Bolilla negra entre los farmacéuticos para tres colegas imputados

Los farmacéuticos imputados en la causa penal por la presunta defraudación al Ipross no sólo enfrentan un escenario complejo ante la Justicia.

Durante las últimas horas también quedaron suspendidos para el desempeño de cargos dentro del Colegio que agrupa a todos los profesionales de la provincia, situación que se mantendrá mientras se lleve adelante la investigación del Ministerio Público.

Sumado a eso, uno de los involucrados tuvo que dar un paso al costado y abandonar el cargo que ostentaba en la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Se trata de Raúl Mascaró, quien ocupaba el cargo de secretario de la entidad pero que años atrás llegó a ser el máximo representante de todos los profesionales del país.

Mascaró, hijo de la presidenta del Concejo Deliberante de Roca, Celia Graffigna, es uno de los siete acusados por la denuncia que presentaron las autoridades del Colegio de Farmacéuticos el 13 de mayo pasado.

Los otros farmacéuticos involucrados son Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea y Marianela Guidi.

El miércoles por la tarde la comisión directiva de la entidad que agrupa a 451 socios en toda la provincia se reunió y analizó el camino a seguir en el plano interno después de haberse revelado el escándalo.

La decisión -luego de evaluar un dictamen del Tribunal de Ética del Colegio- fue suspender a Mascaró, Caffaratti y Mastandrea, quienes ocupaban cargos directivos en la institución. Mastandrea es vicepresidente, Caffaratti primer vocal titular y Mascaró vocal suplente.

El segundo paso fue convocar a una Asamblea extraordinaria para que se refrende o modifique esa medida, teniendo en cuenta que los involucrados pueden apelar la sanción ante el plenario de afiliados.

En la reunión del Consejo Directivo también se archivó un sumario que otra de las imputadas, Sandra Fasano, exauditora del Colegio, había promovido, ya que no había mérito.

Fondos descongelados

Por otra parte, desde el Ipross se confirmó que luego de los embargos definidos por la Justicia para las farmacias involucradas en la causa penal se avanzó en el pago de las sumas retenidas al Colegio de Farmacéuticos.

La información fue brindada por el titular de la obra social, Claudio Di Tella, quien había impulsado la medida para evitar que -en caso de existir un delito- el perjuicio para el Estado se siga extendiendo.

El Ipross había decidido no pagar ninguna de las facturas de las 270 farmacias de la provincia correspondientes al período enero-abril (unos 120 millones de pesos), situación que fue cuestionada por los prestadores que nada tienen que ver con la causa penal y vieron congeladas sus acreencias.

Una vez que se confirmó que las farmacias sospechadas no recibirían fondos de la obra social, se liberaron las transferencias para el resto, normalizando una situación que llegó a generar cortes para los afiliados.