Crispación empresaria
En todos los países, salvo los más miserables, el sector privado sirve de vaca lechera. De su estado de salud dependen los demás, incluyendo, desde luego, a los gobernantes; si disfruta de buena salud conseguirán los recursos financieros necesarios para concretar sus iniciativas, caso contrario no tardarán en encontrarse en dificultades. Por motivos prácticos, pues, les conviene a los gobiernos tratar bien a los empresarios, pero parecería que el encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha llegado a la conclusión de que es de su interés adoptar una actitud decididamente hostil hacia todos aquellos que a su juicio no comulgan con su “proyecto”. Bajo el pretexto conmovedor de querer defender los derechos de los jubilados y trabajadores, está procurando colonizar los directorios de empresas grandes que, desafortunadamente para ellas, contaban entre sus accionistas a las AFJP que el gobierno estatizó, con la viva aprobación de buena parte de la clase política nacional. Como no pudo ser de otra manera, ha sido tan tentadora la oportunidad planteada por el cambio más reciente decretado por el gobierno, que sindicalistas y personajes vinculados con La Cámpora y otras agrupaciones oficialistas ya se han puesto a pelear por pedazos del botín político resultante. Por razones comprensibles, a los empresarios afectados no les gusta para nada tener que incorporar a sus directorios a militantes políticos o sindicalistas. En un intento de obstaculizar el desembarco, Siderar, del grupo Techint, postergó la elección de directores y pidió a la Justicia declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia presidencial destinado a abrir las puertas a los nominados por el gobierno, el que contestó denunciando judicialmente las “irregularidades” que a su entender hubo en la asamblea de accionistas que se celebró la semana pasada. Por ser tan lentos los tiempos de la Justicia, y tan complicados sus procedimientos, no puede preverse el desenlace de esta disputa, pero no cabe duda de que las embestidas repetidas de los kirchneristas contra empresas emblemáticas –Techint, Clarín, Shell, etcétera– por motivos que tienen mucho más que ver con la política que con cualquier cuestión legal, ha incidido de forma sumamente negativa en el clima de negocios. Tanto aquí como en el exterior está difundiéndose la impresión de que el gobierno de Cristina ha optado por avanzar por un camino no muy distinto del tomado por el caudillo venezolano Hugo Chávez. Aunque sería una exageración calificar de bolivariano el “modelo” K, la voluntad kirchnerista de continuar construyendo poder, aumentando el ya conseguido con la creación, subsidios mediante, de una especie de rama empresarial y colmando de favores a la sindical a fin de mantener intacta la alianza con Hugo Moyano, ha llevado al gobierno a interferir cada vez más en el sector privado. Huelga decir que el proceso de estatización creciente que se ha puesto en marcha no beneficiará en absoluto a la clientela electoral kirchnerista que, como es notorio, se concentra en las zonas más pobres del Gran Buenos Aires y del interior. A menos que los empresarios, tanto los actuales como los que surjan en el futuro, inviertan lo bastante por confiar en la buena voluntad de la clase política y no sentirse hostigados por el gobierno de turno, no se crearán las fuentes de trabajo bien remunerado que tanto necesita el país. Aunque con cierta frecuencia la presidenta se afirma contraria a la concentración de la riqueza –lo mismo que su marido fallecido–, la está estimulando porque siempre ha militado en un movimiento corporativista cuyos ideólogos nunca entendieron la importancia fundamental de la iniciativa privada para una economía moderna. Antes bien, siempre han sido propensos a creerla una actividad propia sólo para estafadores corruptos que, al igual que los “oligarcas” del campo, harían cualquier cosa por dinero. Tales prejuicios, compartidos por muchos radicales, centristas e izquierdistas, han tenido consecuencias aciagas para decenas de millones de personas, ya que es debido a la extrema debilidad –la falta de “competitividad”– del empresariado nacional que el ingreso per cápita de la Argentina sigue siendo una mera fracción de los de América del Norte o los países de Europa occidental.
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