Cuadratura del círculo
Todo hace pensar que, como Isabel Perón en la Argentina de hace cuarenta años, cuando el estado de la economía era tan malo que incluso el Rodrigazo le pareció mejor que la alternativa que consistía en dejar las cosas como estaban, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner finalmente ha llegado a la conclusión de que la inflación no está por batirse en retirada frente a la ofensiva productiva que le habían prometido sus asesores y que, por lo tanto, los funcionarios que la acompañan tendrán que suministrarle un plan que sea capaz de frenarla. La tarea que les ha confiado dista de ser fácil. Para resultar aceptable a la presidenta un plan contra la inflación, tendría que ser compatible con el relato del Indec y no podría suponerle al oficialismo costos políticos significantes, ya que estamos nuevamente en un año electoral. Por desgracia, a esta altura, ni siquiera un equipo económico conformado por aquellos premios Nobel que merecen la aprobación presidencial, hombres como los debidamente heterodoxos norteamericanos Joseph Stiglitz y Paul Krugman, le aseguraría lo que está reclamando a Axel Kicillof, Guillermo Moreno, Hernán Lorenzino, Mercedes Marcó del Pont y especialistas externos de ideas afines a las reivindicadas por los kirchneristas. Según todos, salvo los funcionarios militantes del Indec intervenido, en enero el costo de vida aumentó el 2,6% y, puesto que la emisión monetaria ha adquirido un ritmo enloquecido, subiendo casi el 40% anual, no sorprendería en absoluto que el 2013 terminara con un índice muy por encima del 50%. Asimismo, aun cuando el gobierno optara por prolongar el congelamiento minorista hasta las elecciones previstas para octubre, sólo lograría crear las condiciones para un estallido inflacionario tan traumático como los que tantos perjuicios causaron en las décadas finales del siglo pasado. La razón principal por la que los gobiernos de otros países, entre ellos Brasil, suelen reaccionar con vigor frente a síntomas inflacionarios que aquí pasarían desapercibidos, tiene menos que ver con su presunto apego a recetas “neoliberales” o con la influencia supuestamente perversa del FMI, que con la conciencia de que luchar contra el mal es sumamente difícil. No se ha inventado aún una cura indolora para la inflación y no existe motivo alguno para suponer que el gobierno de Cristina esté por descubrirla. Las propuestas teóricas en tal sentido, que a través de los años han fascinado a los intelectuales populistas locales, se inspiraron en nada más que la voluntad de sus autores de figurar como contestatarios audaces dispuestos a oponerse a la ortodoxia foránea. Se trata de un suplemento supuestamente “científico” al relato confeccionado por los historiadores revisionistas, no de los resultados de un esfuerzo serio por encontrar soluciones a un tiempo eficaces y políticamente ventajosas para un problema concreto. Hasta hace poco, el gobierno de Cristina actuaba como si creyera que le sería dado convivir por mucho tiempo más con una tasa de inflación que en otras latitudes sería considerada insoportable porque, al fin y al cabo, las molestias ocasionadas no parecieron incidir en la popularidad de la presidenta o en los resultados electorales, pero la etapa así supuesta no pudo perpetuarse. La inflación ya ha cobrado tanto dinamismo que Cristina tendrá que elegir entre instrumentar un ajuste feroz, lo que tendría un impacto social y, en consecuencia, político muy fuerte, o correr el riesgo de verse formalmente a cargo de un país en que la economía gire fuera de control. Parecería que la presidenta se ha dignado tomar en serio el peligro que enfrenta y quisiera que sus colaboradores le entregaran un plan coherente, pero puede que ya sea demasiado tarde. Las medidas que se han ensayado a partir del triunfo electoral de octubre del 2011, como el cepo cambiario, el bloqueo importador y, últimamente, el congelamiento de los precios en los supermercados, son parches que a lo sumo sólo servirán para demorar el desenlace del proceso inflacionario que está en marcha. Se asemejan mucho a las que procuraron aplicar otros gobiernos, como el de Isabel, en los meses que precedieron a una ruptura caótica al imponer el mercado sus propias reglas despiadadas, marginando abruptamente a quienes, por terquedad o por compromiso ideológico, se habían creído facultados para violarlas con impunidad.
