Botnia se queda
Los únicos que pudieron sentirse sorprendidos por el fallo que acaba de difundir la Corte de Justicia Internacional de La Haya sobre el conflicto rencoroso en torno a la planta papelera que erigió la empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos fueron aquellos asambleístas de Gualeguaychú que aún creían que Uruguay se vería obligado a desmantelar lo que ya es un complejo industrial sumamente importante para entonces intentar reubicarlo en un lugar alejado de la Argentina. Si bien el gobierno kirchnerista, el máximo responsable de permitir que la disputa adquiriera dimensiones tan grandes que terminó perjudicando gravemente nuestra relación con un vecino con el que tenemos mucho en común, pudo consolarse subrayando que según el tribunal los uruguayos debieron haber respetado “su obligación de informar, negociar y notificar” acerca de lo que se proponían hacer a orillas de un río compartido, sólo fue cuestión de una amonestación sin consecuencias significantes puesto que en opinión de los jueces no hay evidencia de que la planta haya contaminado las aguas o alterado el equilibrio ecológico de la zona, de suerte que podrá seguir operando. Asimismo, incluso el rapapolvo asestado a Uruguay por violar las reglas previstas por el tratado que se firmó en 1975 sobre el uso de las aguas del río Uruguay tiene connotaciones que podrían ocasionarnos algunos problemas. Como señaló el ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez, la Argentina ha instalado industrias en su lado del río sin decir nada a su vecino, lo que algunos tomaron por su forma de sugerir que en adelante su país tendría no sólo el derecho sino también el deber de protestar por la contaminación del Riachuelo que desemboca en el Río de la Plata. Desde el punto de vista de los que, como el ex presidente Néstor Kirchner, hicieron de la campaña contra Botnia “una causa nacional”, el fallo equivalió a una derrota contundente, una que pudo haberse ahorrado asumiendo una postura más sensata ante el bloqueo organizado por los asambleístas en violación de la ley tanto nacional como internacional. Para otros, en cambio, el fallo habrá servido para brindar a nuestro gobierno una oportunidad para pensar más en cómo mejorar la relación con Uruguay que en continuar tratando de perjudicarla todavía más al negarse a hacer frente a los militantes de Gualeguaychú que, arropados en la bandera nacional, se proclaman resueltos a seguir procurando frenar el desarrollo del “país hermano”, atentando contra el turismo y, en cuanto puedan, obstaculizando el funcionamiento de la papelera de Botnia. De todos modos un fallo favorable a la tesis del gobierno kirchnerista hubiera sido muy negativo para nuestro país, ya que hubiera convencido a virtualmente todos los uruguayos de que iríamos a cualquier extremo para frustrar sus intentos de dotarse de una economía más moderna y más productiva. Además de significar la inversión extranjera más grande de la historia de Uruguay, la planta de Botnia y el complejo industrial que la rodea forman parte de un plan estratégico ambicioso cuya puesta en marcha ha modificado radicalmente las perspectivas de un vecino que, por fin, se ve ante la posibilidad de salir del subdesarrollo. ¿Nos hubiera convenido que la Argentina fuera acusada de privar a los uruguayos de un futuro promisorio? Claro que no, sobre todo si lo hiciera por motivos supuestamente ecológicos. En dicho ámbito nuestra trayectoria difícilmente podría ser peor ya que, además del fétido Riachuelo cuya contaminación perjudica a millones de personas, abundan las plantas industriales, entre ellas papeleras, que día a día envenenan los lugares en que están ubicadas sin que las autoridades locales hagan nada para impedirlo. Que los vecinos de Gualeguaychú se hayan preocupado por su propio medio ambiente es comprensible y legítimo, y es probable que merced a su militancia Botnia haya extremado las precauciones para que su planta sea mucho más limpia de lo que es habitual en demasiadas partes de América del Sur. Así y todo, cuando de la defensa del medio ambiente se trata, nuestro país carece de la autoridad moral que le hubiera permitido ganar una batalla que, de no haber sido por la voluntad de Néstor Kirchner de aprovechar políticamente lo que comenzó como un movimiento meramente vecinal, no hubiera tenido lugar.
