Choque de poderes

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Pueden discutirse el pro y el contra de usar las reservas del Banco Central para “desendeudarse” o para estimular la producción, ya que son temas legítimos, pero para casi todos los dirigentes opositores la maniobra sorprendente con la que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se las arregló para marginar a los poderes Legislativo y Judicial del conflicto en torno al asunto tuvo menos que ver con su eventual estrategia económica que con su voluntad insaciable de apoderarse de miles de millones de dólares. Es por eso que tantos hablan de un “asalto al Banco Central”, dando por descontado que se trata de una variante novedosa de un delito al que el país se ha acostumbrado últimamente. Quienes piensan así tienen buenos motivos para suponer que está en juego mucho más que el presunto deseo de la presidenta de conseguir préstamos a tasas de interés menos usureras que las que tuvo que pagar al régimen venezolano del amigo Hugo Chávez y la preocupación que podrían ocasionarle los problemas enfrentados por empresarios que necesitan créditos. Los Kirchner siempre han entendido la importancia de disponer de una “caja” llena de dinero para reclutar ejércitos de clientes no sólo en las zonas más pobres del conurbano bonaerense sino también en las gobernaciones de varias provincias, además, claro está, de permitirles mantener contentos a aliados clave como el sindicalista Hugo Moyano. De vaciarse la caja, su poder se reduciría en seguida hasta tal punto que, de tratarse de políticos democráticos normales, comprenderían que no les quedaría más opción que la de intentar colaborar con un Congreso dominado por la oposición, alternativa ésta que, ya es dolorosamente evidente, les parecería intolerable. En opinión de muchos dirigentes opositores y jueces, el lunes Cristina declaró la guerra al Parlamento –o sea al electorado– y a la Justicia al anunciar en efecto que en adelante gobernaría por decreto. Parecería que, a juicio de la presidenta y su marido, cualquiera que procure poner límites al accionar del gobierno nacional está al servicio de una “antipatria” despreciable cuyos intereses son incompatibles con los de lo que califican de “país real”. ¿Estarán dispuestos los líderes de la UCR, el peronismo disidente, la Coalición Cívica-ARI y diversas agrupaciones de la izquierda a desempeñar los papeles humillantes que Cristina les ha otorgado en una farsa de su autoría? A juzgar por las declaraciones furibundas que algunos están formulando, no se les ocurriría tratar de complacerla. Aunque se prevé que por ahora se concentren en hacer valer su poder en el Congreso, privando al gobierno del control de comisiones, cuestionando la idoneidad de Mercedes Marcó del Pont para encabezar el Banco Central y apadrinando amparos contra los decretos de necesidad y urgencia a los que la presidenta se ha aficionado, pronto se verán obligados a ensayar medidas más contundentes para hacerse oír. El poder de los Kirchner siempre ha descansado sobre tres pilares: la popularidad que les ha permitido ganar elecciones, la caja y el temor generalizado a una nueva crisis institucional equiparable con la que siguió a la renuncia, en medio de saqueos y disturbios callejeros, del presidente Fernando de la Rúa. Pues bien: su popularidad se ha reducido tanto que están entre los políticos menos queridos, y menos respetados, del país y sin el aporte masivo de las reservas la caja no tardaría en quedar vacía. Por lo tanto, el matrimonio depende más que nunca de la voluntad del grueso de la clase política de impedir que se interrumpa nuevamente el orden institucional, aun cuando para lograrlo le resulte necesario soportar a Cristina y su marido hasta diciembre del 2011. Así las cosas, sería de suponer que los Kirchner se esforzarían por congraciarse con sus adversarios a fin de asegurarse un fin de gestión relativamente tranquilo, pero sucede que, por motivos que no son muy claros, han elegido aumentar la tensión, lo que ha dado pie a la sospecha de que, conscientes de que su gestión conjunta está destinada a terminar mal, quieren desatar una crisis política tremenda con el propósito de figurar como víctimas heroicas del “golpismo derechista”, de ahí las provocaciones cotidianas y el desprecio arrogante que manifiestan por las formas constitucionales y por la legalidad.