Crimen del policía Laciar: una causa que dio un giro sorprendente

Crimen del policía Laciar: una causa que dio un giro sorprendente

La noche del 20 de mayo de 2016 un estruendo sobresaltó a algunos habitantes de la calle Luis Piedrabuena al 164 de Ingeniero Jacobacci. Los gritos, desesperados, de una mujer que pedía ayuda para su pareja y empleado policial Héctor Jonathan Laciar porque se había disparado en el interior de un Chevrolet Àgile conmocionaron a las personas que salieron a la calle a observar qué pasaba. Laciar murió esa noche en el hospital a raíz de la grave hemorragia que causó el tiro. Tenía 21 años y había regresado a la localidad donde había nacido por un traslado.

Las primeras diligencias apuntaron a un posible disparo accidental a partir del relato de su pareja, Gisela Noemí Vázquez, que también es empleada policial. Sin embargo, la versión de la joven dejaba algunos cabos sueltos. Por eso, fue citada a indagatoria, donde negó haber tocado el arma de su pareja.

Pero las pericias que se hicieron y, sobre todo, un barrido electrónico que se hizo en el Centro Atómico Bariloche de las muestras que se tomaron a la mujer detectaron partículas de pólvora en su mano derecha. Y hallaron restos de ADN de Vázquez en la empuñadura del arma de Laciar.

Por eso, la fiscal Betiana Cendón formuló cargos el miércoles contra Vázquez, de 31 años, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el vínculo, que el Código Penal castiga con prisión perpetua. La fiscal explicó que se trata de una causa “de extrema complejidad” que requirió de la intervención de varias instituciones.

Los abogados Marcos Miguel y Estanislao Cazaux, que representan a los padres de Laciar como querellantes, adhirieron al planteo de la fiscalía.

Cendón explicó que es una causa del viejo sistema que se debe ajustar al Código Procesal Penal vigente. Dijo que recibió el 1 de agosto de 2017 el expediente. Atribuyó a la acusada haber sido la autora del disparo que impactó en el pecho de Laciar y lo mató la noche del 20 de mayo de 2016. Dijo que la pareja estaba discutiendo en el interior del auto cuando ocurrió el crimen.

El exjuez de Instrucción Bernardo Campana tuvo a su cargo la causa en la que intervinieron los fiscales Eduardo Fernández y Martín Govetto. Cendón recordó que el caso generó las primeras sospechas porque Laciar tenía un arma reglamentaria calibre 9 milímetros Glock, que tiene 3 seguros, lo que descarta cualquier disparo accidental.

La imputada, que estuvo asistida por el defensor particular Pablo Irribarren, se abstuvo de declarar ante la jueza de garantías Romina Martini.

Los plazos vencidos

El defensor advirtió a la jueza que el plazo de 6 meses para la apertura de la investigación había vencido de acuerdo a lo que prevé el sistema procesal. Planteó que la fiscalía no pidió prórroga ante un juez, como lo ordena el Código, para seguir adelante con el expediente. Argumentó con jurisprudencia del Tribunal de Impugnación. Y cuestionó que la fiscalía tome los plazos a partir de un decreto de averiguación preliminar (del 28 de febrero pasado) que no tiene control de un juez por su discrecionalidad. Por eso, pidió el archivo. La fiscal y los querellantes pidieron rechazar el planteo.

Martini resolvió que si bien es cierto que el Código vigente estableció el plazo de los 6 meses “para evitar investigaciones indeterminadas”. “Entiendo que si bien debió la fiscalía haber pedido la prórroga, no encuentro sentido tomar una decisión como la que pide la defensa”. Sostuvo que no advierte la violación de garantías constitucionales de la imputada. “Este caso merece una investigación”, concluyó la jueza y dispuso 4 meses de plazo.

No se le impuso la prisión preventiva porque la fiscal no la solicitó. Cendón destacó que la mujer siempre estuvo a derecho a disposición de la justicia.