Conflictos con mapuches: los planes de Nación para una salida
En Tucumán se creará un consejo tripartito (Seguridad, Justicia y Medio Ambiente) para idear soluciones negociadas. Analizan el rol de provincias. Asistirán Río Negro y Neuquén.
El primer juicio contra miembros de la comunidad mapuche LAfken Winkul Mapu por usurpar un lote de Parques Nacionales se desarrollará el 12 de diciembre. (foto de archivo)
El gobierno nacional llevará hoy al Consejo Federal de Seguridad Interior una propuesta para abordar los conflictos con pueblo originarios, entre ellos los mapuches, con el eje en el diálogo y la búsqueda de métodos alternativos para su resolución.
Este tema de la agenda del consejo que reúne a partir de hoy, y hasta el viernes a todos los ministros de Seguridad de las provincias, tiene especial interés para Río Negro y Neuquén donde se mantienen latentes puntos de conflictividad de distintas comunidades, con la intervención de la Justicia Federal.
Según adelantaron a RÍO NEGRO fuentes del ministerio, en la reunión del jueves se firmará la creación de un Consejo tripartito, integrado por el Ministerio de Seguridad por un lado, Medio Ambiente por otro (porque ahí recae Parques Nacionales), y en tercer lugar por el Ministerio de Justicia (porque dentro de la Secretaría de Derechos Humanos está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con su titular Magdalena Odarda).
Se discute todavía si se va a abrir la puerta a las provincias para integrar este ente tripartito.
La idea es crear una mesa de resolución alternativa de conflictos por la tierra, en general con pueblos originarios, no particularmente con la conflictividad de las agrupaciones mapuches, pero sí considerando las experiencias de los últimos años. La intención es desarrollar mecanismos de diálogo para evitar situaciones de violencia.
Frederic ya anticipó el rumbo que busca imprimirle al tratamiento de conflictos territoriales con pueblos originarios. Semanas atrás se reunió con Odarda, y con la vicepresidenta de Parques Nacionales, Andrea Martínez, con quienes acordó avanzar en una propuesta para “generar un mecanismo de diálogo entre el gobierno nacional y cada una de las provincias para promover soluciones integrales a los conflictos”, informó el ministerio.
En ese encuentro se abordó la necesidad de incorporar la visión académica de las universidades del Comahue, Río Negro y la UBA, “para entender la cosmovisión, las diversidades, el presente, los derechos y las distintas demandas de los pueblos originarios”.
La ministra Frederic llegaría a la provincia de Tucumán hoy a las 11 de la mañana y mantendrá una reunión con el gobernador Juan Manzur.
De las reuniones del Consejo de Seguridad participarían el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, su par de Justicia, Marcela Losardo, Sergio Massa y legisladores de la oposición. Hay posibilidades de que vaya Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en Diputados. Frederic tendrá reuniones bilaterales con ministros provinciales.
Es muy probable, pero recién se confirmará hoy, que el jueves vaya Alberto Fernández a la provincia para inaugurar el encuentro.
El ministro de Seguridad rionegrino, Gastón Pérez Estevan, confirmó su asistencia al encuentro en Tucumán, con la expectativa de conocer el plan integral que el nuevo gobierno le imprimirá a la conflictividad territorial desatada con comunidades de pueblos originarios.
Pérez Estevan ya mantuvo un primer encuentro con su par nacional Sabina Frederic en diciembre. En esa oportunidad fue de presentación, junto a la gobernadora Arabela Carreras.
Ahora volverá a encontrarse con la titular de la cartera, que preside el consejo, con una agenda federal y a la espera de conocer los lineamientos de la política nacional en materia de seguridad.
En Bariloche se mantiene latente el conflicto, que está judicializado, por la ocupación de tierras de la lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, que meses atrás se extendió hacia la costa del lago, al otro lado de la ruta nacional 40, a unos 35 kilómetros de Bariloche.
En esta causa que lleva adelante el Juzgado Federal de Bariloche, hay integrantes de la comunidad mapuche procesados.
En paralelo se investiga el asesinato de Rafael Nahuel, en contexto de un operativo comandado por Prefectura Naval Argentina en noviembre de 2017.
Neuquén: el foco de tensión es la zona caliente de Vaca Muerta
La ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, será la representante de Neuquén en la reunión del Consejo Federal de Seguridad que se realizará esta semana en Tucumán. Desde el área no dejaron trascender ayer detalles sobre la agenda vinculada a los conflictos mapuches.
En la provincia aún está pendiente la finalización del relevamiento territorial de la ley 26.160 y la mayoría de los conflictos con comunidades tienen foco en la zona caliente de Vaca Muerta.
El convenio de co-ejecución que envió el gobernador Omar Gutiérrez al INAI el año pasado para concluir el procedimiento fue impugnado por el defensor federal Pablo Matkovic por haber excluido a la comunidad Campo Maripe, una de las más activas en el reclamo por la posesión ancestral de tierras en la zona de Añelo donde operan las empresas hidrocarburíferas.
Seis de los integrantes de esta comunidad fueron juzgados en 2019 por usurpación y luego resultaron absueltos, pero el Tribunal de Impugnación anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio.
El principal argumento de la defensa fue que estos conflictos no debían judicializarse, ya que aún estaba pendiente el relevamiento territorial, después del cual se definiría el mecanismo de titularización de las tierras.
El relevamiento
Desde que se sancionó la ley, en 2006, Neuquén relevó 15 comunidades. En el listado que Neuquén envió al INAI el año pasado para concluir el relevamiento incluyó a 34, cuatro de ellas en la zona Confluencia: la Newen Mapu, Paynemil, Purrán y Kaxipayiñ. El argumento para excluir a los Campo Maripe fue que no tenían personería jurídica al momento de sancionarse la ley (el exgobernador Jorge Sapag se las entregó recién en el 2014).
Desde el ministerio que conduce Merlo indicaron que el Consejo de Seguridad tendrá el funcionamiento de “una mesa de diálogo” con actores gubernamentales y de la sociedad civil entre quienes se incluyó a Odarda y al presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Alejandro Amor.
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