Comunicación audiovisual: incertidumbre y desconfianza

JOSÉ BRILLO (*)

Hace tres años, cuando se votó la ley de Medios, sólo cuatro diputados nacionales lo hicimos en contra: los tres legisladores del MPN y Laura Montero, del sector de Julio Cobos. El resto de la oposición se retiró del recinto. Teníamos nuestras diferencias con el proyecto del Poder Ejecutivo y lo expresamos en la presentación de una propuesta alternativa. Una de las principales diferencias era que, garantizado el espectro a las instituciones y ONG, se permitiera el ingreso de las telefónicas al mercado audiovisual para que compitan de igual a igual con el Grupo Clarín, incorporando telefonía e internet a los alcances de esta ley en beneficio de los oyentes, televidentes o espectadores. La otra diferencia importante se centró en el artículo 161, que a nuestro modesto entender era inconstitucional, porque creemos que no se puede obligar a desinvertir en un año a quienes excedan o no cumplan los términos de la ley cuando los mismos tengan licencias que vayan más allá de ese año de plazo. El artículo 161 de nuestro proyecto expresaba: “La ley comenzará a implementarse para cada medio cuando finalicen sus licencias”. Creímos que era menos traumático, más viable, ordenado y libre de cualquier sospecha de venganza, ya que resguardaba los derechos adquiridos, los compromisos, las inversiones y los proyectos generados a partir de las licencias. Lamentablemente, a poco de ser votada, la ley en su integralidad fue dejada de lado por una guerra que no admitió más protagonistas que el gobierno y Clarín, aumentando en el tiempo el volumen de la confrontación. Medios y periodistas en su gran mayoría, alistados de un lado u otro, asumieron posiciones cerradas, a veces mentirosas o agresivas. Los dos protagonistas apelando a todo tipo de recursos en la batalla judicial, a punto tal que la Asociación Nacional de Magistrados le llamó la atención al gobierno por sus intromisiones en el accionar judicial. El escenario recortó un grupo empresario que defiende sus pertenencias y sus activos pero que no entiende, o no quiere entender, que la comunicación es un bien social y necesita ser regulado y equilibrado y denuncia –de forma muy desacertada– a periodistas por incitación a la violencia y coacción agravada. Un gobierno que aboga por una comunicación transparente y democrática y que no permite más anunciantes que él mismo en “Fútbol para Todos”, asumiendo la misma posición dominante que cuestiona de Clarín. Un gobierno que no ha sido capaz de dar el ejemplo –en aras de la transparencia y horizontalidad que declama– de hacer lugar a los distintos proyectos de ley de distribución de la pauta oficial o de acceso a la información pública que aún permanecen en el Congreso. Un gobierno que no estuvo de acuerdo con nuestro proyecto cuando proponíamos la incorporación de las telefónicas pero que ahora se esfuerza en “maquillar” la independencia de Telefe de Telefónica. Y que estaría convalidando una seudodesinversión en favor de familiares directos, como lo haría con el grupo Vila-Manzano. Como telón de fondo, un Poder Judicial mucho más emparentado e individualizado con la confusión y la dilación que con el esclarecimiento y la justicia. La verdad es que el tiempo y los hechos han desnudado las peores miserias y mezquindades de los protagonistas de la disputa en torno a esta ley, pero lo peor es que han generado una gran incertidumbre y desconfianza en cuanto al futuro de la comunicación audiovisual, sea cual fuere la sentencia final. (*) Diputado nacional del MPN, Neuquén