Comedia negra

Si bien es factible que en base a la información disponible cualquier juez federal hubiera decretado que no existen elementos suficientes para procesar a los once senadores que supuestamente vendieron sus votos al gobierno cuando éste procuraba convertir en ley la reforma laboral, virtualmente nadie cree que la decisión en tal sentido de Carlos Liporaci se haya inspirado en un examen objetivo de los hechos. La mayoría cree que, por el contrario, se debió exclusivamente a la voluntad del juez de congraciarse con los “padres de la patria”, impresión que por cierto haría comprensible la evolución de la causa. Como se sabe, al estallar el escándalo Liporaci afirmaba que sí contaba con “indicios graves y concordantes que para esta instancia judicial me permiten aseverar que hubo sobornos”, convicción que a la luz de lo que sucedería después muchos atribuirían al clima político entonces imperante, pero andando el tiempo optó por cambiar de actitud, acaso porque el público manifestaba cada vez menos preocupación por el tema. Por cierto, a partir de fines de setiembre el juez mismo pareció perder interés en la causa, de ahí la torpeza y falta de convicción de la “investigación” que instrumentaba.

En opinión del ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, la decisión “vergonzosa” de Liporaci sirvió para “indultar” al Senado y por lo tanto ha provocado más daño a la credibilidad, ya escasa, de las instituciones en la Argentina. No cabe duda de que millones de ciudadanos comparten el punto de vista del hombre que renunció a su puesto por entender que el gobierno del cual formaba parte antepondría su relación con los senadores a su presunto compromiso con la lucha contra la corrupción. Asimismo, dadas las circunstancias es lógico que los más hayan dado por descontado que la decisión del juez Liporaci de declarar sin méritos la causa por falta de pruebas concretas constituía un intento de su parte de complacer a senadores que de otro modo tendrían buenos motivos para castigarlo aprovechando las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra. En efecto, como consecuencia de la irresponsabilidad sistemática de legisladores habituados a designar como jueces a sus propios partidarios, se había creado una situación absurda en que juez y los denunciados alternaban tanto en el tribunal como en el banquillo de los acusados, asegurando así un resultado farsesco porque, al fin y al cabo, era del interés manifiesto del juez Liporaci tratar con la máxima benevolencia a quienes poco después tendrían que participar en su propio juicio.

Por razones evidentes, la relación íntima, de complicidad, que a pesar de la creación del Consejo de la Magistratura aún existe entre los legisladores por un lado y los jueces por el otro es incompatible con la justicia. El sistema vigente es intrínsecamente corruptor: puesto que los políticos están en condiciones de incidir en el destino de los jueces y éstos a su vez en aquel de los políticos, siempre es fuerte la tentación de intercambiar favores, lo cual, desde luego, contribuye a difundir la sensación de impunidad que está en la raíz de la conducta a menudo escandalosa de tantos “dirigentes” y magistrados. La sociedad en su conjunto es dolorosamente consciente de esta realidad, razón por la cual la mayoría sólo siente desprecio por los senadores y por jueces como Liporaci, pero parecería que se ha acostumbrado a vivir bajo la sombra de la alianza no santa de políticos amorales y jueces indignos, de suerte que pocos creen en la posibilidad de desbaratarla en los meses próximos.

La resignación malhumorada resultante es comprensible, pero puede que la gente esté por reaccionar. En octubre la ciudadanía tendrá una oportunidad para renovar el Senado y es de prever que muchos individuos notorios sean expulsados de la cámara que algunos políticos eminentes no han vacilado en calificar de “aguantadero”. Asimismo, la indignación ocasionada por el comportamiento de tantos jueces hace pensar que el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, a pesar de su debilidad y de la resistencia del jefe a tomar medidas que incomodarían a sus congéneres de la clase política, por fin se verá obligado a intentar atenuar las lacras más patentes de la Justicia. Es de esperar que ello ocurra porque de lo contrario el futuro del país será decididamente sombrío.