Licencias truchas: más empleados municipales imputados
El juez Ricardo Calcagno admitió los cargos contra tres trabajadores de la Municipalidad de Bariloche, que se suman a otros 12 acusados en la investigación en marcha. Las maniobras se cometieron presuntamente entre 2014 y 2016.
Los imputados escucharon, junto a sus defensores, los cargos que formuló el fiscal en la audiencia. (Foto: Alfredo Leiva)
La causa donde se investiga a una posible asociación ilícita que operaba para la comercialización de licencias de conducir de manera irregular sumó tres imputados. El juez de garantías Ricardo Calcagno admitió los cargos que el fiscal Guillermo Lista formuló esta mañana de miércoles contra Eugenia María Carballo, Mariana Noemí Villalobo y Fernando Miguel Sepúlveda. Todos son empleados del municipio de Bariloche.
Los tres imputados se suman al grupo de once empleados del municipio que Lista había acusado a principios de junio pasado, junto a Alicia Beatriz Vega, que no es trabajadora de la comuna.
La fiscalía acusó al grupo como presuntos coautores de los delitos de falsedad de instrumento público, cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública, “todos ellos en su carácter de integrantes de una asociación ilícita”, que el Código Penal sanciona con una pena desde los 3 hasta los 10 años de prisión.
Calcagno habilitó que los tres nuevos imputados sean incorporados a la misma causa y dispuso que los plazos para la investigación se unifiquen en un año como había pedido la fiscalía por tratarse de una causa compleja.
El defensor oficial Nelson Vigueras y el defensor particular Ezequiel Palavecino se había opuesto en la audiencia, que se hizo esta mañana de miércoles, a la formulación de cargos contra Carballo, Villalobo y Sepúlveda. Pero Calcagno rechazó los planteos y admitió la acusación tal como lo había hecho a principios de junio último.
Las dos mujeres no fueron acusadas en junio porque habían pedido para cambiar de defensor, mientras que Sepúlveda no fue debidamente notificado en esa ocasión para que comparezca a la audiencia.
La asesora legal de la municipalidad, Marcela González Abdala, adhirió a la acusación fiscal. El municipio es querellante en la causa.
La fiscalía les atribuye a los quince imputados haber conformado supuestamente una organización que entre 2014 y 2016 se dedicó a la confección y comercialización de licencias de tránsito del sistema nacional de licencias de conducir, dependiente de la Dirección Nacional de Seguridad Vial (DNSV) sorteando todas aquellas formalidades exigidas por ley.
Catorce imputados prestaban funciones en ese momento en la dirección de Tránsito de la municipalidad. Fue cuando conformaron una organización sostenida en el tiempo, de modo permanente, cohesionado y con división de roles, según la fiscalía.
Según la acusación, Vega se ocupaba de captar a los interesados y ofrecía las licencias de conducir, previo pago de un monto de dinero estimado en unos 3000 pesos, a valores de esos años (cuando el dólar no superaba los 20 pesos). Los investigadores estiman que se vendieron aproximadamente medio millar de licencias, lo que arroja un perjuicio que ronda el 1,5 millón de pesos.
Esos fondos no ingresaban por los canales normales de pago, “defraudando de esta manera al Municipio, dado que por cada licencia que emitía se debía rendir las sumas recaudadas al Ministerio del Interior de la Nación, con un perjuicio considerable dada la importante cantidad de licencias emitidas de esta forma”.
Los compradores eludían de esa forma los requisitos legales y administrativos para acceder a las licencias. No tenían que preocuparse por los libre deuda, ni los controles médicos, ni rendir los exámenes de aptitud. La fiscalía sospecha que de esa forma personas, que estaban inhibidas legalmente, pudieron acceder a una licencia de conducir.
La fiscalía estableció que se emitían licencias de conducir en 10 minutos en días hábiles después de la jornada laboral y hasta los fines de semana.
Las maniobras se descubrieron y el Ejecutivo municipal presentó en septiembre de 2016 la denuncia para iniciar la investigación preliminar. Con la decisión de Calcagno, Lista tiene un año para completar la investigación.
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