Contra la educación
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se habrá propuesto emular al “gran timonel” chino, Mao Zedong, que hundió a su país en el caos impulsando la llamada revolución cultural en que, con el respaldo del régimen que les garantizaba impunidad, hordas de jóvenes se ensañaron con los mayores por suponerlos demasiado reaccionarios, pero al apoyar sin tapujos la toma de escuelas por parte de alumnos secundarios, planteó el riesgo de que el conflicto que se ha desatado en la capital federal se extienda al resto del territorio nacional. En vez de apoyar al ministro de Educación, Alberto Sileoni, que había pedido a los alumnos volver a clases, la presidenta afirmó que lo que están reclamando es muy razonable y se abstuvo de criticar su conducta, ya que “será cuestión de que los chicos terminen enseñándonos”, dando a entender así que aprueba su forma de actuar, actitud ésta que se asemeja mucho a la asumida en su momento por Mao. Parecería que para Cristina lo que está sucediendo es un problema sólo para el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, de suerte que le convendría agravarlo, pero las escuelas de la capital federal distan de ser las únicas que necesitan ser refaccionadas, ya que en las demás jurisdicciones la situación es todavía peor. Por lo tanto, conforme a la lógica presidencial, todos los alumnos del país deberían aprovechar una oportunidad para “enseñarnos” ocupando los edificios hasta que hayan sido reparados. Mientras que la presidenta ha dado su apoyo moral a quienes están tomando escuelas y participando de marchas callejeras en la Ciudad de Buenos Aires, otros integrantes del gobierno nacional están procurando presionar a los padres de los alumnos que asisten a colegios privados para que opten por la educación pública, de ahí la decisión de la Anses de privar a 300.000 chicos de la asignación supuestamente universal por hijo. Si bien la medida –el decreto correspondiente ya había sido firmado por Cristina– fue suspendida después de oírse las protestas vehementes de varios gobernadores provinciales, incluyendo a algunos que siempre han sido kirchneristas fervorosos, voceros de la Iglesia Católica, políticos opositores, la Defensoría del Pueblo, organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales de las que no puede sospecharse de albergar sentimientos elitistas, además, desde luego, de muchas personas de bajos recursos que dependen del subsidio para llegar a fin de mes, la amenaza queda latente: según el gobierno, que se ha comprometido a llevar a cabo “un estudio exhaustivo” del problema, seguirán pagándose las asignaciones hasta que haya finalizado el año. Es que, como deberían saber muy bien los funcionarios de Anses, asistir a un colegio privado no es un privilegio que se ve limitado a los ricos. Abundan los establecimientos que no cobran nada y brindan una educación a chicos procedentes de familias paupérrimas. Discriminar contra ellos porque han elegido un colegio privado sólo podría justificarse en los términos ideológicos que suelen favorecer ciertos partidarios del “modelo” oficial. De todos modos, tanto en nuestro país como en muchos otros, los colegios privados existen sólo porque suelen ser superiores a los públicos. Si no lo fueran, ni siquiera a los más ricos se les ocurriría invertir dinero –en algunos casos, mucho dinero–, en un intento de asegurar que sus hijos reciban una educación que los prepare para enfrentar los desafíos que les deparará el futuro, algo que el sistema público sencillamente no está en condiciones de ofrecerles. En cuanto a los colegios privados gratuitos que son subsidiados por instituciones religiosas, en las zonas más pobres del país cumplen una función que es imprescindible a causa de las deficiencias notorias del sistema público. Si para los ideólogos kirchneristas, el mero hecho de que haya colegios privados constituye un problema preocupante, la única manera racional de tratar de solucionarlo consistiría en hacer un esfuerzo genuino por mejorar la educación pública hasta que sea por lo menos tan buena como la brindada por las escuelas que, según la definición oficial, se encuentran en el sector privado, lo que, huelga decirlo, no necesariamente significa que quienes las dirigen lo hacen con fines de lucro, como parecen creer los que quisieran que el Estado se encargara de todo.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 860.988 Director: Julio Rajneri Co-directora: Nélida Rajneri de Gamba Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Domingo 12 de septiembre de 2010
