Confirman procesamiento de jueces civiles de la dictadura

Lo decidió la Cámara Federal de General Roca. Se trata del juez, fiscal y la defensora del Juzgado Federal de Neuquén que trabajaron durante la dictadura.

La Cámara Federal de Apelaciones de General de Roca resolvió confirmar los procesamientos de Pedro Laurentino Duarte, Víctor Marcelo Ortíz y María Ester Borghelli, quienes habían solicitado el sobreseimiento por prescripción en una serie de hechos vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura en Neuquén. Se trata de civiles que revitaban en organismos judiciales federales de la provincia.

El organismo de alzada emitió una acordada en la que rechaza “liminarmente la excepción de falta de acción por prescripción articulada por la defensa” y por lo tanto admitió en forma parcial -según los casos denunciados- los recursos presentados por fiscales y organismos de derechos humanos para revocar el sobreseimiento de Duarte, Ortíz y Borghelli.

En la audiencia comparecieron, por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia para la causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de Neuquén Miguel Ángel Palazzani; Eduardo Peralta, defensor oficial en representación de los imputados Pedro Laurentino Duarte, Víctor Marcelo Ortíz y María Ester Borghelli; y por la parte querellante APDH, el apoderado Bruno Sebastián Vadalá.

No hay otros acusados como cómplices civiles de crímenes de la dictadura en la región. Hatga ahora las condenas son todos militares, o los civiles de inteligencia que trabajaban como grupos de tarea, como Raúl Guglielminetti.

El juez federal a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, Gustavo Villanueva, dispuso el procesamiento del exjuez federal, exfiscal federal y entonces defensora en el mes de abril de 2018.

Se los acusó de haber efectuado aportes al plan sistemático de represión ilegal de la última dictadura militar, en sus roles como funcionarios judiciales con desempeño en el Juzgado Federal de Neuquén en el período que abarcó desde el año 1976 y hasta el año 1984, cuando cesaron en tales cargos.

La investigación comenzó en el 2012 con los primeros requerimientos impulsados por la Fiscalía Federal de Neuquén a fin de que se profundizara la investigación del accionar de los entonces funcionarios judiciales, quienes fueron indagados por el juez federal a partir del 2015, luego de reiterados pedidos presentados por Palazzani.

Según informó la fiscalía, los hechos objeto del pronunciamiento se vinculan directamente con secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, imposición de tormentos físicos y psicológicos, el alojamiento de los detenidos en condiciones inhumanas y, en algunos casos, con la desaparición forzada de personas y su presunta eliminación física, seguida de la ausencia de información para sus familiares acerca de la localización de sus cuerpos, todo ello en el marco del terrorismo de Estado.

Los aportes reprochados consisten en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios judiciales, quienes a sabiendas del contexto en el que ocurrían los hechos, asignaban a las presentaciones de Hábeas Corpus y denuncias de los familiares de las víctimas de secuestros y detenciones ilegales un trámite meramente formal a los expedientes, omitiendo promover las investigaciones y archivando expedientes sobre la base de información falsa. 21 son las víctimas y familiares damnificadas.

Por otra parte, el juez federal Villanueva dispuso que los delitos por los cuales fueron procesados Duarte, Ortiz y Borghelli resultan conexos de los delitos calificados como de lesa humanidad, todos los cuales concursan en forma real.

Entre las evidencias consideradas por el magistrado para dictar los procesamientos, surge que los tres funcionarios de la justicia federal habrían sido promovidos como magistrados por el General José Luis Sexton, quien se desempeñó durante casi la totalidad del período dictatorial como Comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, que fue precisamente la sede del comando del Subzona 52 con intervención en la totalidad de la provincia de Neuquén y parte de Río Negro. También valoró la existencia de prueba documental y testimonial que indicarían que estos funcionarios visitaban el Comando de Brigada.

Comprendía además los casos de José Luis Cáceres, Juan Raúl y José Franciso Pichulmán, Carlos Alberto Schedan, Rodolfo Luis Marinoni, Onofre Rosendo Mellado, María Cristina y Silvia Beatriz Botinelli, Jorge Américo Villafañe, Luis Alfredo Miguel Genga y José Luis Albanessi.


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