De estrategias y planes

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VÍCTOR DAMIÁN MEDINA (*)

En el 2009 se aprobó la ordenanza que dio origen al Plan Estratégico de Bariloche. Lo definía como un proyecto local y regional cuyo fin propuesto era alcanzar el desarrollo sustentable considerando distintos aspectos, no sólo el económico sino también el ambiental, el urbanístico y el social (ordenanza 1994-CM-09). El plan contemplaba una sucesión de instancias relacionadas al diagnóstico, elaboración, implementación y seguimiento llevadas a cabo por dos organismos: la Unidad de Planeamiento Estratégico (UPE) y el Consejo de Planeamiento Estratégico (CPE). El CPE es el dispositivo de participación ideado para legitimar y dar respaldo cívico al diseño y ejecución del Plan Estratégico. En él deben confluir representantes de instituciones, ONG, empresas y delegaciones municipales de Bariloche que evalúan la elaboración de diversos proyectos destinados a conformar el plan, señalando su pertinencia y propiciando, según el caso, instancias de participación en las que intervenga el resto de la población. En tanto, la UPE constituye el sostén técnico, dependiente del Ejecutivo, que debe estar formado por profesionales de distintas disciplinas y revisar desde sus diferentes abordajes las cuestiones urbanísticas, económicas y ambientales que deben formar parte del Plan Estratégico. La confluencia de estos dos organismos tiene el propósito de trascender las visiones de corto plazo y encontrar puntos de apoyo que puedan zanjar las discusiones entre las urgencias cotidianas y los problemas estructurales de la sociedad barilochense, integrando, por un lado, los aportes técnicos-científicos y, por otro, la participación de los ciudadanos. El CPE fue creado hace más de tres años, mientras que la convocatoria a la conformación de la UPE se efectivizó hace unos días. Si bien la idea de Plan Estratégico apunta a ofrecer una alternativa integral para abordar distintos aspectos problemáticos de Bariloche, el núcleo central de muchas de sus emergencias debe referirse a la típica y singular trama urbana de la ciudad que expresa buena parte de las desigualdades sociales locales. Por esta razón, al abordar la cuestión del desarrollo local, no sólo se deben atender la inversión en obra pública y el acondicionamiento espacial de la ciudad para las actividades económicas que se propongan, recordando que aún conviven confusamente el Código de Planeamiento y de Edificación de 1980 y el Código Urbano de 1995 (además de un conjunto de ordenanzas que los modifican parcialmente), sino también las “cuestiones sociales” que aún deben resolverse. La compleja trama normativa contribuye a la opacidad de las reglas de juego y al afianzamiento de intereses inmobiliarios que sacan partido de ella para adecuarse a uno u otro código según la conveniencia del momento. Paralelamente, en el polo opuesto, muchos otros terminan pagando un precio muy alto por hacerse de un terreno y construir sus viviendas, incluyendo a los que acceden de manera informal o construyen sobre lotes que todavía no cuentan con la infraestructura y los servicios básicos necesarios. Se agrega, además, una serie de carencias vinculadas al acondicionamiento urbano en buena parte de su ejido: a la gran cantidad de calles sin asfaltar se suma la ausencia estructural de veredas, y la presencia prominente de baches en las que ya lo están; por otra parte, tampoco son demasiados los barrios que cuentan con cloacas y servicios vitales como el gas. Teniendo en cuenta las dificultades de acceder al suelo urbano servido, debe entonces subrayarse el rol que debe cumplir el Estado local, y el urbanismo como política pública, en la planificación del territorio. Con sus decisiones dispone qué se puede urbanizar y en qué condiciones y decidir, sobre todo, si debe pagar toda la sociedad los costos de las acciones públicas para que se beneficien económicamente unos pocos, o si debe conducirse en función de distribuir equitativamente las cargas y los beneficios que la urbanización genera. Por ello mismo, las políticas de desarrollo de Bariloche deben pensarse no sólo desde la planificación y ordenamiento territorial, que en no pocas ocasiones van a contramano de la localización espacial del rédito económico inmediato, sino de la inclusión de los beneficios de un orden urbano que considere el hábitat de la gran mayoría de la población y no del micro espacio del casco urbano como epicentro de los bienes y servicios ideados para la buena consideración del “visitante”. También caben unas palabras para el CPE, el órgano facultado para nuclear la participación social. El CPE de Bariloche no concentra la representación de la sociedad barilochense toda; no ha logrado que participen y se integren otros sectores que también componen esa totalidad (que podría facilitarse mediante el aumento de representantes por delegación, así como el fortalecimiento participativo de las juntas vecinales que las integran, tratando de acoplar sus problemas más inmediatos y cotidianos). Mayormente lo conforman algunos profesionales, notables locales, representantes de cámaras empresariales y alguna que otra ONG sin fines de lucro, es decir la pequeña burguesía barilochense. Las dos caras de la ciudad reproducidas en el imaginario colectivo (la visible, la correspondiente al centro turístico, y la invisible, correspondiente a los barrios más carenciados del Alto) parecieran perpetrarse también en la asamblea del CPE, donde habitualmente asisten los habitantes que responden a ciertas credenciales económicas y culturales. Visiblemente los ciudadanos que no cuentan con credenciales para mostrar o recursos para aportar quedan al margen del CPE, y junto a ellos sus reivindicaciones, poco estimadas y destinadas a nacer y morir en el ámbito preciso y limitado de cada barrio. Esto se vincula a la reserva de capitales económicos y culturales como pilares de la red de contactos y factores incidentes en el enhebrado de las relaciones sociales. En este orden, la mayor o menor acumulación de ellos concurre no sólo en la manera de ser, ver y practicar un mundo cuyo sentido requiere que sea más o menos compartido para ramificar el tejido de vínculos sociales, sino también para que la propia integración de la sociedad sea posible y las representaciones acerca de la realidad permitan instancias plausibles de diálogo. La acumulación diferencial de estos capitales no sólo evidencia las desigualdades profundas arraigadas en una sociedad, también atenta contra cualquier ideal democratizador de participación social integrada. (*) Licenciado en Sociología. Becario Conicet. Fundación Bariloche