Cesantean a tres directivos de la Escuela de Música de Junín de los Andes

Fueron denunciados tras detectarse un millonario fraude al Estado: la carga de datos falsos y duplicados para el pedido de horas cátedra y cargos. RÍO NEGRO reveló la maniobra. Hay también una denuncia penal.

El Consejo Provincial de Educación de Neuquén (CPE) dispuso las cesantías de tres directivos de la Escuela de Música de Junín de los Andes, tras determinarse su responsabilidad en maniobras en la carga de datos falsos que abultaban la matrícula y permitían lograr muchas horas y cargos en la institución.

Las irregularidades habían sido detectadas y denunciadas por un preceptor de esa Escuela, tras ser corroboradas por una funcionaria técnica de instancia superior. En agosto del año pasado, RÍO NEGRO reveló la manipulación de nada menos que 246 horas cátedra semanales y la evidencia de que había profesores que cobraban, pero no tenían alumnos.

En una resolución dictada el 25 de septiembre pasado, el CPE determinó las cesantías de Raúl Facundo Rodríguez, quien fuera director y luego docente; Agustín González (vicedirector), y Josefina Isabel González (prosecretaria).

Facsímil de la parte resolutiva de la decisión del CPE.

La decisión del CPE -firmada por la vicepresidenta del CPE, Ruth Flutsch, y los vocales Danilo Casanova y Marcelo Villar– expresa que “fueron acreditados los hechos” y que “no existen dudas sobre cuáles fueron las intenciones de los tres sumariados, al cargar en el sistema informático datos de personas que no eran alumnos regulares de la institución. Con esta modalidad -señala- adulteraron y duplicaron la matrícula, abusando del ejercicio de sus funciones, con el único objetivo de aumentar la misma para, de este modo, asignar horas y nombrar a docentes en los cargos y horas, generando como consecuencia un perjuicio al erario público”.

Los cesanteados habían sido previamente sumariados. El dictamen del CPE hace notar que “incumplieron con sus funciones, al no respetar el proyecto educativo institucional (Plan de Niños, Fobam y Planes de Estudio), permitiendo que desde la Institución se brinden talleres no habilitados, incremento de la matrícula de alumnos, cobertura de horas sin alumnos, docentes que dictaron clases en una asignatura o espacio diferente para el que fueron designados, entre otras graves irregularidades”.

Sostiene asimismo que los involucrados “se encontraban muy alejados de sus deberes como equipo de conducción, incumpliendo funciones y tareas impuestas por la normativa vigente e inherente a sus cargos, desplegando conductas en abierta violación a los Incisos «a», «c» y «d» del Artículo 5° del Estatuto del Docente”.

RÍO NEGRO, en un informe titulado “Millonario fraude: falseaban datos para lograr copiosas horas cátedras”, expuso que se incrementaban matrículas artificialmente con datos falsos o duplicados para lograr horas cátedra y contratar profesores. Reveló también que había insólitas materias que no tenían alumnos o muy pocos, se manipulaban registros y contrataban frecuentemente a docentes idóneos, entre otras irregularidades.

El círculo perverso se venía naturalizando año a año. Cálculos conservadores a agosto del año pasado determinaban que el Estado pudo haber sido defraudado en más de 5 millones de pesos anuales.

La causa penal

La Resolución del CEP fue remitida al Ministerio Público Fiscal de Junín, Manuel González, que instruye la causa 25717/2018, caratulada «NN; s/ Abuso de la autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos (consumado)”.

Pudo saberse que los acusados no se presentaron a declarar durante el sumario administrativo y tampoco presentaron contraprueba ante el sumariante, tras ser notificados. Sí habrían presentado descargos, pero fuera de los plazos establecidos para la defensa, que al parecer quedaron sin efecto.

Ahora, tras esta resolución del CPE, los cesanteados tienen 30 días hábiles para apelar.

“Buena fe”

En su alegato y descargo ante la sumariante, el vicedirector Agustín González aseguró haber “ejercido mi trabajo con buena fe y bajo la convicción de que mi desempeño laboral ha respondido a las exigencias éticas propias de mi rol y que, como tal, he sido coherente y honesto en mis prácticas escolares”. En ese sentido, negó “categóricamente cada uno de los cargos que se me imputan” y pidió su “sobreseimiento total y definitivo”.

La cesantía determina la imposibilidad de reingresar al sistema educativo por cinco años como mínimo. Imposibilita, además, que ingresen en cualquier otro cargo estatal provincial por el tiempo que dure la pena.

Entre los hechos acreditados por el CPE, en base a pruebas y testimonios de docentes y personal administrativo recabados durante el sumario, figuran:

Carga irregular de estudiantes al sistema informático Siuned.

• Agentes que cesaron en sus funciones y se encuentran con clave y usuario para ingresar al Siuned, que deberían haberse dado de baja.

• Agentes que ingresaron al Siuned (período marzo/octubre de 2018) haciendo modificaciones en las cargas anteriormente realizadas.

Horas vacantes y horas con profesores sin alumnos; docentes que dictan clases en una asignatura o espacio diferente para el que fueron designados.

• Libros de temas incompletos y con irregularidades. Eventos realizados en el establecimiento educativo utilizando el espacio escolar y los instrumentos de la institución con percepción de fondos


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