Borrón y cuenta nueva

DyN

Arnaldo Paganetti arnaldopaganetti@rionegro.com.ar

Después del escándalo mediático originado por el anteproyecto de reforma al Código Penal (un borrador, hasta aquí) y la paralela politización del tema que tiene a la población altamente sensibilizada por el flagelo de la inseguridad, ¿le queda margen al gobierno para insistir con su tratamiento parlamentario? El debate discurría por canales razonables (cosa extraña en la Argentina exasperada) hasta que, después del mensaje de apertura legislativa del 1º de mayo de la presidente Cristina Fernández, el diputado Sergio Massa sorprendió con un planteo para llamar a una consulta popular. El líder del Frente Renovador salió al cruce de la iniciativa en la trabajaban desde hace más de un año el oficialismo y las principales fuerzas opositoras, convencido de que así sintonizaba con “la gente” a la que le irrita un cuerpo normativo excesivamente “garantista” que, en sus palabras, “elimina la reincidencia y modera condenas al narcotráfico”. “Oportunista y demagógico”, fue lo menos que le endilgaron a Massa, como reacción espontánea, tanto desde el kirchnerismo, que pivoteó con el juez Eugenio Zaffaroni y el ex ministro León Arslanian, como de las fuerzas más o menos críticas representadas por Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (PRO) y María Barbagelata (FAP). Sin embargo, a pesar de la coincidencia en organizar en un solo bloque jurídico numerosas leyes hoy desperdigadas, la repercusión pública por el “alerta massista”, más la advertencia de Susana Trimarco (madre de Marita Verón, desaparecida víctima de la trata de personas) de que sería “una burla” bajar las penas para los delitos sexuales, provocó una revisión generalizada, con excepción de la Casa Rosada. Aunque connotados oficialistas, entre ellos Diana Conti, admitieron que en el Frente para la Victoria “no son unívocas” las opiniones sobre la escala punitiva y consideraron un error quitar el valor simbólico de la pena perpetua. No dispuestos a perder terreno en la lucha por la sucesión presidencial de 2015, los partidos no K se unieron al rechazo (no es el momento oportuno, se necesita más tiempo para debatir, fueron los conceptos comunes) sin dejar de hacer notar las diferencias entre sí. Mauricio Macri, quien tacha a Massa de “populista”, dijo que no se puede votar hoy a favor de ese Código Penal. “Conduciría a una nueva fractura de la sociedad y nosotros no queremos más fracturas”. Laura Alonso abundó: “Estamos entrampados en cierto barro electoralista. Es una discusión entre los “mano dura” de Massa y los “mano blanda” del kirchnerismo… no se trata de salir a matar ladrones, ni se trata de que todos los delincuentes anden sueltos por la calle”. A despecho de Gil Lavedra (“es patético ver a todos los dirigentes corridos a la derecha”, se resignó), la UCR le pidió al gobierno que no envíe al Congreso “el famoso anteproyecto”, luego de que el ex vicepresidente Julio Cobos sostuvo que el nuevo Código parecía hecho “a medida de los delincuentes”. Anoticiado de la excelente respuesta recogida en actos en la provincia de Buenos Aires y Tucumán, Massa avisó que redoblará la apuesta y soplará fuerte hasta el mundial de fútbol. “Este proyecto es un retroceso”, avisó. En su apoyo, el ex gobernador Felipe Solá afirmó que las críticas de Macri fueron “por rabia porque a él no se le ocurrió primero”. Agregó que el Frente Renovador “no busca la mano dura, sino que no aparezca de golpe la mano blanda”. “Y menos garantizar impunidad”, agregó el senador radical Roberto Costa, que adscribe al massismo. Con el socialismo de Hermes Binner atónito por el desmadre verbal, Fernando Solanas y Elisa Carrió, de Unen, concluyeron que “es tan irracional la reforma propuesta del Código Penal como el llamado a consulta popular para un asunto de tanta complejidad”. “No hay que apurarse ni sobreactuar, hay que lograr un plan integral a tono con lo que sostiene la Corte Suprema”, se confió a “Río Negro” desde el PRO, al que Cristina empezó a privilegiar. Recobró el contacto directo con Macri y dio luz verde para que Patricia Bullrich presida la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Curiosamente, se informó que el jefe de gobierno porteño no será llevado a juicio por la causa de escuchas ilegales. No hay pruebas suficientes, sostuvo el juez federal Sebastián Casanello, cercano a La Cámpora. Y, tras el mensaje “casi episcopal” del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, convocando a que “los militantes de verdades parciales” puedan convivir en una casa comunitaria, una fuente cercana al cristinismo aceptó que “el clima no está para más enfrentamientos inútiles. No hay margen para imponerse discrecionalmente”.