Brasil: asistencialismo y política
COLUMNISTAS
El Partido de los Trabajadores lleva casi doce años en el poder desde que Lula asumió, en enero del 2003. En ese período, según estadísticas de la Cepal, 35 millones de personas salieron de la pobreza, lo que equivale al 50% de los 70 millones de pobres que había al inicio del mandato de Lula. La herramienta utilizada para conseguir estos resultados ha sido la aplicación masiva de unos 19 planes sociales de distinto tipo, en los cuales están censados unos 85 millones de brasileños (42% de una población de 202 millones). El más amplio y conocido es el Bolsa Familia, que concede un subsidio de unos 70 dólares mensuales a 14 millones de hogares.
Los esfuerzos por conseguir niveles de vida digna en una población empobrecida son dignos de encomio. Cuando se trata de erradicar la pobreza, cualquier fórmula que consiga resultados apreciables debe ser bien recibida. Sin embargo, es inevitable hacer una consideración política sobre un fenómeno que no está exento de contradicciones. Desde una perspectiva política, la existencia de una masa cautiva de votantes no deja de tener influencia en los resultados. No es casual que el mayor caudal de votos los obtenga el PT en el nordeste brasileño, la zona de mayor pobreza.
Cuando el asistencialismo se combina con la picardía política, los resultados electorales pueden ser alterados. Veamos un ejemplo. Hace más de tres años, en mayo del 2011, la presidenta Dilma Rousseff anunció que quería trasladar a su gobierno la eficiencia de la gestión privada y el control de los gastos públicos, preservar el equilibrio fiscal y brindar plena atención al ciudadano. Cuando en esta campaña electoral su rival Marina Silva anunció un programa de “nueva política” que suponía implementar reformas similares, el partido de Dilma lanzó anuncios televisivos en los que se señalaba que el “ajuste fiscal” de Marina acabaría con todos los programas sociales. La “guerra sucia” televisiva le daría a Dilma pingües beneficios electorales, pero el precio pagado por la ética política ha sido elevado.
Estas miserias propias de las estrategias de poder no deben impedir un reconocimiento a los enormes progresos económicos que ha conseguido Brasil desde que Fernando Henrique Cardoso impulsó una reforma económica “neoliberal” en la década de los noventa. Con un PBI de 2,4 billones de dólares (cinco veces la economía argentina) Brasil se ha convertido en la sexta economía mundial, sólo detrás de Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia. En apenas treinta años ha dejado de importar alimentos para convertirse en una potencia agrícola: es el primer exportador mundial de carne, pollo, jugo de naranja, azúcar y café; el segundo de soja y maíz y el cuarto de algodón y cerdo. La empresa estatal Embrapa consiguió, a partir de la investigación genética, elevar la productividad agrícola a niveles envidiables.
En materia de energía Brasil pasó de importador a exportador neto gracias a Petrobras, la empresa mixta convertida en uno de los grandes jugadores mundiales, con capacidad tecnológica para obtener petróleo en aguas profundas. La compañía se ha diversificado al abordar la producción de biocombustibles y etanol y construye buques de transporte de crudo y plataformas para la extracción de petróleo. En otro sector Brasil ha conseguido instalar a Embraer como la tercera fábrica de aviones más importante del mundo. Mientras nosotros estamos entretenidos peleando a brazo partido con los buitres, nuestro vecino no deja de crecer.
Sin embargo, donde Brasil se despliega con máxima potencia es hacia el futuro. Se calcula que en el 2050 la población mundial demandante de alimentos será de 9.000 millones de habitantes. De todos los países del mundo, éste es el que tiene más tierras disponibles para el cultivo, a lo que se debe añadir que posee 8.000 millones de metros cúbicos de agua todos los años, una reserva renovable superior a toda la que tiene el continente asiático.
Esta combinación de crecimiento económico con la reducción de las desigualdades sociales ha cambiado la matriz productiva del país favoreciendo la creación de empleos y el aumento del poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales del planeta, con tremendos problemas de inseguridad en sus favelas y regiones pobres. La tasa de homicidios intencionales arroja la escalofriante cifra de 42.000 al año.
A estos datos se debe añadir el fenómeno rampante de la corrupción política. El PT tiene a sus líderes históricos, fundadores y expresidentes en la cárcel, condenados por corrupción en el escándalo del mensalão. El exdirector de la petrolera estatal brasileña Petrobras, Paulo Roberto Costa, implicado en una red de lavado de dinero, acusó recientemente a 62 parlamentarios de partidos del gobierno de haber recibido sobornos consistentes en el 3% de todos los contratos de aprovisionamiento de la compañía.
Que Marina Silva, hija de humildes recolectores de caucho del Amazonas, analfabeta hasta los 16 años y ministra de Medio Ambiente de Lula, haya sido vencida por la maquinaria propagandística del PT al convertirla en “la candidata de los banqueros” demuestra las contradicciones de un país en transformación.
El ejemplo brasileño puede servir para brindar claves electorales en la Argentina. Está claro que el asistencialismo, con independencia de la legitimidad de sus fines, ofrece grandes beneficios electorales. Por el contrario, el fenómeno de la corrupción, a la hora de votar, no parece influir en el ánimo de los ciudadanos. La falta de alternancia, propiciada por el asistencialismo, explica en cierto modo la irreductible persistencia de la corrupción.
ALEARDO F. LARÍA
aleardolaria@rionegro.com.ar
ALEARDO F. LARÍA
