizando Pampa de Huenuleo. Este monto representa menos de $ 10 millones al año.

Semejante emprendimiento urbanístico se identifica con lo que la literatura denomina “grandes proyectos urbanos”, cuyos efectos negativos están más que documentados. A los perjuicios ambientales y la contaminación se debe sumar el colapso definitivo de la infraestructura urbana de la ciudad, que no está preparada para semejante sobrecarga.

Lo que se plantea en definitiva es la construcción de una nueva ciudad dentro de la ciudad, que va a generar una enorme concentración económica en manos del concesionario, afectando a numerosas pymes que trabajan en la actual Villa Catedral y la zona céntrica, con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo. Asimismo va a profundizar la segregación urbana que afecta a nuestra ciudad.

Principalmente, la ecuación económica que se plantea es muy desfavorable para el Municipio. Con la devaluación e inflación registrada desde que se aprobó la Ordenanza los aportes para los gimnasios resultan insignificantes. Tampoco se accedió a revisar el monto del canon que no guarda ninguna proporción con la rentabilidad de la explotación.

Semejante contrato es una verdadera estafa para el pueblo de Bariloche y cierra definitivamente la posibilidad de que nuestra ciudad genere los recursos necesarios para invertir y desarrollar a su comunidad, garantizando la infraestructura y los servicios necesarios para su bienestar.

Si algo demostró el conflicto del 2018 es que el contrato de prórroga tal y como está planteado no tiene licencia social en la ciudadanía.

Lo que debería hacer el gobierno municipal es iniciar con tiempo, como manda el contrato vigente, un proceso participativo y democrático de formulación de un pliego licitatorio para cuando finalice la concesión finalmente.

Una decisión tan vital para el futuro de nuestra comunidad no puede tomarse a las apuradas y llevándose puestas las instituciones. Esperamos que los posibles candidatos hayan tomado nota de los sucesos del 2018.

* Investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (Cietes), Conicet/Universidad Nacional de Río Negro