Buscan alternativas para la remediación en San Antonio

Antes del nueve de abril el gobierno provincial y el municipio de San Antonio Oeste deberán presentar medidas reparadoras ante el retiro de la empresa contratada para la remediación ambiental en esa localidad.

Ese plan alternativo fue dispuesto por la Justicia rionegrina, mientas que Nación permanece en silencio frente al reclamo de continuar con el retiro del material tóxico. La remediación quedó inconclusa, los tóxicos a flor de tierra, la empresa se fue y la comunidad sanantoniente sigue expuesta a la contaminación.

La decisión de retirarse de la empresa aumentó la preocupación en la comunidad que ayer reunía a los distintos sectores para elaborar los términos de un recurso de amparo que será presentado el martes en la Justicia Federal.

“Nos sentimos estafados porque no se respetó lo resuelto en la audiencia pública”, sostuvo Patricia Llonch veedora de la multisectorial en la obra de remediación. Explicó que con el retiro de la empresa dos manzanas del barrio La Fundición que se levantan en el medio de la ciudad sanantoniense, las calles quedaron sin sanear, mientras que jardines y patios removieron el suelo con máquinas viales y no en bolsas pequeñas y en forma manual como se acordó, dejando en peores condiciones a los vecinos.

Desde la multisectorial se exige que esas calles sean remediadas del plomo, arsénico y otros metales pesados que contienen; que sea restituida la señalización de “alerta” donde se encuentran las pilas contaminantes en el ingreso a San Antonio para advertir a la gente sobre estos focos de peligro para la salud; y que sea evaluado nuevamente el problema de contaminación porque el realizado sobre el que se basaron los trabajos abandonados, fue incorrecto.

En la audiencia realizada en la sede del Superior Tribunal de Justicia convocada por el presidente, Enrique Mansilla, la Defensora General de Río Negro, Rita Custet, manifestó su malestar ante la falta de respuesta de los referentes de la secretaría de Políticas Mineras de Nación por el cese de los trabajos en el marco de la remediación ambiental en San Antonio Oeste.

Ante esta situación y el aviso del retiro de la empresa Taym que estaba realizando los trabajos, el Ministerio Público solicitó que la misma (que ya removió 70.000 metros cúbicos de escoria) no cierre la celda, ni se retire del lugar hasta incluir en la misma 1.700 metros cúbicos restantes que aún subsisten en las calles y veredas de la zona de La Fundición, tarea que se consideró como la más urgente.

En el mismo sentido la Llonch planteó salidas técnicas a la situación e informó que con cinco días de trabajo la tarea de remoción y traslado de los residuos tóxicos podría concluirse.

Pese a la insistencia del juez de amparo, Enrique Mansilla, de que se busque una alternativa administrativa a la situación, los representantes legales de la secretaría de Políticas Mineras de Nación se negaron a evaluar toda posibilidad al respecto, dejando a la comunidad sin respuestas efectivas.

Esta actitud resultó llamativa, toda vez que el Estado nacional asumió el compromiso de efectuar la remediación y manejó los términos de las licitaciones de las empresas que intervinieron cuyos trabajos quedaron inconclusos. Ante ello, la Defensora General pidió “redoblar los esfuerzos de los tres estamentos gubernamentales intervinientes (nación, provincia y municipio) en atención al interés en juego: la salud de los niños de San Antonio Oeste.

Además solicitó el cercado y la señalización de los lugares que han quedado sin remediar a efectos de resguardar a la población; en consonancia con la postura que en la localidad transmitiera el Procurador General, Jorge Crespo.

Custet agregó que “se invirtió una importante suma de dinero en esta remediación y no resulta razonable que pretendan abandonarlo sin remover el foco de contaminación urbana”.

En ese sentido se debatieron posibles salidas alternativas, propuestas por la Multisectorial para intervenir en las zonas urbanas, volcar los residuos a la celda y cerrarla. “Esta tarea debe realizarse ahora, no podemos esperar una nueva licitación que implica procesos que pueden requerir años”, coincidieron Custet y Llonch.

Mansilla dispuso también que el municipio de San Antonio, en una acción simultánea a la de la propia empresa, será el responsable de señalizar aquellas zonas que fueron objeto de los trabajos de remediación e informarlo a la comunidad.