Ciudades competitivas
Muchos se sorprenderían, dada nuestra situación actual, al saber que nuestra Constitución nacional tenía como orden de prioridades en su sistema político al individuo, luego a las provincias y por último a Nación; sin embargo y fundamentalmente desde 1930 hasta la actualidad, ese orden se fue invirtiendo. A pesar de que la Constitución reformada en 1994 otorgó grandes avances en materia de regionalización y autonomía municipal, la tendencia no ha mejorado y el poder del gobierno central ha crecido exponencialmente. En Europa la tendencia hacia la descentralización está más marcada, ya que podemos mencionar la conformación de la red de ciudades europeas conocida con el nombre de Eurocities, la cual busca dar mayor peso a los asuntos municipales en el contexto de la Unión Europea (UE), o el caso de Cataluña entre otras regiones en el Viejo Continente que han planteado con voz y peso su disconformidad ante los gobiernos centrales respectivos por el mal manejo de la economía. Dentro de este nuevo posicionamiento de las ciudades, regiones o provincias aparece el tema de la competitividad. ¿Es posible hablar de competitividad de las mismas?, o podríamos preguntarnos si el clima de negocios del país condiciona a todas las ciudades, provincias y regiones por igual. A nivel mundial existen programas como el que lleva adelante el Banco Mundial, el cual se lo conoce con el nombre de “Haciendo Negocios Subnacional”. El estudio se centra en las regulaciones federales, estatales y municipales que afectan cuatro etapas del ciclo de vida de una pequeña o mediana empresa doméstica: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos. Estas variables permiten obtener una idea aproximada, nunca perfecta, de la libertad y limitaciones que tienen, en este caso, los residentes de una ciudad para emprender, consumir, producir, ahorrar e invertir. Existe una clara correlación entre una mayor facilidad para abrir un negocio y un mejor nivel de vida de los habitantes de una ciudad. Lógicamente la del Banco Mundial es una medición de gran ayuda a la hora de determinar la competitividad de las ciudades. Al igual que con las bondades de la competencia, donde el consumidor sale beneficiado, podríamos pensar que, así como una persona elige en el mercado el producto o servicio que mejor satisface su necesidad, también debería poder elegir la comunidad que mejor satisface sus preferencias para invertir y prosperar. No está de más aclarar que este argumento se aplica a diferentes niveles de gobierno, no solamente los locales; la movilidad de los recursos coloca en competencia a las instituciones legales de países y a gobiernos regionales, estaduales o provinciales dentro de ellos. Las instituciones, que pueden ser formales o informales, estructuran comportamientos por medio de los incentivos que generan. Cuando la mayoría de las reglas de juego se orientan a servir la demanda de los consumidores en un contexto competitivo generan riqueza. Pero si la mayoría de las reglas fueron orientándose hacia el otorgamiento de privilegios a determinados grupos, logrando éstos beneficios particulares a costa del consumidor, generan pobreza y deterioro del nivel de vida de las mayorías. Esto quiere decir que un gobierno, local o provincial, que no respete el derecho de propiedad y los contratos, que manipule el valor de la moneda emitiendo bonos provinciales (cuasi moneda) como reemplazo de la moneda de curso legal, se endeude para financiar gastos corrientes, que imponga pesadas cargas impositivas, tarifas, aranceles, cuotas y busque restringir las licencias comerciales, asuma funciones empresariales malgastando recursos públicos, y si además no provee ciertos servicios gubernamentales básicos como seguridad, protección y justicia, perderá recursos que se trasladarán a ciudades o regiones más amigables a la inversión, debido a la emigración de sus residentes. El gobierno local, por lo tanto, se verá obligado a prestar más atención a aquellos que se quedaron en esa jurisdicción. El federalismo y la descentralización posibilitan esta competencia entre jurisdicciones, ya que usualmente es más fácil trasladarse de un municipio a otro o de una provincia a otra, que a otro país; la movilidad es “física” y de capital. La competencia entre jurisdicciones es creadora de riqueza, ésta no es algo estanco o un juego de suma cero en donde lo que se traslada a un lado se pierde en otro. Por ejemplo: el comercio intrazona en Europa representa aproximadamente el 37% del comercio mundial. Es mucho más fácil y más dinámico realizar intercambios comerciales entre las regiones o ciudades de Europa –por ejemplo comerciar de Nápoles a Salzburgo– que entre algunas ciudades de la Argentina. En nuestro país hay microrregiones como las que conforman las ciudades del centro de la provincia de Santa Fe que podrían ser una excepción a tener en cuenta. Sin dudas que mientras el gobierno central siga manejando la coparticipación, con criterios “feudales”, el incentivo a generar un buen clima de negocios, limitar gastos o en hacer más eficientes los servicios será casi nulo, ya que los eficientes no son premiados y los malos administradores saben que podrán recibir más de lo que aportan si se someten a los dictados del gobierno central. Para lograr instituciones más efectivas que puedan poner en valor a las ciudades o regiones de la Argentina, es indispensable un retorno inmediato a los principios que rigen nuestra Constitución nacional y al orden de prelación enunciado al comienzo. Sólo las instituciones que protejan la libertad de comercio generarán un clima de negocios próspero que permitirá elevar el nivel de vida de los habitantes. (*) Licenciado en Relaciones Internacionales Fundación Progreso y Libertad
Pablo Benítez (*)
