Corrupción de menores: dos causas, seis imputados

Protegen a dos testigos fuera de la provincia. El juez Bernardi entró en licencia y designó defensor.

VIEDMA

VIEDMA (AV).- La Justicia prevé tomar testimoniales y producir más pruebas, mientras que Desarrollo Social de la provincia dispuso que sean trasladadas fuera de la provincia dos menores de edad que habrían aportado información clave para avanzar en la investigación por presunta corrupción y facilitación de la prostitución infantil que tramita en esta capital.

La repercusión pública del caso está centrada en la imputación contra el camarista penal Juan Bernardi, quien pidió licencia, se desvinculó de la acusación y se puso a disposición de la Justicia, designando como defensor al abogado Manuel Maza.

Pero además se supo de otros involucrados. Fuentes de la investigación identificaron a uno de ellos con las iniciales F. P. y señalaron que habría sido operador de Promoción Familiar de Desarrollo Social, y a otro como J. A., un trabajador encargado del mantenimiento de la casa Bernardi, ubicada camino a El Cóndor, que fue allanada anteayer. La identidad del tercer imputado -Bernardi- se difunde completa pues el propio magistrado se pronunció públicamente sobre el caso.

A los tres se los involucra en una investigación originada por una denuncia de Desarrollo Social y ninguno ha sido todavía citado a indagatoria.

Trascendió que los elementos de prueba reunidos ya resultan suficientes para comenzar con el proceso de la causa. La incorporación de más pruebas y testimonios ampliará el panorama que, según la merituación que haga el juez Favio Igoldi, complicará o desvinculará a los imputados.

Esta denuncia -según pudo establecer este diario- se sumó a una investigación que la Justicia ya trabajaba desde el año pasado, centrada en la existencia de una presunta red de prostitución infantil en Viedma de la que resultarían víctimas varias adolescentes en situación de vulnerabilidad social, con el agravante de que muchas de ellas se encontrarían institucionalizadas, es decir, bajo la protección del Estado.

En el primer expediente estarían involucrados -por lo menos- un comerciante, un abogado y un médico. Se habrían realizado allanamientos y tomado una cantidad importante de testimonios, en la mayoría de los casos a través de Cámara Gesell por ser las testigos menores de edad.

En las dos causas el fiscal Juan Pedro Puntel impulsa las acciones ante el juez Igoldi.

El abogado Manuel Maza confirmó que aceptó la defensa del camarista Bernardi y se estima que los otros dos imputados hicieron lo propio, información que no pudo ser confirmada.

Por otra parte anoche se conoció que la legisladora Tania Lastra, del bloque Juntos Somos Río Negro, solicitó que en forma “urgente” se reúna el Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción para analizar la situación de Bernardi. La legisladora, que es consejera suplente, hizo el planteo a la presidenta del STJ, Adriana Zaratiegui, quien a su vez preside el Consejo, para que llame a sesionar para “definir las medidas a tomar respecto de los hechos de prostitución infantil que involucrarían a un magistrado de la capital provincial”.


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