¿Cambiará algo en el Poder Judicial de Neuquén?
JUSTICIA
Se acercan tiempos de cambio en la cabeza del Poder Judicial neuquino. De sus cinco miembros, dos de ellos han iniciado su trámite de jubilación, por lo que en el corto plazo habrá otras tantas vacantes que deberán ser cubiertas en el Tribunal Superior de Justicia provincial. La incógnita es saber qué hará el gobernador Jorge Sapag si en el tiempo que le queda de mandato debe proponer a la Legislatura provincial a los postulantes para cubrir esos cargos.
La Constitución de la provincia del Neuquén establece que los miembros del Tribunal Superior de Justicia sean designados por el voto de los dos tercios de la Cámara de Diputados sobre la base de la propuesta de candidatos que envíe el Poder Ejecutivo a la Legislatura. Es el gobernador quien tiene la facultad de elegir y proponer al candidato para cubrir la vacante que se produzca en el Tribunal Superior de Justicia, correspondiéndole a la Legislatura aceptar o no al sugerido, con una mayoría especial, pero sin poder influir en el nombre de la persona que el Ejecutivo ha elegido.
A comienzos de su primer mandato, el gobernador Sapag dictó un decreto denominado de “autolimitación” por el cual estableció un procedimiento de publicidad y oposición para los candidatos que se propusieran para integrar el Tribunal Superior de Justicia. El decreto 590/08 de abril del 2008 intentó regular la facultad que la Constitución provincial otorga al Poder Ejecutivo en el proceso de selección, propuesta y designación de los miembros del Tribunal. Se estableció allí la publicación del nombre y los antecedentes del candidato elegido, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales del mismo y de sus familiares y la posibilidad de formular impugnaciones a los nominados, que pudieran constituir impedimentos para su designación en el cargo.
El procedimiento se utilizó con éxito durante la renovación del Tribunal heredado del sobischismo, cuando se buscó instalar en el mismo a personas confiables para la ciudadanía por sus antecedentes jurídicos y su independencia, culminando con la incorporación al mismo de los Dres. Labate, Massei y Martínez de Corvalán. Lamentablemente no ocurrió del mismo modo en oportunidad de cubrir la última vacante producida en el TSJ. El Dr. Moya no sólo no contaba con antecedentes jurídicos relevantes que le permitieran aspirar seriamente a un cargo en el máximo tribunal provincial, sino que además había sido poco tiempo antes asesor general del gobernador Sapag, lo que evidentemente no era garantía de su independencia.
No preguntamos, sobre la materia, en la etapa final del mandado de Jorge Sapag. Teniendo en cuenta que con la actual integración de la Legislatura, entre diputados propios y aliados, puede alcanzar con relativa facilidad los dos tercios de votos que exige la Constitución provincial, ¿lo afectará al gobernador el síndrome de impunidad sobischista que en su momento decidió combatir y que ya se manifestó en el proceso para cubrir la última vacante, o nos dejará a los neuquinos un tribunal confiable, integrado por juristas reconocidos, tanto por sus antecedentes académicos como por una trayectoria profesional digna, y a la vez independientes del poder político de turno? En los próximos meses sabremos la respuesta.
Raúl Alberto Podestá
Diputado provincial del Frente Grande- Neuquén
Raúl Alberto Podestá
