Cuando manda la política
Desde el punto de vista de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de todos sus antecesores en el cargo, la principal ventaja del esquema unitario que rige en el país, según el que los gobernadores provinciales e intendentes municipales tienen que pedir a la Nación –es decir, al Poder Ejecutivo Nacional– fondos para pagar los salarios de los estatales y, si sobra algo, llevar a cabo obras públicas, es que sirve para fortalecer al jefe máximo de turno, ya que para conseguir lo que necesitan los suplicantes se saben obligados a afirmarse plenamente comprometidos con el “proyecto” que está en marcha. La principal desventaja es que, si los fondos escasean, los perjudicados se sentirán tentados a atribuir todos los problemas resultantes a la mezquindad de aquel a quien habían adulado como su benefactor, rompiendo con el Poder Ejecutivo con la esperanza de minimizar los costos políticos propios. He aquí un motivo por el que la opinión pública siempre ha sido tan volátil. Es natural que, al difundirse la impresión de que virtualmente todos los mandatarios locales apoyan al gobierno nacional, la mayoría propenda a compartir el consenso aparente así supuesto. Sin embargo, si los gobernadores e intendentes comienzan a acusar a los encargados de repartir los fondos federales de discriminarlos, el gobierno nacional no tardará en verse afectado por el cambio de clima. Todos los gobiernos nacionales han aprovechado su manejo de “la caja” para comprar la adhesión de mandatarios provinciales o intendentes y castigar a los reacios a respaldarlos con el fervor deseado, pero a partir de la restauración de la democracia en diciembre de 1983 ninguno lo ha hecho de manera tan impúdica como el kirchnerista. Aunque es imposible estimar la incidencia en el estado de ánimo de la ciudadanía de la proliferación de “radicales K” y otros conversos de origen no peronista al oficialismo reinante, no cabe duda de que ha contribuido mucho a consolidar la hegemonía política del kirchnerismo, este movimiento un tanto confuso, de origen poco promisorio, que en un lapso muy breve logró transformarse en la nueva ortodoxia nacional. Pues bien: ¿podrá conservar su ascendiente el kirchnerismo en un período signado por la escasez de recursos? Se trata de un interrogante que con toda seguridad motiva mucha preocupación entre los estrategas del gobierno de Cristina que, por cierto, no han olvidado que merced a la recesión leve del 2009 la oposición consiguió apoderarse de mucho terreno político que más tarde, al recuperarse la economía, tuvo que abandonar. En un esfuerzo por impedir que esta historia se repita, el gobierno ha optado por echar mano a más reservas del Banco Central mediante la eliminación de ciertos límites heredados de la ley de convertibilidad de los supuestamente nefastos años noventa. Según la presidenta –aún provisoria– de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, hay que hacerlo porque la alternativa sería “un ajuste brutal”. Esté en lo cierto o no, la maniobra ha provocado alarma entre quienes prevén que la inflación, que para todos salvo los técnicos del Indec intervenido ya es del 25% anual aproximadamente, no sólo quedará institucionalizada sino que también se acelerará en los próximos meses al aumentar cada vez más la emisión. A la luz de la experiencia nacional en la materia, la perspectiva así abierta es inquietante. Parecería que, una vez más, las necesidades políticas de un gobierno son tan grandes que está dispuesto a correr riesgos que en otras circunstancias serían considerados inaceptables, apostando a que la economía resulte ser lo suficientemente dinámica como para permitirle salir airoso. En el pasado, todos los ensayos de esta clase han terminado mal al rebelarse la realidad económica contra los decididos a subordinarla a su propia voluntad y no existen demasiados motivos para suponer que en esta ocasión el desenlace sea diferente. Es por lo tanto comprensible que, según las encuestas, el optimismo que tantos sentían luego del triunfo electoral de la presidenta Cristina se haya visto remplazado por la sensación de que el país está por ingresar en una etapa nueva que será muy difícil, aunque la mayoría sigue convencida de que a pesar de todo es poco probable que se produzca un estallido inflacionario equiparable con aquellos de tiempos que, es de esperar, se han ido para siempre.
