Ciberestafas: proteger al usuario
En las últimas semanas se han multiplicado en la región los casos y denuncias de estafas y otros delitos cometidos de forma virtual, lo que demuestra que, más allá de las campañas de información a los usuarios para ser más cautelosos en su actividad digital, se necesitan acciones más firmes y efectivas por parte del Estado y empresas para combatirlas.
Los informes indican que los delitos asociados con el uso de internet y las redes sociales aumentaron un 3.000% desde 2019 y sobre todo en 2020, cuando la pandemia obligó a muchos a bancarizarse y adoptar métodos digitales para transacciones comerciales, financieras, pago de salarios, trámites en bancos y organismos del Estado o empresas de servicios.
Los principales delitos son el robo de claves de acceso a homebanking, datos de tarjetas, suplantación de identidad para pedir créditos, falsas compras o sorteos por redes. También estafas basadas en la desinformación sobre covid-19: test PCR falsos, medicación “alternativa”, vacunas truchas, entre otros. Muchos perdieron años de ahorro y trabajo sólo por un “click” o en variantes virtuales del “cuento del tío”.
En los informes sobre estos delitos siempre se pone el acento en las medidas de seguridad que deben tener los usuarios: básicamente nunca revelar datos privados sensibles (claves, contraseñas, tokken, DNI, números de tarjeta, PIN) vía correo, web o red social, ya que ninguna organización seria los pide. Tampoco ir al cajero, abrir la APP o acceder al homebanking en medio de una llamada de una supuesta entidad bancaria. El cliente debe ser quien origine la comunicación. Utilizar contraseñas fuertes, actualizar antivirus y navegadores actualizados, no usar equipos o redes públicas para estos trámites y tener siempre una actitud vigilante y desconfiada ante las ofertas.
“Tener estos descuidos es como dejar la llave del auto puesta o divulgar la clave de la alarma de tu casa”, dicen los expertos. Hasta cierto punto tienen razón. Sin embargo, se soslaya o minimiza la responsabilidad de bancos, empresas de servicios y del propio Estado en este tema. Es como si la seguridad del mundo real sólo dependiera de cuantas rejas, alarmas o seguridad privada pudiéramos poner en nuestros domicilios y bienes.
El Estado tiene una responsabilidad ineludible en aumentar los estándares de seguridad informática, tanto de las infraestructuras tecnológicas críticas como de las bases de datos de organismos públicos (AFIP, Anses, policías, registros, etc.) y del funcionamiento de los servicios al ciudadano. Sobran ejemplos en los cuales se han vulnerado estas condiciones en el pasado.
También las empresas son responsables de garantizar la seguridad y protección de los datos personales, cuentas personales e intereses económicos de sus clientes. Y están obligados a informarlos, a comunicarse con ellos, educarlos sobre prácticas financieras digitales y responder fehaciente y eficazmente a sus reclamos sobre los productos y servicios que contratan.
En los últimos meses, entidades de defensa del consumidor y la Justicia han sancionado a bancos y empresas por incumplir estas condiciones. Pero no con la celeridad y el rigor necesarios. Recién en julio pasado el Banco Central emitió una resolución que obliga a los bancos establecer nuevos métodos de monitoreo y control para verificar la identidad de sus clientes al otorgar créditos.
También falla el combate al ciberdelito. Son ínfimos los casos de persecución exitosa, hallazgo y condena de delincuentes virtuales, menos de recuperación de lo robado. Y pocos los entes especializados en combatirlo. Las divisiones de delitos complejos de las policías sufren carencia de personal e infraestructura. La justicia federal tiene una Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), cuya experiencia debiera ser estudiada por las provincias.
Como en otros aspectos de seguridad, los delincuentes virtuales tomaron la delantera respecto de la prevención y la protección de la población, por lo que es urgente no sólo una mejor educación de los usuarios sino también más firmes y eficaces acciones del Estado.
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