Cuentas pendientes

El ex militar Ricardo Miguel Cavallo que aguarda ser trasladado desde México a una cárcel española no es el único que tiene motivos para lamentar lo que hizo en tiempos caracterizados por la violencia política. También está preocupado un personaje mucho más eminente: el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joschka Fischer. Mientras que Cavallo será juzgado por crímenes contra la humanidad, Fischer, el político más popular del país más poderoso de la Unión Europea, se ha visto convertido en epicentro de un debate acalorado sobre su etapa como ultraizquierdista estrechamente vinculado con grupos terroristas en los años setenta. Por ahora, no ha surgido evidencia de que haya participado directamente en un atentado o asesinato, pero las fotos publicadas de sus actividades violentas han planteado preguntas en cuanto a su aptitud para cumplir sus funciones actuales que los demócratas cristianos no han vacilado en aprovechar.

Si bien los dos casos son distintos – Cavallo era uno de los muchos torturadores de la ESMA y por lo tanto ha sido denunciado por haber participado en lo que el juez Baltasar Garzón, con cierta flexibilidad léxica, insiste fue una campaña de “genocidio” y Fischer militaba en organizaciones que en su propio país nunca tuvieron oportunidades para ir a tal extremo -, tienen en común el hecho de que ambos sean consecuencia de la voluntad de juzgar el pasado reciente según las pautas actuales. Hasta hace muy poco, virtualmente todos daban por descontado que por razones políticas no convendría intentar revisar con demasiado celo lo que había sucedido en épocas anteriores, de ahí las leyes especiales, amnistías, indultos, tanto los explícitos como los tácitos, que regían en los países que acababan de salir de un período dictatorial o conflictivo. Ultimamente, la actitud así supuesta ha cambiado. Ya no son solamente los ex criminales nazis los que pueden ser detenidos después de haber vivido tranquilamente durante décadas. También corren el riesgo de compartir tal destino sus equivalentes de las dictaduras militares sudamericanas y, en Alemania por lo menos, integrantes de las bandas terroristas que tantas atrocidades perpetraron treinta años atrás: los problemas de Fischer se deben en parte a sus vínculos con un sujeto acusado de haber cometido un asesinato en 1975.

La reacción de la derecha y de la izquierda frente a esta variante de neorrevisionismo, por llamarlo así, ha sido previsible: los simpatizantes de los regímenes castrenses han manifestado su indignación por las “campañas” en contra de Augusto Pinochet u otros represores y, en Europa por lo menos, sus adversarios de la izquierda han estado protestando vigorosamente por los “ataques” contra Fischer. Asimismo, si algunas víctimas europeas del terrorismo “revolucionario” argentino se las arreglaran para que los gobiernos de sus respectivos países reclamaran la extradición de ex erpianos o montoneros – al fin y al cabo, sus crímenes, lo mismo que los cometidos por los militares e integrantes de bandas como la Triple-A, no fueron obra de entidades impersonales sino de individuos con nombre y apellido -, serían muchos los que cambiarían de opinión en cuanto a los méritos del “principio de la territorialidad”.

Para la mayoría, las implicaciones políticas de estos casos son lo de menos. Una secuela muy positiva de la devaluación de tantas ideologías consiste en que a esta altura pocos creen que la adhesión a una línea política particular conlleve el derecho a secuestrar, torturar o asesinar. Hace una generación, esta convicción maligna estaba ampliamente difundida en varios países occidentales y muchos fueron sacrificados en su nombre. Si bien pocos de aquellos que delinquieron en aquel entonces reincidirían, aunque sólo fuera porque han cambiado los valores predominantes, es bueno que distintas sociedades esté procurando aplicar retroactivamente la ley. Sería aún mejor que todas lo hicieran sin que incidieran viejas lealtades políticas o ideológicas, pero es de suponer que “la derecha”, al entender que no le será dado frenar la globalización de la Justicia, opte por impedir que el neorrevisionismo sea monopolio de “la izquierda” asegurando que otros delincuentes reciclados en personas presuntamente respetables también se vean constreñidos a rendir cuentas ante un tribunal.