Crisis y empleo

Argentina enfrenta un escenario complicado. Por primera vez después de una “década ganada” la economía entra en una fase recesiva. Es una situación novedosa que plantea nuevos dilemas que no estaban presentes en el horizonte cognitivo de los responsables políticos. Esa falta de previsión tendrá graves consecuencias en uno de los espacios estratégicos fundamentales: la economía productiva.

El sistema capitalista se basa en dotar de autonomía a las unidades productivas que usualmente denominamos empresas. Si analizamos el sistema con independencia del régimen de propiedad -de modo que lo que a continuación decimos se podría aplicar perfectamente a una economía socialista autogestionada bajo “control obrero”, como era el modelo yugoslavo- las unidades productivas, para ser eficientes, necesitan ajustar flexiblemente su demanda de empleo a la demanda de su producción. Si la demanda de su producción disminuye, inevitablemente disminuye su demanda de empleo, lo que obliga a un ajuste de personal.

Si ese ajuste de personal no se produce, las empresas dejan de estar financieramente equilibradas. Eventualmente pueden entrar en pérdidas. Otra opción consiste en aumentar sus precios para compensar esa falta de productividad. Pero la consecuencia es que estos aumentos las pueden tornar no competitivas en los mercados internos y externos, con lo que pierden oportunidades de colocar sus productos y así se incrementan sus dificultades.

Desde una perspectiva empresarial, cualquier intervención ajena a las señales que emite el mercado que les exija, por ejemplo, mantener niveles de empleo superiores a los necesarios, las torna improductivas. Podrán eventualmente, durante breve tiempo, mantener el nivel de empleo pero, a la larga, la situación se hará insostenible y el resultado final puede ser la quiebra y la pérdida de una fuente de trabajo.

Hasta aquí hemos visto el problema desde el ángulo de las dificultades empresariales. Si ahora analizamos el problema desde la situación que afrontan los trabajadores, obviamente, la pérdida de empleo puede convertirse en un drama personal y familiar. La mengua de ingresos de la unidad familiar -en una economía poco dinámica como la argentina- no puede reconstituirse con facilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se pierde el empleo y en pocas semanas se puede obtener otro. Esto no acontece en nuestro país.

Estamos, por consiguiente, ante uno de los dilemas que son habituales en la economía. Si obligamos a las empresas a mantener el nivel de empleo, sabemos que a la larga la situación se tornará insostenible y corremos el riesgo de que la falta de productividad lleve a la empresa a la quiebra y se pierdan no sólo unos sino todos los empleos. Si, por el contrario, accedemos a la petición de la empresa de reducir parcialmente su planta de personal para situarla en los niveles de la demanda, habrá familias de trabajadores que quedarán particularmente afectadas.

Este dilema, en las sociedades capitalistas avanzadas, se ha resuelto diseñando seguros de desempleo; es decir que se establece una contribución forzada de las empresas y los trabajadores que aportan a un fondo común, de modo que cuando una empresa se ve en la obligación de reducir su personal éste pasa a recibir una contribución durante un período de tiempo en el que se estima que podrá obtener una nueva ocupación. Generalmente esta prestación de desempleo suele ser ligeramente inferior al salario anterior, como forma de estimular la nueva contratación.

En Argentina, pese a tener al frente de la economía a declarados simpatizantes de Keynes -inventor de los sistemas que permiten sostener la demanda agregada- no se ha implementado ningún seguro de desempleo medianamente serio. Existe un programa denominado Plan de Recuperación Productiva que otorga a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual no remunerativa por un plazo de hasta 12 meses destinada a completar el sueldo mediante el pago directo por Anses. Pero se trata más bien de una subvención a las empresas que de un seguro de desempleo (sólo 515 millones en el 2009). De modo que en la actualidad no estamos preparados para atender los problemas que genera una situación recesiva que inevitablemente provoca una reducción del empleo.

Los gobiernos populistas, que atienden sólo al corto plazo, se limitan a exigir a las empresas mantener el empleo a cualquier costo. En la misma dirección trabajan los sindicatos peronistas que con toda irresponsabilidad -como hemos visto en el sector petrolero en Neuquén- llaman a realizar huelgas de solidaridad que tienen graves efectos sobre la economía productiva. A esta fiesta populista se suman con entusiasmo los sindicatos controlados por grupos políticos anticapitalistas, que invariablemente se oponen a cualquier demanda formulada por el “enemigo” capitalista.

Esta alianza inamistosa contra las empresas termina en un resultado previsible: la destrucción de sectores de la economía productiva. El ejemplo elocuente en Neuquén es el caso Zanon, donde una empresa que tenía la más moderna maquinaria productiva, que ocupaba a 900 trabajadores y exportaba a más de 35 países del mundo terminó siendo destruida por la intransigencia de un grupo sindical anticapitalista que la ha convertido en una empresa inválida que vive del subsidio estatal y ha perdido todos los mercados exteriores.

No podemos ignorar el drama de los trabajadores que pierden su empleo. Pero al mismo tiempo no podemos exigir a las empresas que mantengan sus niveles de empleo cuando la realidad económica no lo permite. Los gobiernos tienen que resolver este dilema. Pero lo que deben tener presente, en base a las experiencias del pasado, es que las fórmulas que son meros parches en el presente pueden dañar las bases de una economía productiva. Defender la economía productiva es también defender el futuro de los trabajadores.

ALEARDO F. LARÍA

aleardolaria@rionegro.com.ar

OPINIÓN