Contrataciones de Quiroga en la mira de los concejales

Las contrataciones directas del Ejecutivo Municipal fueron el eje del debate ayer en la comisión de Legislación, cuando funcionarios de Hacienda fueron consultados por la auditoría que se contrató por 2,38 millones de pesos para conocer el estado “integral” de la caja jubilatoria municipal.

El titular de Economía de la comuna, José Luis Artaza, faltó a la convocatoria. En su lugar respondieron Pamela Zalabardo (de Hacienda) y el director de Compras de la comuna, Pablo Azúa, quienes insistieron en que el estudio contable fue contratado por su “especialidad en auditorías” y que se eligió porque fue el privado que realizó los balances de la entidad los últimos 10 años.

Sostuvieron que fue legal la contratación directa, que se hizo a través de una resolución de un secretario de gabinete. La concejal Jorgelina González (UCR en Cambiemos) y la presidenta de la comisión, Laura Plaza, defendieron la postura del oficialismo y mantuvieron fuertes cruces con el Frente Neuquino, que en febrero pidió que la fiscalía investigue la contratación.

El Frente Neuquino sostiene que pudieron haber convocado a una licitación y que la vía utilizada para la contratación fue irregular. “El nivel de autorización era el suficiente”, insistió Azúa, en respuesta a los cuestionamientos. Los ediles Francisco Baggio y Luis Durán insistieron que era una interpretación “forzada” la elección del estudio PEMP Diez y Asociados como único disponible para la tarea, basado en sus condiciones “técnicas”.

“No cuestionamos que el municipio no tenga competencia para contratar en forma directa, ni siquiera los montos; sí de manera fehaciente que no esté justificado porqué esta opción y no otra”, dijo el concejal Juan Ousset (secretario de la comisión).

Para el edil Alejandro Nicola hubo “desprolijidad” en la adjudicación directa firmada sólo por un secretario, sin mediar un decreto y a la misma firma contable que lleva adelante los balances de la caja jubilatoria.

La misma metodología se utilizó con Torresec SA, un convenio que el Ejecutivo exige que se homologue para iniciar la instalación de las torres para la telefonía 4G. Se indicó que para que el Deliberante convalide ese convenio, se deberá consignar que el acuerdo se firmó en condiciones de excepción de la ordenanza en vigencia.