Cipolletti y el desafío de controlar las reuniones sociales

El Ejecutivo dispuso de fuertes multas a quienes no cumplan la medida. Pero todavía no está claro cómo se pondrá en práctica la inspección. Apuntan al “compromiso social” de la sociedad.





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Cipolletti sumó tres casos de coronavirus. (Foto: Florencia Salto)

Cipolletti sumó tres casos de coronavirus. (Foto: Florencia Salto)

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Por el momento no habrá nuevas flexibilizaciones en Cipolletti.

Por el momento no habrá nuevas flexibilizaciones en Cipolletti.

Las reuniones sociales generaron el 95 por ciento de los casos de coronavirus en Cipolletti. Así lo anuncian los voceros del Poder Ejecutivo de la ciudad. Y claro, ese es el foco que tendrán en la mira todas las fuerzas de seguridad que intervienen en el objetivo de controlar el aislamiento preventivo.

Incluso, habrá integrantes de Gendarmería para patrullar las calles cipoleñas. Sin embargo, el control sobre la propiedad privada es un eje con muchos matices y muy complejo de abordar. ¿Qué va a pasar por ejemplo cuando se solicite un allanamiento nocturno para disuadir una reunión social?

Se sabe que el allanamiento nocturno es una medida que solo se realiza con la presencia de un juez, jueza o fiscal. Y además por tratarse de una medida que afecta derechos constitucionales su control es muy estricto y se autoriza en casos verdaderamente graves y cuando es estrictamente necesario.


En un contexto de reunión social la policía bien podría establecer una guardia afuera del inmueble y solicitar documentos a las personas que salgan del interior para corroborar los domicilios.


No está claro tampoco cómo procederán para saber dónde y cuándo se realizan los encuentros que por DNU están prohibidos en todo el país hasta el 16 de agosto. La principal herramienta de control serán las propias denuncias de los vecinos, tal como lo viene aplicando la provincia con el 0800 drogas.


En el caso de Cipolletti el Ejecutivo dispuso el domingo una escala de fuertes multas para quienes no cumplan con las medidas de aislamiento obligatorio. Para la reuniones sociales, la sanción económica asciende hasta 250 mil pesos.

Hoy hubo una reunión cumbre para determinar la competencia. Sería lógico que el poder de sanción recayera en el Juzgado de Faltas municipal (porque es una resolución local la de las multas) aunque también se coordinará con el Juzgado de Paz y la fiscalia para las contravenciones provinciales y delitos penales.


El municipio apunta a una medida conductista para evitar los encuentros sociales y evitar así la propagación del virus, pero la forma de operar parece, por ahora, difícil de dilucidar. No es una opción detener a quien no cumpla con la normativa ya que puede generar más problemas que soluciones, además de que no hay lugar en los calabozos de la ciudad.

El propio fiscal Jefe, Santiago Márquez Gauna, lo explicó cuando semanas atrás un paciente con Covid-19 se escapó del hospital y generó un revuelo en la ciudad. En ese momento dejó claro que detenerlo solo agravaría la situación.

La policía, en la reunión que hubo esta mañana, insistió en la poca capacidad de alojamiento que disponen en las unidades (dos o tres calabozos en cada una de las cinco comisarías). El ingreso de detenidos al penal del paraje El Treinta es imposible sin previo aislamiento de 14 días.


El municipio apunta al "compromiso social" de los vecinos para que denuncien reuniones sociales. "Nosotros estamos intentando juntar a la población, le estamos diciendo que no se junte, que hace 130 días estamos con el mismo discurso que tenemos que respetar las medidas. Apelamos a la responsabilidad social", detalló el intendente Claudio Di Tella.


De la reunión participaron todos los organismos que intervienen en la cruzada para frenar la propagación del virus en la ciudad: juzgado de Paz y de Faltas, fiscalía, policía provincial, Gendarmería, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y referentes del área de Salud para consensuar políticas. "Es la primera vez que nos reunimos todos, comenzando a debatir el tema de los controles pero todavía no hay muchas soluciones la vista", contó una fuente que formó parte del encuentro.


El responsable del área de Fiscalización, Cristian Blanco, pidió que los vecinos que vean irregularidades llamen al 109 para denunciar. "No habrá más flexibilización ni tampoco vamos a volver atrás pero sí vamos a fortalecer los controles sumando a Gendarmería. La idea de la reunión fue optimizar los controles y que la población tenga claro qué puede hacer y qué no.

El mecanismo es que el vecino denuncie al 109 y nosotros actuamos", dijo el funcionario. Blanco agregó que el brote de casos en Cipolletti fue por las reuniones sociales que se dan especialmente los fines de semana.


Las medidas adoptadas desde el domingo incluyen un fuerte incremento en el valor de las multas: por no usar barbijo o tapabocas, 10.000 pesos; por circular sin autorización después de las 23 u organizar reuniones sociales, 250.000 pesos; por secuestro de vehículo, 120.000 pesos; participar de reuniones sociales, 20.000 pesos. Algunas cifras son extremas si se tiene en cuenta el agravamiento en la situación económica de muchas familias de la ciudad.


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