Comienza el debate en la Cámara de Diputados por las jubilaciones de privilegio

El oficialismo busca reunir el quorum para darle tratamiento al proyecto que ya generó el rechazo de un sector de la oposición y de las organizaciones que agrupan a jueces y funcionarios del Poder Judicial. Advierten por "una ola de renuncias".

El proyecto que intenta recortar las jubilaciones a los magistrados y diplomáticos comenzará a dar sus primeros pasos hoy en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ya cuenta con el respaldo de un sector de la oposición. Si bien ya se modificaron algunos párrafos de la propuesta original, no hubo acuerdo para incluir una cláusula transitoria solicitada por Juntos por el Cambio para evitar la renuncia masiva de jueces y fiscales en condiciones de jubilarse y que no quieren perder los beneficios con la entrada en vigencia del nuevo régimen.

El principal bloque opositor anticipó que no dará quorum. «Quieren provocar la renuncia masiva de jueces y fiscales paralizando causas y habilitando la discrecionalidad para nominar a dedo a los jueces que deben investigar la corrupción kirchnerista», advirtieron.

La sesión está convocada para el mediodía y, de no haber nuevas modificaciones en el texto, habría suspenso hasta el final. El primer desafío a superar por el bloque que preside Máximo Kirchner es el quorum: en minoría, con 118 integrantes, deberá reunir una decena de apoyos ajenos para arrancar el debate.

En los bloques opositores las posiciones están divididas: mientras Juntos por el Cambio decidió no bajar al recinto, los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo -que hasta ahora se mostraron cercanos al oficialismo- estaban divididos. La izquierda, si bien presentó un proyecto propio, dará quorum. Así las cosas, el oficialismo aprovechará las diferencias ajenas para llevar agua a su molino.

Confiado en lograr el quorum, el Frente de Todos tendrá como paso siguiente la tarea de mantener sin cambios el dictamen que ayer aprobó en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto. Un dato: ese dictamen tuvo escasos apoyos opositores -el del cordobés Carlos Cassinerio, un hombre del gobernador Juan Schiaretti, y el del misionero Diego Sartori, que firmó con disidencias-, por lo que el oficialismo deberá estar muy atento a que la oposición no intente colar algún cambio no deseado durante el debate en particular de los artículos, según advirtió un artículo publicado por el diario La Nación.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto del Gobierno es el que establece que los magistrados ya no cobrarán el 82% sobre la base del último sueldo en actividad, sino que ese porcentaje se computará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría del cargo vigente al momento del cese. Este mismo criterio se aplicará para la movilidad de los haberes. Así lo aclaró ayer el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, ante el plenario de las comisiones.

Esta precisión -la base del cómputo y la actualización de los haberes- fue incorporada como modificación al texto original. Asimismo, el oficialismo accedió a desdoblar la edad jubilatoria de los magistrados (será de 60 años para las mujeres y de 65 años, de manera escalonada, para los hombres), al tiempo que se eliminó como requisito para acceder a la jubilación especial el haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial. En cambio, sí se les exigirá a los futuros jubilados haber cumplido como mínimo 10 años de servicios continuos o 15 discontinuos en la Justicia.

Estas modificaciones, sin embargo, no convencieron a las asociaciones de magistrados, cuyos representantes desfilaron ayer por el plenario de las comisiones para advertir que con este recorte en las jubilaciones se desatará una ola de renuncias de jueces y fiscales en condiciones de jubilarse. En este sentido, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, precisó que en la actualidad hay 194 jueces que tienen la jubilación concedida, mientras que otros 19 ya iniciaron el trámite. Si a este número se suman las vacantes ya existentes en el Poder Judicial, «los jueces en actividad van a ser menos del 50%», dijo.

Ante esta situación, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, acompañado por Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), se reunió ayer con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y Máximo Kirchner para proponerles la incorporación de una cláusula transitoria que garantice que aquellos magistrados y funcionarios en condiciones de jubilarse puedan acceder a los beneficios del régimen actual (sin los recortes que plantea el proyecto) hasta el momento en que decidan retirarse.

El secretario de Seguridad Social, Bulit Goñi, rechazó la propuesta porque, a su juicio, es redundante con la ley actual. «Los magistrados que hoy no hicieron el trámite pero que al día anterior a la promulgación de la ley hayan cumplido con los requisitos de la ley 24.018 conservarán sus derechos. No se afectan los derechos adquiridos de ninguno de los funcionarios que están en condiciones de adquirir el beneficio, sea que se jubilen hoy o sea que se continúen trabajando hasta los 75 años», enfatizó.

Los diputados Pablo Tonelli, Alejandro Cacace y Luis Pastori, de Juntos por el Cambio, insistieron con la cláusula transitoria. La negativa del Gobierno fue terminante.

Van al paro

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, ratificó ayer el paro general nacional de hoy, con movilización hacia el Palacio de Tribunales a partir de las 10, en demanda de «una jubilación judicial igualitaria» y en rechazo del proyecto oficial.

La semana anterior, Piumato presentó a través del diputado nacional José Ramón un proyecto de ley de reforma que, para el sindicato, «es superador de la iniciativa oficial, ya que contempla a todos los trabajadores» del sector.

La protesta de hoy había sido decidida la semana anterior por el Confederal del gremio, que sesionó en Buenos Aires con la participación de centenares de delegados judiciales de todo el país.


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