Brutalidad policial

Cipolletti

La brutalidad policial es inmune al covid-19 y hasta podemos decir que se potencia con el virus, tal como mostró el crimen del ciudadano afroamericano Geoge Floyd.

También en nuestro país se produjeron lamentables hechos de condenable accionar de la fuerzas de seguridad. En Tucumán, Luis Espinoza, un peón rural, demorado por asistir a una “cuadrera” fue baleado por policías y su cuerpo estuvo desaparecido durante una semana hasta que fue encontrado en Catamarca. En Chaco una familia de la Comunidad Quom fue golpeada salvajemente y sometida a vejámenes por una patota de la policía, que allanó ilegalmente su vivienda en la noche.

En San Luis, Florencia Magalí Morales y Franco Manguello, de 16 años, fueron detenidos por violar la cuarentena, alojados en comisarias diferentes y aparecieron al otro día ahorcados con los cordones de sus zapatillas, en supuestos y sospechosos “suicidios”, sin relación con las infracciones por las que fueron detenidos.

Frente a todos estos hechos cuya gravedad extrema no requiere de mayor explicación, los gobernadores responsables de las policías protagonistas mantuvieron un injustificable mutismo. Igual silencio cómplice tuvieron funcionarios así como la mayoría de los organismos de derechos humanos, tal vez porque como son todos compañeros e integrantes del gobierno “nacional y popular” no hay que levantar olas.

Por su parte el presidente Fernández solo expresó “que la violencia institucional es una deuda de la democracia”, que no admite discusión, pero que suena a una frase para salir del paso y nada dice de un efectivo compromiso de su gobierno de impulsar políticas que terminen definitivamente con estas prácticas aberrantes de quienes creen que por vestir uniforme y portar arma pueden golpear y hasta matar a cualquier persona por saberse amparados y respaldados por un improcedente “espíritu de cuerpo.”

Carlos Segovia
DNI 7.304.065