Saiz aún no se explica qué pasó con la represión, 8 años después

Apenas se abrió la puerta, se escuchó una ráfaga y varios destellos de luz apuntaron sobre la figura del testigo, que más expectativas había originado. Miguel Saiz no se inmutó. Entró a la sala de audiencias tranquilo, miró a su alrededor y caminó hasta la silla reservada para los testigos frente al tribunal. Saiz compareció ayer a declarar como testigo en el juicio contra los exjefes policiales y empleados policiales imputados de haber causado las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Lo hizo sin el traje de gobernador, que vistió durante 8 años. Casi el mismo tiempo que demandó llevar a juicio a los acusados por la feroz represión que ocurrió el jueves 17 de junio de 2010.

“¿Al momento de los hechos, usted era gobernador de la provincia?”, preguntó el presidente del tribunal Marcelo Barrutia. “Así es”, respondió Saiz. Dijo que estaba en Viedma cuando ocurrieron los hechos y que se enteró de lo que pasaba en Bariloche “por alguna información interna”.

Declaró que 24 ó 48 horas después de los sucesos de Bariloche “convoqué a toda la plana mayor de la Policía en la Jefatura”, en Viedma, “para que me dieran alguna información” sobre lo que estaba ocurriendo en Bariloche.

“A pesar de que me parecía innecesaria esa reunión, les dije que no quería una muerte más en la provincia”, recordó el exgobernador radical.

Aseguró que la plana mayor “compartía el criterio de paz social” que desde el gobierno provincial se impulsaba. “Nunca estuvo en la política de gobierno el uso de la fuerza pública”, aseguró Saiz.

Confusa jornada

“¿Cómo explica tres muertes y trece heridos durante el 17 de junio?”, interrogó el fiscal Martín Lozada. “Realmente, resulta inexplicable lo que pasó”, sostuvo Saiz. Dijo que la información esa jornada era confusa. Recordó que algunas informaciones indicaban que podía haber existencia de armas tumberas entre los manifestantes. “Nadie tenía conocimiento de balas de plomo” entre la Policía, aseguró enfático el exgobernador.

El 17 de junio de 2010 mataron a Cárdenas y Carrasco, que recibieron postas de plomo. La acusación fiscal sostiene que las postas letales salieron de armas policiales. Pero la investigación no identificó a los presuntos autores.

Por eso, los policías Víctor Darío Pil, Marcos Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo están acusados por el delito de homicidio en riña de Cárdenas. No hay acusados por el homicidio de Carrasco.

En cambio, al exsecretario de Seguridad y Justicia, Víctor Cufré, y los exjefes policiales, Jorge Villanova, Argentino Hermosa, Fidel Veroíza y Jorge Carrizo, se les atribuye haber actuado con negligencia, sin respetar la ley orgánica de la Policía ni los protocolos esa jornada.

La fiscalía, junto a las querellas, sostiene que ese accionar negligente causó las muertes de Cárdenas y Carrasco y dejó 13 heridos, Por eso, están imputados del delito de homicidio culposo.

Saiz declaró ayer como testigo de la defensa, Dijo que se enteró por una comunicación telefónica del homicidio de Diego Bonefoi, que ocurrió la madrugada del 17 de junio de 2010. Contó que luego se enteró de que había mucho malestar y tumulto después del mediodía en la Comisaría 28. Relató que horas después le informaron de los homicidios de Cárdenas y Carrasco.

La abogada querellante Marina Schifrin, que es apoderada de los padres de Carrasco, quiso saber cuál era en ese momento la confianza de Saiz en la Policía provincial.

“La confianza que se le puede tener a una institución donde hay más de cinco mil efectivos, donde hay más confiables y menos confiables”, sostuvo. Dijo que nunca se reunió con los familiares de Cárdenas y Carrasco; sólo con el padre de Bonefoi.

Saiz casi no afrontó preguntas incómodas y se retiró tranquilo. Pero antes de dejar el edificio de Tribunales, un grupo de familiares y militantes de la multisectorial contra la represión le dedicaron algunos mensajes.

“¡Asesino!, “¡Saiz tenés tres muertos! y “¡tenés las manos llenas de sangre!”, fueron algunos gritos que lanzaron contra el exgobernador, que se alejó con una custodia policial.

Antes había declarado el exministro de Gobierno Diego Larreguy. “¿Dio alguna orden de buscar proyectiles en otras fuerzas federales o empresas de seguridad esa jornada”, preguntó Lozada. “Jamás di la orden”, aseguró Larreguy.

Recordó que salió el 16 de junio de Viedma, con Cufré y Villanova, que en ese entonces era el jefe de la Policía provincial. La comitiva pasó la noche en Roca, donde se enteró del homicidio de Diego Bonefoi.

