Continúa a la tarde la segunda audiencia en el juicio contra Igoldi

Continúa a la tarde la segunda audiencia en el juicio contra Igoldi

Con los testimonios del defensor oficial Pedro Vega, el efectivo policial Gastón Leiva y el abogado Juan Carlos Chirinos se desarrolla la segunda audiencia del juicio político contra el juez Favio Igoldi, suspendido desde hace casi un año.

Mañana están previstos los alegatos y el martes 6 será la lectura de la sentencia.

Ayer Igoldi responsabilizó al poder político y al judicial de Río Negro por el juicio político que se lleva adelante desde ayer en su contra, en el marco de la investigación del Consejo de la Magistratura por disfunciones presuntamente cometidas en el ejercicio de su función.

“Fui hostigado por el poder político desde el mismo momento que asumí”, dijo Igoldi ayer, al hablar durante casi dos horas ante el Tribunal encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, e integrado por los abogados Gervasio Vallati, Luciana Albaiteiro y Gastón del Castaño y los legisladores Silvia Morales Leandro Lescano y Alejandro Ramos Mexía.

Inicialmente, el defensor del juez acusado, Ricardo Montanari, planteó recusaciones y nulidades que en sendas resoluciones fueron rechazadas por los consejeros.

Luego se leyó el requerimiento presentado por la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano, quien acusó a Igoldi de haber incumplido disposiciones de orden público pese a los reiterados llamados de atención de ambas salas de la Cámara del Crimen.

Le endilgó haber actuado por impulso y siguiendo sus emociones y no haber otorgado el derecho a defensa en causas como la generada a partir del incendio intencional del Juzgado 4, la acusación contra el ex integrante del Superior Tribunal de Justicia Víctor Sodero Nievas por el uso de viáticos y patrimonio del Poder Judicial para uso personal, una causa por el supuesto desvío de un millón de pesos del que se acusaba a los sindicalistas Juan Carlos Scalesi y Rubén Pereira, por no haber evacuado citas de testigos o imputados en varios hechos de delitos comunes, no agotar la investigación del homicidio de un comerciante de apellido Gómez ocurrido en esta capital, entre otros casos.

Igoldi admitió que en algunas de sus decisiones pudieron existir errores, pero no disfuncionalidades. Adjudicó a cuestiones de criterio jurídico algunas de las diferencias con las Cámaras y enfatizó sus críticas a sus integrantes y sus vínculos con la política.

“Hay elementos objetivos para considerar que esto se trata no de querer sacar un juez malo, sino todo lo contrario, dejar un juez que puede ser eficiente, independiente y objetivo cuando le lleguen causas contra la administración pública fuera de sus funciones”, sostuvo.

Recordó que “el bloque radical salió a decir que cometía prevaricato, una presidenta de bloque sacó una carta en mi contra, por ahí estaban acostumbrados a otros jueces y no pensaron nunca que podía ser diferente a mi antecesor”, sostuvo en referencia al juez Carlos Reussi, uno de los camaristas que anuló varias de sus actuaciones.

Evocó una “amenaza del gobernador Alberto Weretilneck hacia todos los magistrados de la provincia” cuando se emitió “una gacettilla oficial atacándome burdamente” tras el inicio de la causa por los seguros de vida de Carlos Soria.

Luego acusó al camarista Guillermo Bustamante de ser amigo de quien fuera su par y hoy está detenido por una de las causas de corrupción de menores, Juan Bernardi. “Me animé a tocar a uno de los intocables”, dijo Igoldi. También acusó a Reussi de haberle pedido al momento de asumir en su lugar que “no llamara a indagatoria al ex gobernador -Miguel- Saiz antes de las elecciones”, indicó.

Vinculó a Bustamante con los legisladores Facundo López y Adrián Casadei -quien fue sumariante en esa causa-.

“Bustamante absolvió a Marcela Rossio -ex funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social y pareja de Casadei- en un expediente en el que él recibía pasajes para él y su familia, pasajes para pobres los recibía él, porque era amigo de Rossio”, acusó.

También dijo que Reussi tenía en su Juzgado “apiladas 40 causas de corrupción a punto de prescribir, no es que yo me levantaba queriendo procesar radicales, pero tuve que abocarme porque había indagado y estaban sin resolver”.

Además, marcó sus fuertes diferencias con la fiscal Itziar Soly.

Soly lo acusa de obstaculizar la investigación

La fiscal Itziar Soly acusó al suspendido juez Favio Igoldi de obstaculizar la investigación acerca del incendio en el Juzgado 4, ocurrido el 26 de julio de 2015.

Lo acusó de haber rechazado 3 de los 10 allanamientos solicitados con los cuales esperaba obtener pruebas que condujeran a los autores del siniestro intencional.

La integrante del Ministerio Público Fiscal, al ser consultada por Baquero Lascano, procuradora general y superior máxima de la propia Soly, detalló que Igoldi le retiró el saludo luego de que ella informara que personas investigadas habían sido anoticiadas desde el juzgado que sus teléfonos estaban intervenidos.

La declaración de Soly y la del jefe de la comisión investigadora, el comisario Carlos Bruno, fueron de las cinco escuchadas ayer las más contundentes contra el magistrado ya que indicaron que la negativa a allanar domicilios por parte del juez suspendido provocaron que no se pudiera obtener prueba importante.

En su declaración inicial, Igoldi anticipó que negó esos allanamientos porque apuntaban a personas que eran novias o amantes o allegados de posibles implicados y que no estaban convenientemente fundados los pedidos.

Los tres restantes testimonios fueron del fiscal de Primera Instancia, Juan Pedro Puntel; su colega Paula Frandsen y el juez Carlos Mussi, quienes expresaron que la labor de Igoldi era correcta, que su labor era ágil y que actuaba con celeridad. Mussi, quien fue secretario de Igoldi dijo que nunca recibió directivas que le llamaran la atención.