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se habrá propuesto emular al “gran timonel” chino, Mao Zedong, que hundió a su país en el caos impulsando la llamada revolución cultural en que, con el respaldo del régimen que les garantizaba impunidad, hordas de jóvenes se ensañaron con los mayores por suponerlos demasiado reaccionarios, pero al apoyar sin tapujos la toma de escuelas por parte de alumnos secundarios, planteó el riesgo de que el conflicto que se ha desatado en la capital federal se extienda al resto del territorio nacional. En vez de apoyar al ministro de Educación, Alberto Sileoni, que había pedido a los alumnos volver a clases, la presidenta afirmó que lo que están reclamando es muy razonable y se abstuvo de criticar su conducta, ya que “será cuestión de que los chicos terminen enseñándonos”, dando a entender así que aprueba su forma de actuar, actitud ésta que se asemeja mucho a la asumida en su momento por Mao. Parecería que para Cristina lo que está sucediendo es un problema sólo para el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, de suerte que le convendría agravarlo, pero las escuelas de la capital federal distan de ser las únicas que necesitan ser refaccionadas, ya que en las demás jurisdicciones la situación es todavía peor. Por lo tanto, conforme a la lógica presidencial, todos los alumnos del país deberían aprovechar una oportunidad para “enseñarnos” ocupando los edificios hasta que hayan sido reparados. Mientras que la presidenta ha dado su apoyo moral a quienes están tomando escuelas y participando de marchas callejeras en la Ciudad de Buenos Aires, otros integrantes del gobierno nacional están procurando presionar a los padres de los alumnos que asisten a colegios privados para que opten por la educación pública, de ahí la decisión de la Anses de privar a 300.000 chicos de la asignación supuestamente universal por hijo. Si bien la medida –el decreto correspondiente ya había sido firmado por Cristina– fue suspendida después de oírse las protestas vehementes de varios gobernadores provinciales, incluyendo a algunos que siempre han sido kirchneristas fervorosos, voceros de la Iglesia Católica, políticos opositores, la Defensoría del Pueblo, organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales de las que no puede sospecharse de albergar sentimientos elitistas, además, desde luego, de muchas personas de bajos recursos que dependen del subsidio para llegar a fin de mes, la amenaza queda latente: según el gobierno, que se ha comprometido a llevar a cabo “un estudio exhaustivo” del problema, seguirán pagándose las asignaciones hasta que haya finalizado el año. Es que, como deberían saber muy bien los funcionarios de Anses, asistir a un colegio privado no es un privilegio que se ve limitado a los ricos. Abundan los establecimientos que no cobran nada y brindan una educación a chicos procedentes de familias paupérrimas. Discriminar contra ellos porque han elegido un colegio privado sólo podría justificarse en los términos ideológicos que suelen favorecer ciertos partidarios del “modelo” oficial. De todos modos, tanto en nuestro país como en muchos otros, los colegios privados existen sólo porque suelen ser superiores a los públicos. Si no lo fueran, ni siquiera a los más ricos se les ocurriría invertir dinero –en algunos casos, mucho dinero–, en un intento de asegurar que sus hijos reciban una educación que los prepare para enfrentar los desafíos que les deparará el futuro, algo que el sistema público sencillamente no está en condiciones de ofrecerles. En cuanto a los colegios privados gratuitos que son subsidiados por instituciones religiosas, en las zonas más pobres del país cumplen una función que es imprescindible a causa de las deficiencias notorias del sistema público. Si para los ideólogos kirchneristas, el mero hecho de que haya colegios privados constituye un problema preocupante, la única manera racional de tratar de solucionarlo consistiría en hacer un esfuerzo genuino por mejorar la educación pública hasta que sea por lo menos tan buena como la brindada por las escuelas que, según la definición oficial, se encuentran en el sector privado, lo que, huelga decirlo, no necesariamente significa que quienes las dirigen lo hacen con fines de lucro, como parecen creer los que quisieran que el Estado se encargara de todo.
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