Corte de servicios: el proyecto rionegrino para los que no pagan el agua

El gobierno provincial elevó un proyecto de acortamiento de plazos para intimar y exigir la regularización de deudas por los servicios de aguas y cloacas en Río Negro, reduciendo tiempos para aplicar la reducción de la presión y de la suspensión

La iniciativa -que la semana pasada ingresó a la Legislatura- ya originó críticas por parte de legisladores del Frente para la Victoria y, también, presentaciones contrarias.

El proyecto gubernamental modifica el actual marco regulatorio de prestación del servicio de agua potable, cloacas y riego (ley N°3183), que presta esencialmente ARSA en la provincia, con distintas cooperativas.

En la fundamentación, el Poder Ejecutivo advierte que las reformas “permitirán acotar los plazos para reducir el caudal o cortar el suministro de agua de aquellos usuarios residenciales que no tengan voluntad de pago” o “hayan suscripto un convenio de pago y no lo cumplan, y de los usuarios comerciales y grandes consumidores”. El “único y loable objetivo” es “lograr que abonen los servicios prestados oportunamente”.

En principio, el nuevo esquema reduce plazos en la mora aceptada y autoriza a las concesionarias para efectivizar reducción del servicio y, posteriormente, los cortes por la factura impaga.

También, se elimina la presente exigencia de la prestadora de una “notificación fehaciente, pues -en la práctica- se torna dificultoso que el usuario sin voluntad de pago quiera recibirla, dificultándose también conseguir personal que quiera realizar dicha intimación”. En ese sentido, se faculta al concesionario a la “remisión de un aviso de deuda por medio postal, telefónico o digital”, tras la falta de cancelación, podrá procederse “a la reducción del servicio a los usuarios en mora mediante la colocación de limitadores de caudal o de presión”. Frente a la continuidad del incumplimiento, el segundo paso podrá ser el corte del servicio.

También, el proyecto gubernamental se “obligan al pago” a “los servicios prestados a los tenedores y adjudicatarios de inmuebles otorgados por la Nación, la Provincia, Municipios, entidades autárquicas, cooperativas, mutuales, gremiales, obras sociales y asociaciones civiles, como a los usuarios de hecho y/o derecho de inmuebles del dominio público”.

La oposición salió con fuertes cuestionamientos. El legislador del AFRN, Mario Sabbatella advirtió que esas reformas perjudicará “a los más vulnerables y a aquellos alejados de la tecnología”. Alerta que “si no tenés un mail no te enterás de nada, y si te atrasás tan solo 15 días en el pago, el proveedor tiene derecho a cortar el servicio. Es una barbaridad, un abuso hacia el usuario cautivo que tal vez no tiene acceso a internet o a un mail, y justamente afecta a los sectores donde los tarifazos más duelen”.

Por su parte, legisladores del FpV anunciaron la presentación de un proyecto para “evitar cortes de servicios por falta de pago”. Se trata de la respuesta -explicaron- a la “mirada neoliberal” que tiene el gobernador Weretilneck. El legislador Alejandro Ramos Mejia, uno de los autores, recordó que el FpV viene presentando “amparos en beneficio de los vecinos y, también, promoviendo iniciativas que protejan a quienes no puedan pagar los servicios públicos”.