Arribó la mañana del 17 de junio a Bariloche y se reunió con el entonces intendente Marcelo Cascón. Dijo que en ese encuentro se enteró de que había incidentes en la Comisaría 28.

Contó que le informaron después del mediodía que la situación se había calmado y continuaron el viaje hasta El Bolsón, porque tenían en agenda una reunión con los familiares del médico policial Guillermo Neumann, que había sido asesinado el 26 de marzo de 2010.

“Jamás me hubiera ido de Bariloche si tenía otra información”, sostuvo Larreguy, que era ministro de Saiz.

Recordó que por la tarde les avisan que había otra vez incidentes en la comisaría 28.

Dijo que Villanova envió a Hermosa de regreso a Bariloche con una instrucción muy precisa de “no utilizar municiones letales”. “La cadena de mando estaba funcionando”, aseguró Larreguy. “¡Asesino de mierda!, le gritaron algunos familiares de las víctimas a Larreguy cuando se fue de la sala.

Tanto el gobernador como el ministro de Gobierno destacaron la confusión en las informaciones que circularon en la trágica jornada del 17 de junio.

Consultado sobre la confianza que tenía Saiz en la policía, éste dijo que “era tanta como podía esperarse ante un cuerpo que tiene más de 5.000 agentes”.

Una pericia que abre más interrogantes

El perito balístico y licenciado en Criminalística de la Policía Federal Marcelo Delorenzi aseguró ayer que “no se puede individualizar el arma de fuego autora del disparo” que mató a Sergio Cárdenas la tarde del 17 de junio de 2010.

Delorenzi explicó ayer las conclusiones de la pericia multidisciplinaria que hicieron en la investigación por los homicidios de Cárdenas y Nicolás Carrasco, en la sexta audiencia del juicio.

Señaló ante el tribunal integrado por los jueces Marcelo Barrutia, Juan Lagomarsino y Emilio Riat que pasando el metro y medio “es imposible desde el punto de vista balístico determinar la distancia del disparo”.

El testigo aportado por la defensa indicó que determinaron el lugar y los grupos probables de donde pudo haber salido el disparo que mató a Cárdenas la tarde del 17 de junio de 2010, “pero no podemos decir a qué distancia”. Delorenzi sostuvo que en el grupo probable había policías, porque en el origen de la investigación se hablaba de efectivos policiales como posibles autores del disparo. “No podemos ni asegurar ni descartar un arma tercera”, consignó. Los policías estaban a una distancia de entre 60 y 90 metros. Dijo que analizaron el video de un celular que registra el momento donde Cárdenas recibe el impacto, pero es de baja calidad . Aunque el silbido del disparo que se escucha es compatible a un proyectil PG (postas de plomo).

“No está normado ni reglamentado en Argentina ni en el mundo el tema de los colores en los proyectiles. Al no estar normado queda al libre albedrío de las fábricas”, explicó. Por eso, indicó que hay cartuchos antitumulto (AT) de diversos colores. Dijo que nunca es el color el que identifica el contenido del proyectil.

Señaló que no es posible diferenciar si un cartucho con postas de plomo o de goma pudo ser disparado de una escopeta policial o de un arma de fabricación casera porque los caños de ambas no tienen estrías, que marquen la munición cuando se dispara. Dijo que el efecto es el mismo tanto de una escopeta como de una tumbera.

Diego Larreguy, exministro de Gobierno

Miguel Saiz, exgobernador

En Nación ni atendían el teléfono

Una de los datos que destacó el entonces gobierno provincial fue la orfandad de apoyo desde Nación. Relata el exministro de Gobierno Diego Larreguy: “Me comuniqué desde El Bolsón con [Martín] Lozada, en ese momento juez de instrucción y me transmitió que la presencia policial no contribuía a tranquilizar la situación. Se evaluó solicitar fuerzas federales. Me comuniqué con el coordinador del Consejo de Seguridad Interior de Nación, con el Ministerio de Justicia y hasta con un senador de la provincia para solicitar la intervención de otra fuerza (…) Me da vergüenza decir que ni siquiera nos atendieron el teléfono”.

“Como institución había una línea muy clara del no uso de la violencia en la medida de lo posible”.

“La instrucción del jefe de la Policía [Jorge Villanova] fue muy precisa al jefe de la Regional Tercera [Argentino] Hermosa: en el caso de que sea necesario emplear las armas no utilizar municiones letales”.

A mí me hicieron dos disparos con un arma de fabricación casera. Corría peligro mi vida. Por eso
me resguardé detrás del paredón”,