Crímenes políticos

Por motivos que tienen más que ver con las preferencias políticas del gobierno actual y de distintos sectores opositores que con la experiencia internacional en la materia, aquí se ha difundido la idea de que para ser culpable de un crimen de lesa humanidad resulta necesario haber participado en la represión ilegal cuando gobernaba la dictadura militar más reciente. Por cierto, parecería que pocos quisieran tratar con la misma severidad a los asesinos de la Triple A, la organización netamente criminal que fue formada por el gobierno del presidente Juan Domingo Perón y que utilizó una metodología muy similar a la del régimen castrense. En cuanto a las organizaciones terroristas marxistas, peronistas o neofascistas que pulularon aquí antes del golpe de Estado de 1976, parecería que a juicio del oficialismo sólo se trataba de manifestaciones de “idealismo” protagonizadas por jóvenes que soñaban con un mundo mejor y que por lo tanto sería absurdo, propio de reaccionarios tentados por “la teoría de los dos demonios”, equiparar sus delitos con lo hecho por miembros de las fuerzas armadas y la Policía. Así las cosas, no sorprendió en absoluto que la Corte Suprema calificara de, a lo peor, “delitos comunes” los atentados sanguinarios que fueron perpetrados por terroristas en la década de los 70 del siglo pasado o que un juez federal fallara que el asesinato, en 1973, del líder sindical José Rucci no puede calificarse de un delito imprescriptible de lesa humanidad. En algunos casos, en especial aquellos que involucran a integrantes del régimen militar y sus auxiliares, el que los crímenes fueran cometidos por razones presuntamente políticas es considerado una agravante. En otros, en cambio, es tomado por una atenuante. Sin embargo, como muchos juristas han señalado, en el resto del mundo se ha consolidado un consenso en el sentido de que es ilegítimo discriminar de manera tan nítida entre el accionar de quienes delinquen al servicio de un régimen, es decir, del Estado, y quienes militan en agrupaciones que aspiran a derribarlo para entonces reemplazarlo, ya que les corresponde a todos sin excepción respetar los derechos humanos fundamentales tanto de sus enemigos como de terceros. Así, pues, frente al conflicto salvaje que está convulsionando a Siria, organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos no se limitan a denunciar las atrocidades perpetradas por el régimen del dictador Bashar al Assad. También critican a los miembros de agrupaciones rebeldes que han resultado ser igualmente brutales aunque, hasta ahora cuando menos, en una escala decididamente menor. En algunas partes del mundo, si bien no en todas, es habitual discriminar entre crímenes “comunes”, por un lado, y otros de “lesa humanidad” por el otro, pero mientras que los primeros pueden atribuirse a motivos exclusivamente personales, como el afán de lucro o el odio, los de la segunda categoría suelen inspirarse en doctrinas políticas o religiosas que, desde luego, a menudo tienen consecuencias que son incomparablemente peores. Las víctimas del comunismo, nazismo, fascismo, el nacionalismo desenfrenado y la militancia sectaria se cuentan por decenas, cuando no por centenares, de millones, razón por la que puede justificarse la propensión generalizada a ver en el fanatismo político una agravante. Asimismo, no ha contribuido a la despolitización de los derechos humanos el que desde hace varios años los vinculados de un modo u otro con el gobierno nacional hayan hecho gala de su voluntad de reivindicar a los terroristas de los años setenta y de condenar, con la máxima severidad, a quienes procuraron “aniquilarlos”, como les había ordenado un gobierno peronista de origen democrático. Por el contrario, habrá convencido a los que, si bien por motivos nada misteriosos se han llamado a silencio, suponen que en última instancia los represores no tenían más alternativa que la de luchar contra el terrorismo con métodos terroristas, de que en la Argentina el bien y el mal son relativos, ya que dependen no de lo que uno efectivamente hace sino de la militancia política, de suerte que asesinar por una causa supuestamente justa sería digna de elogio, pero actuar de modo idéntico al servicio de una causa que, a juicio de una mayoría circunstancial, es mala, no podría perdonarse nunca.