Todo hace pensar que, como Isabel Perón en la Argentina de hace cuarenta años, cuando el estado de la economía era tan malo que incluso el Rodrigazo le pareció mejor que la alternativa que consistía en dejar las cosas como estaban, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner finalmente ha llegado a la conclusión de que la inflación no está por batirse en retirada frente a la ofensiva productiva que le habían prometido sus asesores y que, por lo tanto, los funcionarios que la acompañan tendrán que suministrarle un plan que sea capaz de frenarla. La tarea que les ha confiado dista de ser fácil. Para resultar aceptable a la presidenta un plan contra la inflación, tendría que ser compatible con el relato del Indec y no podría suponerle al oficialismo costos políticos significantes, ya que estamos nuevamente en un año electoral. Por desgracia, a esta altura, ni siquiera un equipo económico conformado por aquellos premios Nobel que merecen la aprobación presidencial, hombres como los debidamente heterodoxos norteamericanos Joseph Stiglitz y Paul Krugman, le aseguraría lo que está reclamando a Axel Kicillof, Guillermo Moreno, Hernán Lorenzino, Mercedes Marcó del Pont y especialistas externos de ideas afines a las reivindicadas por los kirchneristas. Según todos, salvo los funcionarios militantes del Indec intervenido, en enero el costo de vida aumentó el 2,6% y, puesto que la emisión monetaria ha adquirido un ritmo enloquecido, subiendo casi el 40% anual, no sorprendería en absoluto que el 2013 terminara con un índice muy por encima del 50%. Asimismo, aun cuando el gobierno optara por prolongar el congelamiento minorista hasta las elecciones previstas para octubre, sólo lograría crear las condiciones para un estallido inflacionario tan traumático como los que tantos perjuicios causaron en las décadas finales del siglo pasado. La razón principal por la que los gobiernos de otros países, entre ellos Brasil, suelen reaccionar con vigor frente a síntomas inflacionarios que aquí pasarían desapercibidos, tiene menos que ver con su presunto apego a recetas “neoliberales” o con la influencia supuestamente perversa del FMI, que con la conciencia de que luchar contra el mal es sumamente difícil. No se ha inventado aún una cura indolora para la inflación y no existe motivo alguno para suponer que el gobierno de Cristina esté por descubrirla. Las propuestas teóricas en tal sentido, que a través de los años han fascinado a los intelectuales populistas locales, se inspiraron en nada más que la voluntad de sus autores de figurar como contestatarios audaces dispuestos a oponerse a la ortodoxia foránea. Se trata de un suplemento supuestamente “científico” al relato confeccionado por los historiadores revisionistas, no de los resultados de un esfuerzo serio por encontrar soluciones a un tiempo eficaces y políticamente ventajosas para un problema concreto. Hasta hace poco, el gobierno de Cristina actuaba como si creyera que le sería dado convivir por mucho tiempo más con una tasa de inflación que en otras latitudes sería considerada insoportable porque, al fin y al cabo, las molestias ocasionadas no parecieron incidir en la popularidad de la presidenta o en los resultados electorales, pero la etapa así supuesta no pudo perpetuarse. La inflación ya ha cobrado tanto dinamismo que Cristina tendrá que elegir entre instrumentar un ajuste feroz, lo que tendría un impacto social y, en consecuencia, político muy fuerte, o correr el riesgo de verse formalmente a cargo de un país en que la economía gire fuera de control. Parecería que la presidenta se ha dignado tomar en serio el peligro que enfrenta y quisiera que sus colaboradores le entregaran un plan coherente, pero puede que ya sea demasiado tarde. Las medidas que se han ensayado a partir del triunfo electoral de octubre del 2011, como el cepo cambiario, el bloqueo importador y, últimamente, el congelamiento de los precios en los supermercados, son parches que a lo sumo sólo servirán para demorar el desenlace del proceso inflacionario que está en marcha. Se asemejan mucho a las que procuraron aplicar otros gobiernos, como el de Isabel, en los meses que precedieron a una ruptura caótica al imponer el mercado sus propias reglas despiadadas, marginando abruptamente a quienes, por terquedad o por compromiso ideológico, se habían creído facultados para violarlas con impunidad.
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