CIDH instó a respetar el lugar sagrado de los Paichil Antriao

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VILLA LA ANGOSTURA (AVLA).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno argentino a dar lugar a la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) en favor de la comunidad mapuche Paichil Antriao. La medida exigida busca proteger el “rewe” o lugar sagrado de la comunidad y garantizar las condiciones de vida e integralidad física de los miembros que ocupan terrenos aledaños. El fallo fue confirmado por la comunidad Paichil Antriao, que celebró la resolución de la CIDH y ahora aguarda la respuesta del estado nacional. El fallo busca que la comunidad pueda desarrollar sus prácticas rituales y acceder al rewe, cuya locación y existencia es puesta en duda por los propietarios de los lotes. A principios de 2010 el juez subrogante Federico Sommer dictó una medida cautelar para que se suspendan los trabajos en un área del lote de William Fisher, donde representantes de la comunidad indicaron la existencia de un antiguo rewe para realizar ceremonias. Según el abogado de Fisher, Héctor Vénica, el área es un triángulo que incluye además una parte del terreno del basquetbolista Emanuel Ginóbili. La medida de Sommer fue apelada y está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. En 2005 algunos miembros de la comunidad y personas vinculadas a ellas pero sin ascendencia mapuche ocuparon lotes adquiridos por Fisher. En el 2009 la justicia falló a favor del propietario dando por probado la posesión previa y ordenando la restitución de la tierra. Por esa razón, finalmente la medida derivó en un desalojo de una vivienda y el desmantelamiento de otras dos. La CIDH instó al gobierno a que en 20 días informe qué medidas concretas adoptó para resguardo de la comunidad. Además de garantizar el acceso al rewe, pide que se garantice el bienestar de las personas que actualmente viven en la zona del Belvedere. Esto, en virtud de las denuncias de que el municipio no les provee agua potable, ni realiza la recolección de basura y las denuncias sobre persecuciones y enfrentamientos con la policía. “La noticia fue un alivio. Nos abre una alternativa de diálogo con el gobierno. El hecho de imponer este recurso sirve para empezar de dialogar, es la única metodología que puede haber”, señaló ayer Mario Railaf, vocero (werken) de la comunidad. En coincidencia con un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Railaf señaló la llamativa ausencia del INAI y la falta de aplicación de la ley 26160, vigente desde el 2006. Entre otras cosas, la ley indicaba la prohibición de los desalojos hasta tanto no se hiciera un relevamiento territorial. El relevamiento aún no se realizó. El abogado de Fisher cuestionó la decisión y señaló que no fueron convocados para presentar sus pruebas y su versión. “Es una medida unilateral”, dijo Venica.